CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, aprobado por la Cámara de Diputados en diciembre pasado. El INE consideró que la reducción de 950 millones de pesos, efectuada al presupuesto originalmente planteado, representa una clara vulneración a la autonomía e independencia del Instituto, según informó en un comunicado. https://twitter.com/INEMexico/status/1088123124967567360 El organismo argumentó que “la drástica reducción presupuestal” determinada por el Legislativo le impide participar, de forma independiente y autónoma, en la organización de los procesos electorales que se realizarán este año en Baja California, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas. También le impide expedir millones de credenciales para votar gratuitamente; fiscalizar los recursos de los partidos políticos y las candidaturas; monitorear las transmisiones de radio y televisión, o bien cumplir con otras obligaciones constitucionales y legales. https://twitter.com/CiroMurayamaINE/status/1088114357546901504 Recordó que en noviembre pasado, el Consejo General del INE aprobó el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2019 más bajo de su historia, “manteniendo así su política de austeridad y sensibilidad social, pero cuidando que los recursos solicitados fueran los necesarios y suficientes para el cabal cumplimiento de todas sus atribuciones, a fin de lograr la función esencial que la Constitución le confiere”. Destacó que en ese anteproyecto se previeron reducciones a las remuneraciones reales netas de los consejeros electorales, así como de funcionarios de mando de primer nivel. “No obstante, desconociendo dicho ejercicio, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, en el que contempló una reducción de 950 millones de pesos con respecto a lo solicitado”, aseguró. En el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, subrayó, no hay una sola explicación ni fundamentación al recorte impuesto al INE, “sino que el monto se remite a un anexo”. Asimismo hizo notar que la disminución adicional de recursos al INE ocurre en un contexto de aumento del gasto público: en términos nominales el Presupuesto de Egresos aumentó en 2019 en 10.6% respecto a 2018, y en términos reales, descontando la inflación, el incremento fue de 5.6 por ciento. “El INE considera que la Cámara de Diputados no puede válidamente realizar una reducción presupuestaria que, sin justificación, motivación ni fundamentación alguna, sin un análisis de las consecuencias e implicaciones que supone y sin estar en un contexto de reducción del presupuesto público general, impida al INE el ejercicio de sus funciones, pues ello claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica, sometiéndolo a la necesidad de dejar de cumplir con sus obligaciones, o bien, gestionar ampliaciones presupuestales con el gobierno federal”, aseveró en su comunicado. “De igual forma, en la controversia constitucional se plantea la invasión a la esfera competencial del INE por parte de la Cámara de Diputados, al establecer aspectos inherentes a las condiciones de trabajo de las y los servidores públicos, las cuales se rigen por lo que establece la ley electoral y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa”, detalló. Expuso que, al modificar en el PEF 2019 los tabuladores que el Instituto había aprobado en ejercicio de su autonomía y con pleno respeto al artículo 127 constitucional, así como a las demás normas que rigen sus remuneraciones, se obligaba al INE a vulnerar derechos humanos de sus trabajadores y trabajadoras. La decisión del INE busca que la SCJN establezca y delimite el ámbito de aplicación de las normas y actos mencionados, en relación con la autonomía que la propia norma suprema reconoce y confiere, de manera expresa, al Instituto Nacional Electoral, concluyó.