CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de aprobada la Guardia Nacional y a días de que se discuta la presencia permanente de militares en tarea de seguridad, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, la calificó de “una apuesta riesgosa”. Al rendir su informe de labores 2018 ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el defensor de los derechos humanos alertó sobre la Guardia Nacional y sostuvo que aún con mando civil “sigue siendo una respuesta parcial, incompleta y sesgada”. Dijo que “por graves y apremiantes” que sean las condiciones de inseguridad, no se debe renunciar a la “institucionalidad civil… Expandir la esfera de influencia de las Fuerzas Armadas a la seguridad pública y concederles potestad, como se ha llegado a anunciar para que asuman tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública, adquirir bienes y contratar servicios, …es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil”. González Pérez advirtió: “Si se les concede poder económico, se afianza su poder político”. Y más grave aún, alertó que si a las Fuerzas Armadas “se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza, existe el riesgo de que, en la práctica, dejen de existir incentivos reales para que una vez superados los estados de emergencia, renuncien a tales potestades a favor de la autoridad civil”. Luego de presentar su numeralia de cuáles dependencias federales han recibido más quejas o de cuántos expedientes por quejas abrió durante 2018, el presidente de la CNDH se refirió a la reforma para la creación de la Guardia Nacional. México, dijo el ómbudsman ante los legisladores, necesita “mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier costo y no de cualquier tipo. Requerimos la seguridad propia de un Estado democrático de derecho…”. El pasado miércoles 16 de enero, en periodo extraordinario de la Cámara de Diputados, se aprobaron las reformas constitucionales que dan paso a la creación de la Guardia Nacional, sin embargo aún está en el aire la demanda del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que se incluya “de manera excepcional” que las Fuerzas Armadas hagan trabajo de seguridad pública. El presidente de la CNDH se refirió también a la discusión del artículo 19 constitucional y mediante el cual se pretende ampliar el catálogo de delitos que ameritan “prisión preventiva oficiosa”, es decir, que no se puede llevar el proceso en libertad. Entre ellos se incluye el robo de hidrocarburos, la corrupción y los delitos electorales. Para González Pérez dicha ampliación de delitos “no garantizaría que el ministerio público cumpla con su obligación de investigar cada caso de manera objetiva, integral y eficiente”. Y todavía más, dice, ello puede implicar que el problema de que los imputados, aun siendo responsables del delito, pudieran obtener su libertad al término del procedimiento penal como consecuencia de una investigación deficiente, o bien, que gente injustamente imputada permaneciera privada de su libertad indebidamente”. El artículo 19 se abordará en la sesión del periodo ordinario de sesiones del 5 de febrero. También, el presidente de la CNDH habló sobre los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde 43 jóvenes fueron desaparecidos, 42 heridos y 6 asesinadas. Consideró necesario que 41 piezas óseas encontradas en el río de Cocula se envíen a laboratorios para sus estudios de ADN, “dejemos que la ciencia hable”. Además, dijo que su último informe sobre el caso podrá servir de guía para los trabajos de la Comisión de la Verdad que se constituyó a nivel federal y que depende de la Secretaría de Gobernación. La numeralia Como parte de su informe anual, González Pérez presentó los números sobre quejas en contra de dependencias federales, y destaca, por ejemplo, que respecto al año 2017 las denuncias contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), disminuyeron, en tanto que contra la Marina (Semar), aumentaron. En 2017, la Sedena tuvo 415 denuncias, y el 2018, 382; Semar pasó de 259 a 284. Los números de González Pérez establecen que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibió 2,532 quejas; le siguió el ISSSTE con 1,215; SEP, 746; el Instituto Nacional de Migración (INM), 587; Sedena, 382; la Procuraduría General de la República, 375; la Policía Federal, 356; la Sedesol, 311; Semar, 284, y el Infonavit, 212 casos. De acuerdo a las cifras ofrecidas por González Pérez, el sector salud es el que recibió más quejas, con 4,043; le siguió el de seguridad, con 1,734; el educativo, con 892, y el social, con 328 denuncias.