CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Las once mujeres de Atenco exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que cumpla a cabalidad con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que condenó al Estado mexicano por la tortura sexual de la que fueron víctimas en mayo de 2006 y ordenó que se realice una investigación exhaustiva que permita sancionar a los autores materiales e intelectuales. Reunidas en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), las activistas celebraron que, tras la sentencia dada a conocer el pasado 21 de diciembre, dieron un “pasito más” en su búsqueda de justicia, y advirtieron que lo mínimo que esperan del cumplimento de la sentencia es el castigo a responsables no sólo materiales, sino a quienes planearon los actos represivos que dejaron un saldo de más de 200 personas detenidas, 47 de ellas mujeres. Italia Méndez, una de las once mujeres, resaltó que hasta ahora “no hay un acercamiento” formal del gobierno de López Obrador con las víctimas. Dijo esperar que sea cabal el cumplimiento, pero de manera ordenada, que se vean los cronogramas siempre de la mano de las sobrevivientes. La sentencia fue el resultado de una lucha de casi 13 años, 11 de ellos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, de acuerdo a las abogadas Stephanie Brewer y Araceli Olivos, de acatarse los lineamientos marcados por el tribunal regional, se podría llevar a juicio al exgobernador del Estado de México y expresidente, Enrique Peña Nieto. Tras señalar que después de conocida la sentencia se tuvo un breve acercamiento con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Brewer agregó que la CoIDH reflexionó en que, a nivel interno, hubo “acciones limitadas” que no abordaron las investigaciones de la cadena de mando, “incluyendo a las autoridades más altas, a las que ordenaron, que planearon y que supervisaban, que sabían e iban viendo en tiempo real el tamaño de los abusos, de las detenciones, de la tortura y no intervinieron para frenar esos abusos”. A ello se suma la responsabilidad de altas autoridades, sobre todo del Estado de México, que debieron ser investigadas “por sus declaraciones (…) que también implicaron un presunto delito, porque pueden conducir al encubrimiento y al entorpecimiento para esclarecer, investigar y sancionar esos hechos”. La abogada resaltó que la CoIDH llama a investigar a personajes como Peña Nieto, al entonces secretario de Gobierno del Estado de México, Humberto Benítez Treviño; a quien estaba a cargo de la seguridad estatal, Wilfrido Robledo; a nivel federal, quien estaba al frente de la Policía Federal Preventiva, Eduardo Medina Mora, y al operador Ardelio Vargas, entre otros. Araceli Olivos Portugal explicó que desde 2006 existe una averiguación previa abierta en el Estado de México, por la que se consignaron a 21 policías estatales, 21 médicos y un agente del Ministerio Público, de los cuales hasta ahora “no hay una sentencia condenatoria”. La abogada destacó que, en cumplimiento de la sentencia de la CoIDH, lo que se esperaría es que la Fiscalía General de la República (PGR) atrajera el caso para esclarecer la cadena de mando, o bien, que la misma Fiscalía del Estado de México declinara su competencia.

“Vamos a esperar a que se de el primer acercamiento con las autoridades federales y que nos muestren su propuesta para alcanzar verdad y justicia, y a partir de ello determinar si iniciamos un proceso judicial para que el caso sea llevado a nivel federal para garantizar una efectiva acción de la justicia”, apuntó la abogada del Prodh.

Perla Limón, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que también acompañó el proceso, resaltó que el caso suma a otra sentencias contra México dictadas por la CoIDH, que ponen a debate “el modelo de seguridad pública como un problema estructural” de México, que pretende ser militarizado. Acompañadas por integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Italia Méndez puntualizó que, para las once mujeres, “lo más relevante es iniciar las investigaciones amplias y minuciosas para juzgar y sancionar a los responsables y sus superiores por tortura, tortura sexual y violación. No nos conformaremos con menos que esto”. Al señalar que la sentencia de la CoIDH es “un pasito” para alcanzar la justicia, agregó es indispensable que “se investigue la cadena de mando” para sentar un precedente y que la sentencia “no quede en el papel, sino que haya medidas efectivas de no repetición, porque no somos sólo Atenco”. Norma Jiménez destacó el orgullo de las once mujeres, porque ante aquellos que “diseñaron el operativo, esos que dieron la orden y siguieron el operativo en tiempo real, los que dirigieron a la Policía Federal Preventiva, los perpetradores materiales y todos los que guardaron silencio cómplice y los que aplaudieron la mano dura del gobernador”, las mujeres de Atenco reaccionaron de forma digna.

“Nunca nos vencieron, ni con la violencia de la represión y tampoco con sus propuestas de solución, no nos vencieron porque nuestra fuerza radica en la solidaridad y en el apoyo mutuo, porque nuestro motor es la dignidad y la lucha por la vida”, resaltó.

Por su parte, Suhelen Cuevas consideró que la importancia de la sentencia radica también en que “crea las condiciones de no repetición y que disminuyan las posibilidades de que alguien más pase por lo que sufrimos, da fuerza a otras mujeres para continuar en el camino de las luchas por su territorio”. Patricia Romero agregó que, al obligar al Estado mexicano a respetar el derecho humano a la libre manifestación, con la sentencia del tribunal regional “las mujeres ya no seremos botín de guerra, porque Atenco fue un ensayo de las represiones a las movilizaciones sociales que vendrían después”. Claudia Hernández celebró que después de casi 13 años de lucha, la CoIDH reconociera que las mujeres de Atenco que denunciaron los abusos “no éramos delincuentes y que nuestro caso es un ejemplo de la represión y de tortura sexual”. Santiago Aguirre Espinoza, subdirector del Centro Prodh resaltó que, leídas en conjunto, la sentencia Atenco y la sentencia por la desaparición de los primos Nitza Paola, Rocío Irene y Ángel Alvarado, que se dio a conocer en el mismo mes de diciembre pasado, en el fondo lo que cuestionan “es el modelo de seguridad mexicano, y la Corte establece límites a la militarización de la seguridad pública que pretende aplicarse a partir de la creación de la Guardia Nacional.