Sheinbaum enfrenta primer revés judicial, herencia de Mancera: La "inconstitucional" Línea 7 del Metrobús
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta el primer revés judicial derivado de obras que la gestión de su antecesor, Miguel Ángel Mancera, realizó de manera irregular. Y es que, un juez federal declaró “inconstitucional” la construcción de la Línea 7 del Metrobús y ordenó cumplir con ciertas normas de publicidad para poder continuar con su operación.
Ante ello, la mandataria local de inmediato ordenó a la Consejería Jurídica, la Secretaría de Movilidad (Semovi) y el Metrobús revisar la sentencia para cumplir con su ordenamiento “en los próximos días”, pero aclaró que “no se pone en riesgo la operación de la Línea 7”.
En su edición 2120, del 17 de junio de 2017, Proceso publicó que detrás de la construcción de la Línea 7 se ocultaba “toda una red de intereses económicos” sostenidos en contratos de publicidad que Mancera pretendía “opacar con argumentos ambientalistas y de movilidad”.
Apenas el pasado 15 de enero, Fernando Silva García, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito en la Ciudad de México, falló en favor del juicio de amparo 841/2017 interpuesto por la Academia Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA) el 18 de mayo de 2017 contra la construcción de la línea que recorre las citadas vialidades.
Esta mañana, Ramón Ojeda, fundador de la AMDA y promotor del amparo, explicó en conferencia que, tras casi dos años de proceso, la sentencia indica que la obra se realizó “de manera irregular y fuera de los parámetros constitucionales y legales”.
También confirmó que la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) -entonces a cargo de Edgar Tungüí-, inició la construcción sin contar con todos los permisos y autorizaciones necesarios para salvaguardar y garantizar la protección de las zonas por donde fue trazada la línea, aun cuando son de dominio público federal con base en la Ley General de Bienes Nacionales.
El resolutivo señaló además como autoridades responsables a la Dirección General del Metrobús -entonces a cargo de Guillermo Calderón, actual director de Transportes Eléctricos- y a la Secretaría de Movilidad, dirigida por Héctor Serrano, actual diputado federal.
“La Línea 7 del Metrobús fue un proyecto a modo en donde la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) actuó negligentemente en la evaluación de impacto ambiental, autorizando sin los estudios técnicos necesarios, acciones en contra del derecho a la salud y al medio ambiente de los capitalinos con tal de aprobar dicho proyecto”, dijo Ojeda Mestre.
El activista ambiental añadió que el Metrobús Reforma impactó negativamente a más de 100 monumentos históricos y artísticos ubicados sobre el Paseo de la Reforma y la Calzada de los Misterios, ambos considerados espacios abiertos monumentales, además del impacto ambiental por las emisiones contaminantes de los autobuses.
“La autoridad no acreditó las autorizaciones ni los dictámenes técnicos correspondientes para la aprobación de obras por parte del INAH, del INBA, y la Secretaría de Cultura de la CDMX”, dijo.
Cabe recordar que, el 15 de junio de 2017, en medio del litigio, Mancera Espinosa declaró: “Soy respetuoso de las instituciones, pero todo tiene un límite. Vamos a ir de la mano a este litigio, pero si tengo que mover algo, si tengo que quitarlo para beneficio de la gente, no me importa que nos amenacen con que nos van a denunciar, tengo que ver por el beneficio de la gente. Además, lo voy a hacer yo, el que lo va a hacer soy yo”.
Las obras siguieron y el jefe de gobierno dio el banderazo de salida el 5 de marzo de 2018, solo 20 días antes de que abandonara la jefatura de gobierno para contender, primero por la candidatura presidencial y, al no obtener ésta, por una curul en el Senado de la República.
Actualmente, la Línea transporta alrededor de 140 mil pasajeros al día, en 90 autobuses de doble piso.
La publicidad, el negocio
De acuerdo con el reportaje “Línea 7: El Metrobús de las ambiciones”, publicado por Proceso en junio de 2017, en los contratos y permisos asignados al proyecto de la Línea 7 del Metrobús –copias de los cuales tiene este semanario– la idea del gobierno de Mancera era explotar comercialmente el Paseo de la Reforma y las calzadas Misterios y de Guadalupe.
En abril de 2017 la empresa Medios de Publicidad, S.A. de C.V., cuyos representantes legales son Pedro Corrales González y Olivier François Ranty, formalizó con el director del Metrobús el “permiso administrativo temporal revocable” (PATR) para la comercialización, instalación y exhibición de 898 espacios de publicidad a lo largo de todo el corredor.
En los términos del acuerdo se estableció que dicha actividad dejaría a la empresa ganancias por 11 millones 570 mil pesos anuales durante 10 años. A cambio, la empresa pagaría en especie y cedería al gobierno capitalino 10% de los espacios digitales para la difusión de mensajes de información cívica y cultural, según lo dispusiera la Dirección General de Comunicación Social de la urbe.
El permiso MB/PATR/01/2017 ya preveía incluso los espacios públicos más rentables. Uno de ellos era el tramo comprendido entre la estación del metro Hidalgo y la Fuente de Petróleos, en particular, las dos estaciones que se habilitarán frente al Auditorio Nacional. Una tendrá 20 espacios (12 rotativos, cuatro fijos y cuatro más digitales) y, la otra, 17 (ocho rotativos, cinco fijos y cuatro digitales).
Este jueves, Ramón Ojeda explicó que, según la decisión del juez, la línea 7 provoca una afectación visual en el patrimonio cultural de la nación que se encuentra en las zonas por donde ahora recorren los autobuses de doble piso.
Por ello, ordenó al gobierno capitalino “demostrar que retiraron en forma permanente no sólo la publicidad, sino también las vitrinas publicitarias denominadas “mupis”, atendiendo a lo que determine el INAH para dicho efecto. La orden también abarca a la que fue colocada con motivo del PART “a título oneroso que el Metrobús otorgó a favor de la parte tercero interesada”, dijo Ojeda Mestre.
Además, el gobierno capitalino debe demostrar que “llevaron a cabo el retiro de mobiliario urbano irregular: antiguos parabuses, quioscos de periódicos, venta de flores y papeleras”; así como la
elaboración de proyectos de intervención en los conjuntos escultóricos para su protección.
“Operación no está en riesgo”: Sheinbaum
En la conferencia, Ramón Ojeda solicitó a Claudia Sheinbaum acatar la sentencia y suspender el servicio de la Línea 7 de manera inmediata, pues existe "un daño cultural, ecológico y de movilidad al corredor de Paseo de la Reforma".
No obstante, desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la morenista aseguró que la operación de la Línea 7 del Metrobús no está en riesgo. Agregó que la Consejería Jurídica ya analiza la resolución, sobre todo, en el retiro de publicidad, para lo que trabajará con el INAH.
“El tema del juicio y la resolución del juez tiene que ver con la publicidad, no directamente con la operación de la línea 7. Ahí hay un tema porque mucho de la línea 7 se pagó con publicidad. Entonces, en todo caso pues está ahí combinada esa parte, pero no se pone en riesgo la operación de la línea 7”, afirmó.
Incluso, en su conferencia matutina adelantó que ya analizan con el INAH y las distintas instancias de gobierno el retiro de la publicidad. “Se está revisando muy claramente cuál es la sentencia para ver si es toda la publicidad o si es en una parte, y la revisión con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de tal manera que se pueda cumplir la sentencia en los próximos días”, dijo.
Por su parte, el Metrobús aseguró que la sentencia de amparo del juicio 841/2017 emitida por el Octavo Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México “de ninguna manera ordena a las autoridades del gobierno de Ciudad de México suspender el servicio de Línea 7 de Metrobús”.
Por el contrario, dijo que “se aprecia en toda la sentencia que el tribunal ha ratificado la obra correspondiente validándola aún en el aspecto ambiental”.
Según el Metrobús, la sentencia es contradictoria “en sí misma y por lo tanto no da certeza ni seguridad jurídica a las partes además de que no es exhaustiva como debe ser el actuar de estos tribunales”. En consecuencia, dijo que la sentencia será combatida en la etapa procesal que continúa, por lo cual no se puede considerar una resolución definitiva.