Sin rendir cuentas a nadie, durante el sexenio peñanietista el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) financió oscuros fondos de inversión privados, pagó sobrecostos de obras manchadas por la corrupción (como el Paso Exprés de Cuernavaca), fondeó operaciones fraudulentas de Caminos y Puentes Federales y otorgó créditos a empresarios consentidos con obra pública desde que Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El gobierno de Enrique Peña Nieto utilizó como bolsa “paralela” los recursos multimillonarios del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) obtenidos de los cobros de peaje en los 45 tramos carreteros y tres puentes integrados a ese fideicomiso. Entre otras anomalías, el fideicomiso también aprobó entre 2013 y 2018 la aportación de más de 150 millones de dólares a los fondos de inversión Balam Fund I y Activos Turísticos de México (Actur) de la firma BK Partners, encabezada por el multimillonario mexicano Allen Sanginés-Krause, amigo del rey Juan Carlos de España (Proceso 2179). Balam Fund I lanzó controvertidos proyectos de generación de energía –como Eólica del Sur, en Oaxaca–, mientras Actur se incorporó para apoyar los megaproyectos turísticos de BK Partners en México, entre ellos el desarrollo de hoteles de lujo en Jalisco y Nayarit, así como la adquisición del complejo Mayakobá, en la Rivera Maya, a la empresa española OHL en enero de 2018. Directivos de OHL solían invitar a funcionarios cercanos a Peña Nieto al complejo de Mayakobá, entre ellos a Gerardo Ruiz Esparza, el extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), quien posteriormente dijo al respecto que rechazó “personalmente” la oferta de la empresa de cubrir sus gastos de vacaciones, así como Luis Enrique Miranda Nava, hoy extitular de Sedesol, y Apolinar Mena, exsecretario de Comunicaciones del Estado de México. Los directivos de BK Partners manejaron sus operaciones de inversión en Actur a través de la empresa Rasa Land Investors Plc, una empresa de papel incorporada en el paraíso fiscal de Malta, como reveló Proceso en noviembre de 2017, en el marco de la investigación global Paradise Papers. El Fonadin no fue el único ente ­público en otorgar recursos del erario a Actur: ­también lo hizo el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), que invirtió 89 millones de dólares de los ahorros de los burócratas jaliscienses para financiar los proyectos turísticos de Chalacatepec, en su estado, y La Mandarina, en Nayarit. Como fideicomiso público no paraestatal, del que Banobras es fiduciario, el Fonadin no tiene estructura orgánica ni es considerado paraestatal, por lo cual no está sujeto a auditorías o revisiones externas: en 2017, cuando trató de investigar acerca de las gestiones internas del Fonadin, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se enfrentó con dicha opacidad y arbitrariedad. “Las decisiones del ejercicio de los recursos del Fonadin corresponden a los integrantes de su comité técnico, las cuales no están reguladas en alguna normativa gubernamental, debido a que sus atribuciones sólo se encuentran referidas en el contrato del fideicomiso y sus reglas de operación”, se quejó la ASF en su informe 92-GB. El ente fiscalizador observó que los propios integrantes del comité modificaron el contrato del Fonadin y elaboraron reglas de operación para otorgar recursos que “ellos mismos aprobaron”. Añadió que, mediante la aprobación de apoyos, los integrantes del comité técnico “estarían ejerciendo recursos de forma paralela al presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados, situación que denota privación de la transparencia y rendición de cuentas”. Los auditores preguntaron a Banobras si las empresas a las que apoyó mediante el Fonadin fueron señaladas por actos indebidos y la dependencia contestó que “en caso de que la empresa hubiera sido inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública, ésta no es una limitante para otorgarle el apoyo financiero, toda vez que la autorización de los apoyos no se rige bajo la Ley de Obra Pública o la Ley de Adquisiciones”. Además, en noviembre pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que el fideicomiso arrastra pasivos por 251 mil 961 millones de pesos que no se reconocen como deuda pública a pesar de ser respaldados por el gobierno federal. Esto, denunció la ASF, “ha provocado opacidad en la administración de los recursos del fideicomiso en términos de aprobación del gasto, transparencia y rendición de cuentas”. Oscuros fondos A través del sistema de transparencia, Proceso obtuvo las minutas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del comité técnico del Fonadin durante la administración de Peña Nieto, cuyo operador principal fue Francisco Antonio González Ortiz Mena, director general adjunto de Banca de Inversión en Banobras. Esos documentos muestran que en esas reuniones, pocas de las cuales se extendieron más de dos horas, el comité técnico del fideicomiso despachó cantidades multimillonarias de manera discrecional. Aparte de aportar recursos multimillonarios a los fondos operados por BK Partners, el Fonadin participó con 350 millones de pesos en el fondo Infraestructura Institucional (I2), un instrumento financiero fundado por Jerónimo Marcos Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, y adquirido por el gigante estadunidense BlackRock en octubre de 2015. Este fondo apoyó, entre otras obras, la construcción del Hospital de Zumpango y la carretera Toluca-Naucalpan, ambas adjudicadas a empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México. Hinojosa Cantú fue uno de los empresarios más beneficiados por contratos de obra pública durante las administraciones estatal y federal de Peña Nieto y estuvo en el centro del escándalo de la “Casa Blanca” del entonces mandatario en el exclusivo fraccionamiento de Las Lomas. Cabe resaltar que, para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, la empresa Constructora Teya, de Hinojosa Cantú, se benefició en febrero de 2013 de un crédito de Banobras por 2 mil 775 millones de pesos, en el que también participó el Fonadin. La obra, que debía concluirse primero en 2009 y luego a finales de 2015, sigue inconclusa y fue favorecida por el gobierno mexiquense de Alfredo del Mazo Maza –director de Banobras entre 2013 y 2015– con una extensión de la concesión hasta 2043. Durante la sesión del 22 de abril de 2016 se aprobó una petición del Grupo Financiero Interacciones, propiedad del multimillonario Carlos Hank Rhon, para participar con 500 millones de pesos en el Fondo Capital Infraestructura, el cual financió la construcción de hospitales del IMSS y proyectos carreteros. El Fonadin aportó liquidez a otros fondos: más de mil 300 millones de pesos al denominado Infrack, destinado principalmente a financiar proyectos carreteros de ICA; 400 millones de pesos al Fondo EXI, operado por Mexico Infrastructure Partners –de Mario Gabriel Budebo, exconsejero de Pemex y exsubsecretario de Hidrocarburos– y recientemente aprobó la aportación de 500 millones de pesos al fondo Aindack18, emitido por la empresa Ainda, dirigida por Óscar de Buen y el panista Fernando Gómez Mont, respectivamente exsubsecretario de Infraestructura y exsecretario de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. También otorgó 4 mil 996 millones de pesos a la Fibra-E Aeropuerto, que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) emitió para participar en la financiación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). A esta suma se deben añadir otros 4 mil 97 millones de pesos, que el comité técnico del Fonadin desbloqueó en abril de 2013, en su primera sesión durante el gobierno de Peña Nieto– para elaborar las bases de lo que se convertiría en el megaproyecto más oneroso del sexenio. Carreteras Con su creación en 2008 el Fonadin absorbió dos fideicomisos del gobierno de Ernesto Zedillo: el Fondo de Inversión en Infraestructura (Finfra), fundado en 1995, y el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), constituido el 29 de agosto de 1997 para cubrir la indemnización de 23 concesiones carreteras por un total de 57 mil 756 millones de pesos que había privatizado el anterior presidente, Carlos Salinas de Gortari. La idea consistía en reinvertir los ingresos de las carreteras concesionadas y operadas por Capufe en proyectos de infraestructura, ya sea de transporte masivo, de agua o de energía, pero también en la reorganización de la estructura carretera de la mano con grandes empresas mediante esquemas de Asociaciones Público-Privadas (APP). Pero las cantidades involucradas, sumadas a la discrecionalidad en la operación de recursos, derivaron en acciones sospechosas. En su primera sesión, el 24 de abril de 2013, el comité técnico del Fonadin ajustó un préstamo de 350 millones de pesos para la empresa Constructora Teya y aprobó a Capufe una bolsa de 3 mil 555 millones de pesos para contratar los servicios de telepeaje de la red concesionada hasta 2018. Dicha licitación desató un escándalo, pues la empresa Telepeaje Dinámico, de Roberto Alcántara Rojas –también amigo y contratista de Peña Nieto– obtuvo el contrato de 4 mil 123 millones con irregularidades de Capufe (entonces dirigido por Benito Neme Sastré, doble compadre del entonces presidente) y su sistema IAVE provocó un caos en los primeros meses de operación. Con el tiempo, el Fonadin autorizó varios incrementos al contrato: 264 millones de pesos en mayo de 2014, 153 millones medio año después, y finalmente el contrato se extendió ocho meses en julio de 2018, por adjudicación directa y con un costo adicional de 463 millones. Capufe realizó otras acciones aparentemente fraudulentas con recursos del Fonadin: el Órgano Interno de Control (OIC) descubrió, por ejemplo, que la dependencia contrató en 2016 a una firma de ­outsourcing con domicilio “fantasma” para operar y mantener la red carretera del Fonadin, por 2 mil 172 millones de pesos (Proceso 2188), mientras que la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que en 2015 Capufe omitió depositar cerca de mil millones de pesos del cobro de peajes al Fonadin y reveló cómo la dependencia a cargo de Nemé Sastre amañaba las licitaciones. Del Fonadin se liberaron miles de millones de pesos en créditos y apoyos a proyectos carreteros concesionados bajo la modalidad de APPs a algunos de los consorcios más beneficiados durante la administración de Peña Nieto: Mota-Engil, ICA, Omega, Grupo Prodi, Pinfra, Grupo Higa, Aldesa, IDEAL, Coconal y OHL. En la sesión del 5 de julio de 2013, la segunda del comité, éste aprobó un “apoyo no recuperable” de 2 mil 966 millones de pesos para “subvencionar” el acueducto Monterrey IV, que el gobierno de Nuevo León había adjudicado al Grupo Higa, de Hinojosa Cantú. Ante el escándalo de la Casa Blanca, el gobierno estatal prefirió abandonar el proyecto. Adicionalmente, varios megaproyectos carreteros apoyados por el Fonadin sufrieron retrasos y sobrecostos, como el tramo Jantetelco–El Higuerón de la Autopista del Sol, adjudicado a Pinfra y la española Aldesa por mil 900 millones de pesos en 2014, el cual todavía no se concluye. El fideicomiso también fue utilizado para otorgar multimillonarios contratos de Mantenedor Rehabilitador Operador (MRO) y de Agente Administrador Supervisor (AAS), mediante los cuales entregó a grandes grupos privados la operación y el mantenimiento de tramos carreteros anteriormente administrados por Capufe. Esta medida generó quejas del sindicato del organismo, que denunció la privatización de los servicios. Para contratar el MRO del paquete de autopistas Golfo Centro –que incluye tramos de las autopistas México-Pachuca y México-Tuxpan– hasta 2030, el Fonadin autorizó en su sesión del 7 de septiembre de 2017 un techo de 8 mil 900 millones de pesos. No obstante, en enero de 2018 Banobras otorgó el contrato a un consorcio encabezado por Omega, de Jorge Miguel Melgarejo Haddad, por 10 mil 319 millones de pesos (equivalente a 800 millones anuales) a pesar de que su propuesta técnica se elevaba a 9 mil 554 millones de pesos. El comité técnico del Fonadin también aprobó los pagos de distintos sobrecostos del Paso Exprés de Cuernavaca, una de las obras más señalada por corrupción: en julio de 2014 se desbloqueó una bolsa de mil 400 millones de pesos para construirlo; en noviembre de 2015 se autorizaron 170 millones de pesos más, un año más tarde desbloqueó 578 millones 200 mil adicionales y en febrero de 2018 se autorizaron otros 170 millones de pesos. Además, el gobierno de Peña Nieto usó el fideicomiso para erogar decenas de millones de pesos en estudios y asesorías –varios de los cuales no aparecen en el portal del fideicomiso o fueron utilizados para otros fines– y apoyó proyectos controvertidos. Entre éstos se encuentra el Museo Nacional de Energía y Tecnología (Munet), el megaproyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) diseñado por Enrique Norten que sustituirá el Museo Tecnológico (Mutec) y fue concebido para celebrar la reforma energética. En diciembre de 2015 Peña Nieto anunció que destinaría al Munet un presupuesto de 270 millones de dólares. Diversas instituciones y empresas energéticas depositarían ese monto en un fideicomiso presidido por el financiero Carlos Ruiz Sacristán, cuya empresa IEnova obtuvo contratos por 45 mil millones de pesos durante el sexenio priista. Pero las empresas abandonaron el proyecto, cuyo presupuesto se redujo en dos terceras partes, y con ello su tamaño y sus pretensiones. El Fonadin terminó asumiendo prácticamente todo el costo de la obra: el comité aprobó para ella 100 millones de dólares en agosto de 2016, y en mayo de 2017 acordó ampliar su apoyo con 651 millones de pesos, como se especifica en las minutas consultadas. Este reportaje se publicó el 20 de enero de 2019 en la edición 2203 de la revista Proceso.