Piden intervención de AMLO por presos de Tlanixco

Familiares de defensores del agua de Tlanixco marchan en 2018. Foto: Alejandro Saldívar Familiares de defensores del agua de Tlanixco marchan en 2018. Foto: Alejandro Saldívar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pobladores de San Pedro Tlanixco, en el municipio de Tenango del Valle, pidieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para “garantizar la vida y la seguridad” de los campesinos que se manifestaron en la autopista Tenango-Ixtapan de la Sal, en exigencia de la liberación de seis defensores del agua sentenciados a 50 años de prisión.

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) informó que este lunes policías antimotines amedrentaron a comuneros indígenas que se manifestaban en un paraje carretero, en momentos que demandaban al gobierno de Alfredo del Mazo y a la Fiscalía de la entidad el desistimiento de las acusaciones contra los activistas recluidos en el Penal de Santiaguito, Almoloya de Juárez, desde hace 15 años.

Se trata de los indígenas nahuas Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozabal, Marco Antonio Pérez González, Pedro Sánchez Berriozabal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles, “acusados hace 15 años injustamente de homicidio, por oponerse a la explotación del agua por parte de empresas floricultoras transnacionales”, explicó la organización no gubernamental.

A la petición de los pobladores se sumó un exhorto del Congreso del Estado de México, para que la Fiscalía de Justicia de la entidad “se desista de la acción penal en contra de los indígenas nahuas, quienes desde hace 15 años se encuentran privados de su libertad”, y que en mayo del año pasado fueron notificados de su sentencia de 50 años de prisión, dictamen que había sido emitido en noviembre de 2017.

De acuerdo con el CDHZL, en la resolución de la apelación del 17 de enero, el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal del Estado de México ordenó “reponer el procedimiento tras considerar que no va en demérito de la garantía individual consagrada a favor de los sentenciados conforme a la cual deben ser juzgados dentro del menor tiempo que sea factible”.

De igual manera, abundó, la sentencia “reitera la violación del derecho a un recurso efectivo, ya que no se ordena la libertad inmediata, sino que (los seis defensores) estarán privados de la libertad por un delito que el Estado no pudo probar en dos instancias, y en sentido contrario ha quedado más que claro que la prisión de los comuneros es consecuencia de su lucha”.

Puntualizó que los seis campesinos nahuas son presos políticos que han enfrentado “un proceso plagado de injusticias, marcado por las violaciones al debido proceso y violaciones a sus derechos indígenas”.

Más aún, la sentencia que se les impuso “es un obstáculo para defender el derecho al agua de su comunidad”, lo que contraviene recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ha documentado que “la prisión preventiva oficiosa puede ser una medida que las autoridades utilicen para anticipar la imposición de penas y emplear las herramientas de derecho penal para fines legítimos como la represión de movimientos sociales, manifestaciones públicas, ataque a activistas y personas defensoras de derechos humanos u opositores políticos”.

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