CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a la controversia constitucional del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de del Presupuesto de Egresos 2019, pero le negó la suspensión con la que el organismo electoral pretendía aumentar sueldos y recursos para su operación. El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite el juicio constitucional interpuesto por el INE la semana pasada, pero al igual que con otros organismos autónomos le negó suspender la aplicación del presupuesto aprobado por el Congreso para este año. En su acuerdo de admisión, Pérez Dayán argumentó que el presupuesto 2019 ya entró en vigor, por lo que su suspensión no tendría efectos restitutorios para el organismo electoral, al que los diputados le recortaron 950 millones de pesos. Ordenar que se le aumente el presupuesto al INE y se permita el incremento salarial de sus empleados implicaría dejar sin efecto el juicio constitucional, añadió el ministro. Pérez Dayán aplicó el mismo criterio que en las controversias promovidas por la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y del presupuesto para este año. En el caso del juicio iniciado por el Banco de México (Banxico), el ministro sí concedió la suspensión debido a que como banco central, Banxico genera sus propios ingresos y no depende del Presupuesto de Egresos de la Federación que aprueba la Cámara de Diputados. En su controversia constitucional, el INE argumentó que la reducción presupuestal le impedirá participar en la organización de los procesos electorales que tendrán lugar este año en cinco entidades: Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. La Suprema Corte deberá resolver en las próximas semanas los diferentes juicios que se han interpuesto en contra de la ley de remuneraciones, según la cual nadie debe ganar más que el presidente de la República, de acuerdo con una reforma constitucional aprobada desde el sexenio de Felipe Calderón.