Poeta exige la revisión de expedientes de 570 indígenas veracruzanos presos

XALAPA, Ver. (apro).- El poeta veracruzano Juan Hernández Ramírez exigió al gobierno estatal, al Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado una revisión exhaustiva a las carpetas de investigación de los 570 indígenas en prisión, pues muchos –dijo- “están recluidos injustamente” y la gran mayoría con posibilidad de ser liberados pues sus delitos son menores, pero no cuentan con recursos para pagar su fianza.

El ganador de la medalla Adolfo Ruiz Cortines 2018 entregada por el Congreso Local por su compromiso con las etnias de Veracruz y la preservación de las lenguas indígenas expuso que de los 570 indígenas presos distribuidos en 17 Centros de Dirección General de Prevención y Reinserción Social, la mayoría de ellos no contaron con el auxilio de un intérprete en su lengua materna, para poderse defender de su vinculación a proceso y de los delitos que fueron acusados.

En entrevista con apro, Hernández Ramírez, especialista en la conversación de lenguas indígenas y preservador de la literatura en náhuatl señaló que el 3 de diciembre pasado le propuso al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez establecer una “mesa de trabajo” con las distintas instituciones (SSP, FGE, Segob) para revisar la situación penitenciaria de los indígenas de Veracruz, apoyado por organizaciones no gubernamentales y por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

“La mayoría de los indígenas presos podrían quedar en libertad, su problema es que no tienen dinero para pagar la fianza; otros su gran traba es el lenguaje, no contaron con un traductor para apelar su condena. Le propusimos eso al gobernador, dijo que sí, no ha habido ninguna respuesta y ya pasaron dos meses”.

Juan Hernández, nacido en Colatlán, en Ixhuatlán de Madero, oriundo de la huasteca veracruzana y galardonado con el premio continental “Canto de América”, por el libro “Piedra Incendiada”, dijo que mientras hay omisión gubernamental, ha existido una “resonancia social” pues varios abogados han estado apoyando la causa de revisión de causas penales de indígenas, sin cobrar un solo peso.

“Hemos encontrado que la mayoría de los indígenas que cometen un delito, es del fuero común, delitos de los llamados menores; por eso apremiamos esa mesa de trabajo institucional de revisión de carpetas de investigación, incluso, como medalla Ruiz Cortines, puedo participar como testigo presencial, pero también las organizaciones civiles”.

En un diagnóstico que elaboró el poeta Juan Hernández con abogados y con su equipo de trabajo resalta que en el penal de Papantla –en la región del Totonacapan- se encuentra el mayor número de indígenas presos con 114 personas, seguido del de Zongolica con 71, el de Chincontepec con 54, el de Amatlan con 50. En la capital del Estado, en el Cereso de Pacho Viejo hay incluso cinco personas.

“Muchos con capacidad de estar fuera de prisión, pero sin acceso a recursos para la fianza, pues de quienes están en la cárcel, 470 se dedicaban al campo, 82 eran albañiles y en el caso de las 18 mujeres, sus actividades constan en labores del hogar”.

En dicho diagnóstico hay 63 indígenas recluidas por diversos delitos, 21 por lesiones calificadas, 112 por presuntos actos de pederastia, 134 por violación y 240 por homicidios dolosos, el poeta apela a que la dificultad del idioma entre imputado y juez ha sido una causal para diversas irregularidades en la sentencia.

“Por ejemplo hay indígenas presos por violación, en donde tanto el acusado como la presunta víctima ni siquiera están conscientes de lo que se les leyó en la averiguación previa, pudo haber sido una agresión, digna de penalizarse, pero no como violación, pero el acusado no contó con la ayuda de un intérprete… mucho menos con ayuda jurídica”.

Hernández Ramírez, apoyado en su diagnóstico señaló que de los 570 indígenas presos, 538 son “primodelincuentes”, es decir, cometedores de un delito por primera vez, y apenas 32, ya tenían antecedentes penales.

Lo lastimoso del tema –insiste el poeta- es que de los 570 indígenas que hay en prisiones veracruzanas, apenas 19 de ellos contaron con asistencia de interprete-traductor en lengua indígena.

 

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