COLIMA, Col. (apro).- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEC), Sabino Hermilo Flores Arias, hizo un llamado para que “en el nuevo esquema de combate a la inseguridad se escuche a las víctimas”, no sólo a aquellas que han sufrido algún delito, sino a quienes han padecido los abusos del poder y han visto vulnerados sus derechos humanos. El ombudsman rindió hoy su informe anual de labores correspondiente a 2018 en el Congreso del Estado, en presencia del gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, diputados locales y magistrados del Poder Judicial, ante quienes afirmó que el estado reclama funcionarios comprometidos con la defensa de los derechos fundamentales y la dignidad humana, que se traduzcan en mayores beneficios para la población colimense. La inseguridad, señaló, viola derechos humanos, al igual que la impunidad, la violencia, la corrupción y la exclusión, todos ellos factores que han incidido negativamente en la convivencia social y en la calidad de vida de las personas. De acuerdo con Flores Arias, por graves que sean las circunstancias que atraviesa la entidad, el Estado no puede renunciar al ejercicio de las funciones que le son propias, pero tampoco debe vulnerar los derechos y prerrogativas de las personas. “Los problemas de violencia e inseguridad —expuso— son realidades que transgreden el Estado de paz al que tienen derecho los colimenses, aunado a una percepción generalizada en la sociedad sobre la existencia de impunidad, corrupción, así como la falta de cumplimiento de la ley, (que) han debilitado a nuestras instituciones democráticas”. Sostuvo que el respeto a los derechos humanos es el eje que debe sustentar las políticas públicas y las acciones que se emprendan en todos los ámbitos del poder público, incluido el relativo a la seguridad. Aunque indicó que la seguridad pública es una función que corresponde constitucionalmente y debe estar a cargo de instituciones de carácter civil, acotó que “tampoco podemos desconocer que, por el momento, no es viable el retiro de nuestras fuerzas armadas de las tareas de coadyuvar con la seguridad, pero tal cuestión no puede justificar que pretenda verse en tal presencia la solución básica a la problemática que enfrentamos y menos que en razón de ello se busque perpetuarla”. En tal sentido, reiteró que las Fuerzas Armadas “deben volver, cuando las condiciones del país así lo permitan, a las funciones que le son propias, debiéndose establecer para ello una ruta gradual y verificable para el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano encargadas de las tareas de prevención e investigación del delito, y procuración de justicia, que corresponden a los tres órdenes de gobierno”. Así también, el titular de la CDHEC se pronunció por la revisión objetiva, integral y responsable de la debida formación y capacitación de policías, sus percepciones salariales y jornadas de servicios, así como su equipamiento; igual que la revisión del sistema penitenciario, la modernización de los sistemas de inteligencia, el replanteamiento de las políticas de prevención y atención de las adicciones, así como el énfasis en el carácter preventivo de las políticas públicas en la materia. Planteó también la necesidad de fortalecer la fiscalía y su autonomía, con recursos, capacidades y posibilidades de operación reales y efectivas, para lo que se requieren marcos normativos y operativos adecuados que brinden la posibilidad del abatimiento de la impunidad, que no quede delito sin investigar oportunamente y las causas judiciales se sustenten debidamente, haciendo de la procuración de justicia una meta alcanzada. En relación con la descalificación de los organismos defensores de los derechos humanos, a los que algunos sectores de la sociedad los acusan de ser defensores de delincuentes, Sabino Hermilo Flores aseveró que la intervención de estas comisiones se enmarca en cumplir y hacer cumplir la Constitución, y “no busca obstruir la acción de la justicia, sino todo lo contrario, pretendemos que el delito no quede impune, y se evite llevar a prisión a personas inocentes, acciones en las que cualquiera de nosotros o nuestras familias podemos ser víctimas del abuso de poder, de funcionarios corruptos o servidores públicos coludidos y sin escrúpulos”. En su intervención, la diputada Remedios Olivera Orozco, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante de la LIX Legislatura, dijo que para evaluar el trabajo del titular de la CDHEC, el Congreso considerará la percepción de la ciudadanía, pues no hay mejor indicador que lo que la gente siente cuando acude a cualquier institución para hacer un trámite e interpone una queja o denuncia, y la manera en que se sienta atendida. Estimó necesario acercar los servicios de la CDHEC a la población que vive fuera del municipio de Colima; “muchas veces quienes más necesitan del apoyo para la salvaguarda de sus garantías son personas vulnerables y economía precaria que les cuesta trabajo trasladarse a esta capital para interponer una queja, por lo que es necesario acercar este servicio a la población de los municipios más lejanos”. Olivera Orozco se manifestó a favor del fortalecimiento de la total autonomía de esta institución que permita garantizar a plenitud la libertad de cada uno de sus actos y resoluciones, a la vez que mencionó casos en que la ciudadanía recurre pidiendo el apoyo de legisladores para acceder a la justicia, protección de sus derechos y reparación del daño, que en el mejor de los casos, tarda años en ser obtenido. En un breve mensaje, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, reconoció que las comisiones de Derechos Humanos enfrentan la presión por legitimar su actuación frente a la sociedad, intentando generar resultados acordes con su delicada función. Reconoció que existe una nueva exigencia social por combatir al delito, recuperar la tranquilidad pública, alcanzar una mayor seguridad pública y “tal exigencia debe cumplirse sin menoscabo de lo logrado, que es cuidar sin restricción alguna los derechos humanos”.