Segob reconoce presencia de grupos paramilitares y delincuenciales en Guerrero

El senador Alejandro Encinas. Foto: Raúl Pérez Alejandro Encinas. Foto: Raúl Pérez

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, confirmó que existen “grupos paramilitares y delictivos” entre las 24 policías comunitarias y autodefensas que operan en más del 50% del territorio de la entidad, y cuestionó la inacción y omisión de las autoridades estatales y del Congreso local para atender esa problemática.

El funcionario federal anunció un plan para “desarticular” estos grupos de civiles armados que asumieron las funciones de seguridad pública en 42 de los 81 municipios del estado y controlan territorios completos al amparo de las autoridades de los tres niveles y el Ejército.

La estrategia planteada por Encinas Rodríguez consiste en “restituir la presencia del gobierno en todas las zonas del estado y asumir la responsabilidad de la seguridad para recuperar el control territorial en todo el país, restituir la autoridad y con ello el respeto a la ley en todo el territorio nacional”, indicó en una entrevista publicada en la edición de esta mañana en el periódico El Sur.

No obstante, dijo que en este plan para tratar de desarticular a los grupos de civiles armados vinculados con la delincuencia que operan en Guerrero, también “deben participar” el gobierno de Astudillo y el Congreso local.

El funcionario federal visitó ayer el municipio de Huiztuco para acompañar a los integrantes de la cuarta brigada nacional de búsqueda de personas desaparecidas y en el lugar, fue entrevistado por reporteros sobre el tema de inseguridad, violencia y la expansión y creación de grupos de autodefensa.

al respecto, Encinas dijo que entre las policías comunitarias que operan en zonas indígenas y los grupos de autodefensa que controlan zonas urbanas y rurales de población mayoritaria mestiza, “hay unos que son legítimos y otros que son grupos de paramilitares o responden a los intereses de las bandas de la delincuencia organizada”, expresó sin especificar.

En Chilapa recientemente, en referencia a la emboscada y enfrentamiento que ocurrió el domingo pasado en los pueblos del Paraíso de Tepila, Rincón de Chautla y Zacapexco en donde hubo 12 muertos.

El pasado miércoles 9, el gobernador Astudillo aseguró públicamente que en la entidad operan grupos armados que “se ostentan como policías comunitarios”, pero en realidad son “parapetos de la delincuencia organizada que deben ser enfrentados y procesados”.

Durante la primera audiencia pública realizada ayer en la Cámara de Diputados, donde gobernadores de otras entidades discutieron el proyecto de la Guardia Nacional que impulsa el gobierno federal como estrategia de seguridad para tratar de pacificar el país, Astudillo fue cuestionado sobre la situación de inseguridad que se vive en la entidad.

No obstante, durante la administración astudillista han surgido nuevos grupos de autodefensa que actualmente tienen presencia en 50 por ciento del territorio guerrerense y controlan ya 42 de los 81 municipios donde bandas delincuenciales se disputan las zonas de producción, trasiego y venta de drogas, así como franjas mineras y económica.

Incluso, el gobierno estatal ha dejado testimonio público de sus negociaciones con líderes de estos grupos armados en diversos conflictos que se han registrado en la Sierra y las regiones Centro y Costa Grande donde la violencia provocó el desplazamiento forzado de más de dos mil personas, así como una estela de asesinatos y desaparecidos desde el año pasado.
Además, a la fecha civiles armados mantienen retenes en vías federales y las principales ciudades como Acapulco y Chilpancingo, así como en la zona Norte y la región de Tierra Caliente donde turistas han sido atacados a balazos por negarse a detener la marcha de sus autos.

También, la policía estatal resguarda al líder indígena del grupo de autodefensa de la organización denominada unión de pueblos y Colonias del estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.

El mapa de autodefensas

En junio pasado, Astudillo dio a conocer públicamente un mapa geodelincuencial donde afirma que al menos 19 “grupos civiles armados” y una organización denominada “policía comunitaria” operan en el 50% del territorio guerrerense -40 de los 81 municipios- donde 18 bandas criminales controlan y mantienen una disputa por el control de las zonas de producción, trasiego y venta de droga en las siete regiones de la entidad.

El mapa del gobierno estatal indica que la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (PC-CRAC), surgida en los pueblos originarios en 1995, tiene presencia en los 15 municipios de la región Costa Chica y 19 de la Montaña guerrerense.

En esta misma franja, donde habita población indígena y afromestiza, operan bandas dedicadas al secuestro, homicidio, extorsión, así como la producción y tráfico de droga identificados como “Los Marín, Los Carrillo y Los Añorve en Cuajinicuilapa y Ometepec, y remanentes del cártel de los Beltrán Leyva” en la Costa Chica y la Montaña.
También, en Chilapa “Los Rojos y Los Ardillos”, este último grupo presuntamente liderado por la familia del candidato a diputado local por la coalición PRD, PAN y MC, Bernardo Ortega Jiménez, indica el análisis de Astudillo.

En Acapulco, lugar considerado como la joya de la corona del narco, el gobierno estatal tiene identificada una confrontación entre remanentes del cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel Independiente de Acapulco, donde también operan la PC-CRAC y el grupo de autodefensa de la UPOEG.

En la región Centro, que abarca una parte de la Sierra, existe una confrontación entre el cártel del Sur, el comando suicida; los Rojos, y los Ardillos, donde sus extensiones armadas son identificadas como la UPOEG; el Fusdeg; PC-CRAC y las guardias comunitarias de Mezcala; Tlacotepec; Chichihualco; Petaquillas; Paz y Justicia de Chilapa; el Consejo municipal de Seguridad Pública y el Consejo ciudadano de Olinalá, advierte el análisis gubernamental.

En la zona Norte operan los grupos de Los Guerreros Unidos; la Familia Michoacana; Gente Nueva, y Los Rojos, donde mantienen presencia los grupos civiles armados denominados como la policía comunitaria de Tepecoacuilco, de Mezcala y Cuetzala, así como La Tecampanera y el movimiento Apaxtlense.

En la región de Tierra Caliente, el gobierno ubica a los grupos delictivos de los Caballeros Templarios; la Familia Michoacana; Los Tequileros y el Cartel Jalisco Nueva Generación donde públicamente opera la autodefensa de San Miguel Totolapan y la Guardia Rural de Ejidos Unidos de Guerrero, principalmente en la Sierra.

Mientras que en la región de Costa Grande: el Cártel Jalisco Nueva Generación; Los Granados de Tecpan; los Caballeros Templarios; la Guardia Guerrerense de La Unión y Petatlán, y Sangre Nueva Guerrerense de Zihuatanejo, donde solo opera la autodefensa denominada Guardia Rural de Ejidos Unidos, principalmente en la parte de la Sierra que conecta con la región de Tierra Caliente.

La posición del gobierno de Guerrero

En relación a las declaraciones de Encinas Rodríguez, el gobierno que encabeza Héctor Astudillo declaró que “ha impulsado reformas constitucionales y su legislación secundaria, para regular la participación de las Policías Comunitarias y definir competencias en materia de seguridad pública e impartición de justicia, reformas que están vigentes a partir del 22 de agosto de 2018.

Y precisó: “La únicas negociaciones con estos grupos, han sido cuando bloquean carreteas federales y, en todo caso, nuestra intervención ha tenido como propósito normalizar el flujo y tránsito de personas, así como gestionar el establecimiento de filtros de seguridad con las Fuerzas Armadas.

“Los problemas suscitados por estos grupos son tratados en la Mesa de Coordinación para la Reconciliación y Construcción de la Paz (antes Grupo de Coordinación Guerrero), en la que participan: gobierno del Estado, delegado federal, Sedena, Semar, policía federal, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y el secretario técnico del gobierno federal.

“El gobierno del Estado considera necesario el plan propuesto por el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, en el cual colaborará para su ejecución, a fin de contener este tipo de delitos que violentan el orden jurídico federal”.

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