Destapan “cloaca” de corrupción en el Instituto de Seguridad Social de Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El nuevo director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), Fernando Mayans Canabal, destapó “una cloaca” de corrupción en el organismo encargado de proporcionar atención médica a empleados del gobierno estatal y de los 17 municipios de la entidad.

Mayans denunció que se vendían las pensiones para cobrar hasta casi 100 mil pesos mensuales, así como las licencias médicas, y se justificaba el robo en la compra de medicinas que no ingresaban al instituto, además de que se hacían recetas al vapor, sin revisar, entre ellas para cajas de viagra, así como medicamentos para mujeres con “cáncer de próstata” y hombres con “cáncer de ovarios”.

De acuerdo con el funcionario, el ISSET arrastra un déficit anual de más de mil 600 millones de pesos y deudas por casi 800 millones en cuotas que dependencias estatales, ayuntamientos e instituciones educativas, como el Colegio de Bachilleres de Tabasco (Cobatab), descontaban a sus trabajadores y no entregaban al Instituto.

Todo “gracias al valemadrismo de las autoridades anteriores”, desde el gobierno priista de Andrés Granier Melo (2007-2012) hasta el del perredista Arturo Núñez Jiménez (2013-2018), apuntó.

Además, “no hay un solo peso” de los 8 mil millones que al menos debería haber en cuentas del fondo de pensiones, aunque “ese fondo podría estar entre los 13 y 14 mil millones de pesos, que es dinero de los trabajadores y que desapareció”, añadió.

Según Mayans Canabal, anteriores directivos del ISSET aceptaban cartas de alcaldes, delegados, amigos y compadres, y con “el moche” valoraban y otorgaban las pensiones hasta por más de 100 mil pesos mensuales, mientras la mayoría percibe menos de 500 pesos.

En entrevista radiofónica, el exsenador del PRD detalló que las pensiones se vendían, y citó casos de personas que sólo trabajaron dos años y fueron pensionados con 25 años de antigüedad, mediante “un moche” a los directivos en turno.

“Eso es corrupción, es robo”, acusó, y sostuvo que se dio en el otorgamiento de licencias de especialidades médicas, que de acuerdo con la ley deben concederse hasta por 30 días tres veces al año, sin embargo, hay licencias de mil 800 y 367 días, y 13 a la misma persona, “porque las vendían”.

En 2012, último año del sexenio de Andrés Granier Melo, se gastaron más de 72 millones de pesos para medicinas que no llegaron al instituto y se quiso justificar “con recetas absurdas para los pacientes”, indicó.

De igual manera, mencionó que la suma del costo de las medicinas en recetas no rebasaba los 11 millones 100 mil pesos, pero supuestamente se gastaron 72 millones 327 mil pesos –porque nunca se compraron– en un presunto fraude en el que participaron 30 médicos con firmas falsas.

Detalló que a un paciente le recetaron 50 cajas de viagra, “porque era cara”, y a mujeres les recetaban por cáncer de “próstata” y a hombres por cáncer de “ovarios”.

También alertó sobre el riego que corre la guardería del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) del ISSET, ubicado a un lado de la subestación eléctrica del Instituto y de un tanque estacionario de gas.

Y de las deplorables condiciones en que se encuentran las instalaciones del ISSET, en cuya azotea se construyeron 28 consultorios que nunca se utilizaron porque se hicieron de tabla roca y techos de lámina con falso plafón, a un costo de 300 millones de pesos.

Mayans Canabal puntualizó que las más graves anomalías se detectaron en 2012, último año del gobierno priista de Andrés Granier Melo, pero también en la administración del perredista Arturo Núñez, y que incluso hubo denuncias ante la Fiscalía General del estado (FGE) y la Contraloría tabasqueña, “y nunca hicieron nada, se hicieron de la vista gorda”.

En el gobierno de Núñez, las 18 farmacias del ISSET se concesionaron a una empresa privada, a la que el Instituto pagaba más de 228 millones de pesos anuales por medicinas, pero ya fueron recuperadas.

Finalmente, el director del ISSET señaló que se realizan auditorías en todas las áreas para presentar las denuncias administrativas y penales por “la cloaca” hallada en el Instituto.

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