CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas urgió al canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, a atender la sentencia dictada por el Poder Judicial de la Federación en la que se ordena admitir la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (Comité CED), en consonancia con la apertura al escrutinio internacional expresada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La sentencia emitida por el juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Martín Adolfo Santos Pérez, ordena a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que se defina sobre la aceptación de la competencia del Comité CED para la revisión de peticiones específicas, lo que permitiría a familiares de víctimas de desaparición forzada a llevar ante el órgano internacional sus casos, en busca de verdad y justicia. Al pedir al gobierno de López Obrador “abstenerse de impugnar” la resolución judicial, el Consejo Nacional Ciudadano consideró que el reconocimiento de la facultad del Comité CED “es una oportunidad única para que el nuevo gobierno refrende su compromiso con la protección de los derechos a la verdad y la justicia de las víctimas de desaparición forzada, y con el cumplimiento del objeto y fin de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda”. Los comisionados consideraron que “sería un avance más en la etapa de colaboración con los organismos internacionales de protección de los derechos humanos de la ONU y el Sistema Interamericano anunciada a partir de la creación de la Comisión Presidencial para acceder a la verdad yd la justicia en el caso Ayotzinapa”. Los comisionados recordaron que en la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en 2008, se mantuvo una reserva para evitar que el Comité CED indagara denuncias individuales, lo que rechazan familiares de víctimas de desaparición y provocando “recomendaciones por parte de organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos”. Los consejeros agregaron que, de acuerdo al razonamiento del juez Santos Pérez, “diversas autoridades, incluida la Secretaría de Relaciones Exteriores, incurrieron en omisiones para completar el trámite de reconocimiento de la competencia del Comité CED, lo cual constituye una violación al derecho de las víctimas de acceder a la justicia ante instancias internacionales en materia de desaparición forzada, y con ello entorpecen los mecanismos de defensa contra violaciones a derechos humanos”. El Consejo Nacional Ciudadano informó que la demanda de amparo fue presentada en marzo de 2018 por María Herrera Magdaleno y Carlos Trujillo Herrera, madre y hermana de cuatro jóvenes desaparecidos durante el sexenio de Felipe Calderón: Raúl, Salvador, Luis Armando y Gustavo Trujillo Herrera.