España y López Obrador: Relanzando la relación

Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del gobierno de España y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Foto: Eduardo Miranda Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del gobierno de España y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Foto: Eduardo Miranda

MADRID, España. (apro).- Desde antes de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de España se fijó como meta conseguir que Pedro Sánchez fuese el primer mandatario extranjero en ser recibido en visita oficial por el nuevo presidente de México.

Y se concretó el 30 y 31 de enero, antes de que el nuevo gobierno cumpliera dos meses.

En la rueda de prensa posterior al encuentro oficial en Palacio Nacional, Sánchez agradeció a López Obrador, ser el primer mandatario que era recibido, lo que para el presidente español representó “toda una declaración de intención” sobre el buen tono que guardan las relaciones bilaterales.

También destacó que para su país México es un “socio estratégico”. Hasta ahora, en esa relación, México juega un papel destacado en la comunidad Iberoamericana, pero también como puente natural de España con Estados Unidos y Canadá, al amparo del Tratado de Libre Comercio. A su vez, España aboga continuamente por México en los órganos europeos.

El español destacó el potencial que representan las 6 mil 200 empresas españolas establecidas en México, que le colocan como el segundo inversor en el país detrás de Estados Unidos. Son empresas, dijo, que “vienen para quedarse”, aseguró que no vienen a “especular” sino a crear “empleos” y “prosperidad”.

En años recientes la balanza se ha empezado a equilibrar. Ahora México es el primer inversor latinoamericano en España, con 29 mil 591 millones de euros, y el quinto a nivel mundial por delante de países como Alemania o Países Bajos, según los datos más recientes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Sin embargo, el verdadero motivo de la visita era establecer lazos con el nuevo gobierno porque los empresarios españoles con intereses en México hicieron patente a La Moncloa su inquietud por el futuro de sus inversiones frente al gobierno de López Obrador, acostumbrados al trato de favor que recibieron durante los gobiernos del panista Felipe Calderón y del priista Enrique Peña Nieto.

Les preocupaba el implacable discurso de López Obrador hacia el modelo neoliberalista de los gobiernos del PRI y del PAN, plataforma en que se basó buena parte de esa inversión española.

Aún se recuerdan aquí las duras críticas que en el pasado lanzó por los beneficios que Calderón otorgó a Repsol y Peña Nieto a OHL, entre otras.

A eso se sumó la decisión de López Obrador por la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que afectó contratos de sociedades de ese país, como FCC, Acciona, Sacyr y Aldesa.

Antes de su jubilación de oro, el 31 de diciembre –con 80 millones de euros bajo el brazo—, Francisco González, presidente del BBVA, estalló contra la iniciativa de Morena para regular las comisiones bancarias.

Como efecto de esa noticia, la entidad bancaria cayó 5.86 puntos en la Bolsa de Madrid (IBEX-35) y 5.81 puntos en la Bolsa Mexicana de Valores, país en cuya filial representa el 43% de los beneficios anuales del banco.

Pese a todo, en voz baja algunas fuentes en Madrid reconocían que la Marca España sufrió un revés en su imagen por los múltiples escándalos de corrupción en que se vio envuelta la constructora hispana OHL en colusión con funcionarios de primer nivel del gobierno de Enrique Peña Nieto.

En menor medida, pero también eran una piedra en el zapato las noticias sobre las irregularidades detectadas en la construcción del Tren México-Toluca, que tiene un sobrecosto de casi 60 mil millones de pesos, 77% más del presupuesto proyectado, y también involucra a empresas como CAF, CPUM (filial de OHL), Isolux-Corsán, Azui y Grupo Sener, éste último subcontratado para el proyecto constructivo.

Desde los principales despachos de Madrid sabían que tenían que movilizarse rápido y establecer una nueva hoja de ruta para reencauzar la relación con México en todos los ámbitos, pero muy en especial en el comercial y empresarial.

Está ampliamente documentado que España da carácter de asunto de Estado a la internacionalización de sus empresas, y practica lo que se conoce como “diplomacia de negocios”. Por ello son frecuentes las “misiones” encabezadas por las autoridades con los principales empresarios, para facilitarle la entrada en licitaciones públicas en distintos países, donde México no es la excepción.

En ese marco, el rey Felipe VI, como Jefe de Estado asistió a la toma de posesión de López Obrador, acompañado por el Ministro de Exteriores, Josep Borrell, y luego fue el primer jefe de Estado en reunirse con el nuevo presidente mexicano. Hay que aclarar que primero como Príncipe de Asturias y ahora como monarca, ha sido una práctica que asista a las tomas de posesión de la mayoría de los nuevos jefes de gobierno latinoamericanos, sin embargo, en la visita del 1 de diciembre se destacó en la prensa española la importancia que España le daba a la relación con México.

El pasado 22 de enero, en la intervención que tuvo en la recepción anual al cuerpo diplomático acreditado en España, el monarca volvió a destacar la importancia que su país otorga a las Cumbres Iberoamericanas –aunque sus resultados ahora sean exiguos— y en ese contexto reiteró su voluntad de continuar estrechando lazos con México tras la elección de López Obrador como presidente.

En el viaje a México, el gobierno de Pedro Sánchez destacó las afinidades con el nuevo gobierno mexicano, como es el hecho de que ambos provengan de movimientos progresistas, como una buena base para este “relanzamiento de la relación”, como lo citó Sánchez.

No se hizo mención en el viaje, pero quedó implícita la sintonía en el combate a la corrupción por parte de los dos mandatarios. De hecho, la moción de censura que impulsó Sánchez contra el presidente Mariano Rajoy, fue precisamente porque a éste le desacreditaban los múltiples casos de corrupción que implican al Partido Popular y que están pasando por los tribunales.

Y López Obrador ha hecho el combate a la corrupción la columna vertebral de sus mensajes.

El ingrediente emotivo lo representó el agradecimiento de España a México por dar cobijo a unos 25 mil españoles en el marco del 80 aniversario del exilio español republicano.

Compromiso de seguridad jurídica

El presidente español resaltó la disposición de las empresas de su país a invertir en las grandes obras de infraestructura del gobierno de López Obrador, como el Tren Maya. E insistió en ello ante una pregunta directa de un reportero, aunque apuntó que no tenía noticia específica si las sociedades españoles querían participar en dicho proyecto.

Aunque el que sí que lo tiene claro es el Ministro de Fomento de su gobierno, José Luis Ábalos, quien lo ha externado en conversaciones en círculos empresariales y con gestores que ayudan a introducir inversiones en México. El objetivo es participar en el Tren Maya y en el Tren Transítsmico.

El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco, en su reciente visita en el marco de la Feria de Turismo (Fitur), a finales de enero, aceptó en entrevista que había empresas españolas que se le acercaron para conocer más detalle sobre esta mega-obra que recorrerá 1500 kilómetros en el sureste mexicano y que tendrá un costo de entre 150 a 160 mil millones de pesos.

Los dos mandatarios explicaron que en las conversaciones privadas coincidieron en fortalecer las relaciones económicas y comerciales con las nuevas reglas del juego, que las empresas que inviertan en México actúen con honestidad.

López Obrador reconoció que México requiere de la inversión privada nacional y extranjera, pero pidió que las empresas de otros países –sin dedicatoria a ningún país— tengan “un comportamiento ético; no queremos que las empresas extranjeras actúen violando las leyes o propiciando, aceptando o participando en actos de corrupción, de sobornos”.

Dijo: “Es también una práctica y política del gobierno de España el que se actúe con honestidad, el que se tenga un auténtico estado de derecho, respeto a las leyes y que no se permita la corrupción, la asociación delictuosa entre empresas y servidores públicos”

Bajo ese planteamiento, dijo, “no veo obstáculo de ningún tipo para que se fortalezcan las relaciones económicas y comerciales”.

Sobre el tema de la reforma a las comisiones bancarias, López Obrador dijo que no es su intención modificar nada en la primera mitad de su mandato, para “no generar desconfianza”, aunque reconoció que tiene respeto por la división de poderes, por haber sido una propuesta de su partido en el Poder Legislativo.

Recordó que esa propuesta surgió solo unos días después de la comida que mantuvo en su casa con Ana Botín, la presidente del Grupo Santander.

Pero el tema no terminó ahí. El jueves 31, en un desayuno con empresarios con inversiones en México, éstos le pidieron les ayude en esta nueva etapa política en México.

Sánchez se ofreció a apoyarles convencido que en México se abrirán nuevas oportunidades económicas para las compañías españoles. Les trasladó la voluntad de su gobierno de profundizar los lazos económicos y apoyar el desarrollo empresarial español en México.

Y subrayó que “el valor estratégico y complementario de los lazos económicos y comerciales entre ambos países. Son de tal profundidad y están tan anudados que deben ser una prioridad en nuestras relaciones bilaterales”.

Pero la declaración de intenciones la definía el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, en un artículo publicado en el diario hispano ABC, el 9 de enero, luego de asistir a la toma de posesión, en el que resalta que el nuevo presidente mexicano puso en evidencia su voluntad de ejercer un “fuerte liderazgo personal, acompañado de consultas populares”, aunque todos los analistas consideran que debe compatibilizar esa voluntad con “el fortalecimiento de las instituciones”.

Asimismo, advierte que López Obrador deberá dotarse de recursos para llevar a cabo su ambicioso programa de gobierno, que necesita “el apoyo decidido de la inversión privada para complementar los recursos del Estado. Ello, a su vez, requiere de un clima de seguridad jurídica que garantice al capital reglas claras y respetadas”.

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