CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El reportero engoló la voz para que el nerviosismo no se colara por su garganta: –Es una pregunta basada en Newton –dijo, abismado en un papel sobre sus rodillas–: el combustible dejó de salir por un efecto que, entiendo, es gravitatorio. Estoy checando que la ciudad de Tula, donde está la llave del ducto, tiene una altitud de 2 mil 20 metros sobre el nivel medio del mar y Tlahuelilpan tiene 2 mil 43; es decir, que estamos hablando de que está un poco más arriba. ¿Cómo se habría dado entonces el efecto gravitatorio? La atracción de los cuerpos con respecto a su masa –la gravedad terrestre– nada tiene que ver con la presión de un fluido dentro de un tubo. Eso lo sabe cualquiera que haya cursado la secundaria, pero, incluso si no se atendió a esa clase de Ciencias Naturales, existe la intuición de que la gravedad constante de nuestro planeta, la que ejerce la masa de la tierra bajo nuestros pies, es una fuerza distinta de la presión dentro de un tubo de gasolina. Pero, más allá de los certificados escolares del reportero, otro malestar más profundo se revelaba en su pregunta. ¿Qué estaba mal esa mañana de la conferencia de prensa de la Presidencia de la República, una vez más, sobre la explosión en un poblado de Hidalgo?  Hay un malestar con los medios de comunicación porque no parecen representar a la opinión pública. Buena parte de ellos han olvidado el servicio que deben ofrecer al público a favor de otras funciones como parecer espectaculares, conmovedores, graciosos, furibundos, fustigadores. Nada de ello tiene que ver con el servicio que alguna vez sintieron como predominante. “Lo público –escribe Hannah Arendt– es lo que todo mundo puede ver y oír y merece la más amplia publicidad posible”. Pero, al formarse la “sociedad civil –sigue Arendt–, adoptó un disfraz de una organización de propietarios que, en lugar de exigir su acceso a la esfera pública, pidió protección para acumular más riqueza”. Ese disfraz es el que seguimos viendo en los medios de comunicación: la publicidad que los paga está vestida de interés público y, así, las noticias enmarcan los anuncios de licuadoras. Igual que el resto de las mercancías, las noticias se consumen. Cuando hablamos de “falta de memoria” nos referimos a su carácter desechable. Pero la existencia de hemerotecas, físicas y virtuales, contradice la idea de que lo publicado sea exclusivamente consumible. Hace apenas dos siglos, la palabra “publicidad” se refería a la calidad de la esfera pública y no como hoy, exclusivamente a la propaganda comercial. En su lugar, usamos “opinión pública” como algo idealmente separado de los intereses privados y que se iría conformando incluso en contra de los “poderes públicos”. La opinión pública nace como un juicio, como un tribunal no institucional; por eso es temida.  Jürgen Habermas, en su historia de la publicidad, retoma una orden de censura del rey Federico II de Prusia en 1784: “Una persona privada no está autorizada a emitir juicios públicos, especialmente juicios reprobatorios, sobre tratados, procederes, leyes, reglas y directivas del soberano y de la corte, de sus servidores estatales, de colegios y cortes judiciales, ni está autorizada a dar a conocer noticias recibidas acerca de todo ello ni a divulgarlas por medio de la impresión. Una persona privada no está capacitada para someter todas esas cosas a juicio porque le falta el conocimiento completo de las circunstancias y los motivos”.  Detrás de esta censura está lo que hoy llamamos “la opinión de los expertos”; es decir, de los académicos y de la raza de los analistas. La idea de que no todos podemos emitir un juicio y ser parte de la opinión pública está justo tanto en los que exigieron que sólo los ingenieros aeronáuticos o los pasajeros de avión podían opinar sobre la construcción del aeropuerto, como en la vana pretensión del reportero mañanero de querer pasar por “experto” en Newton. Hoy, a ese tribunal de opiniones lo disfrazamos con la llamada “percepción” –la encuesta del “me gusta-no me gusta”– que sigue a Federico II: no todos pueden emitir un juicio, no todos pueden ser jueces porque “no saben”, son manipulables, se dejan llevar por sus emociones; por eso sólo son una simple “percepción”. Como la esfera pública se constituye a partir de las formas de comunicación de las cortes, hay todavía algo de aristocrático en los medios que los hace obsesivos por diferenciarse del raciocinio plebeyo, a lo que llamamos sentido común.  El público lector es el que acaba por distorsionar ese tribunal de “la gente que sabe”. La autoilustración se hace desde los cafés y con los periódicos. El término opinión pública se populariza con Montaigne, Shakespeare –“la amante del éxito”– y Rousseau como intercambio libre entre iguales de juicios razonables sobre asuntos públicos; es decir, de política, literatura, comida. Lo que es razonable se conformará en consenso, en este ideal democrático del siglo XVIII. Es justo lo contrario de la supuesta especialización de hoy. El crítico originario dominaba todo tema con las normas del consenso en el nivel del signo y su único pacto era con sus lectores. Se tuvo la idea de que se podía publicar sin atender a los intereses filisteos de quienes comerciaban con las noticias. Hoy, ese ideal es sólo eso.  Veamos lo que sucedió en diciembre pasado con el escándalo de la revista alemana Der Spiegel. Un reportaje inventado por Claas Relotius acerca de un pueblo en Minnesota en el que convivían una señora que turisteaba por Estados Unidos en busca de ejecuciones por pena de muerte, con un torturado en Guantánamo y un fanático islamista que estaba pensando en cometer un atentado terrorista, todo, bajo el letrero de “No queremos a los mexicanos”, revela otro de los malestares sociales frente a los medios. Multipremiado, como antes lo fueron Stephen Glass, Jonah Lehrer, Jack Kelley o Janet Cooke, por sólo mencionar a otros periodistas fabuladores, Relotius obedeció más a lo que el medio impreso esperaba de sus historias –la espectacularidad de una historia que comprobara los clichés del votante trumpista– que al servicio con el público, al pacto con sus lectores. Se vende lo espectacular, el “fenómeno de circo”, el dislate, o bien lo que el reportero cree que el dueño del medio espera para vender. En México la predisposición a escribir lo que espera el dueño o el jefe de la redacción se ha convertido en una falta de representación de la opinión pública en los medios. Así vemos, por ejemplo, cómo 90% de los ciudadanos aprueba la lucha contra el saqueo de los combustibles, pero la mayoría de las opiniones publicadas y dichas en los medios la condenan, resaltan los inconvenientes en las filas de las gasolineras o lapidan a los pobladores que murieron en el accidente de Hidalgo. Se trata de algo que los sociólogos llaman “deseabilidad”, es decir, hablar y escribir lo que quisieran que ocurriera, no lo que verdaderamente ocurrió.  La semana pasada un grupo de artistas de la acción, los Yes-Men, distribuyeron 25 mil ejemplares de un falso Washington Post cuyas ocho columnas anunciaban la renuncia de Donald Trump. El diario estaba fechado en mayo de 2019 y, por eso, el vocero del colectivo, Jacques Servín, dijo que el periódico falso, en realidad, “provenía del futuro”. El colectivo repartió un New York Times apócrifo en 2008 y, durante 20 años, han convocado a conferencias de prensa ficticias de la Organización Mundial de Comercio y del Fondo Monetario Internacional. Más allá del gesto estético, lo que la broma revela de la idea de opinión pública es que está llena de deseos, de aspiraciones, además de la necesaria verdad para ejercer un juicio. El malestar está en que sean propios medios los que fomenten esas contradicciones para agradar a sus patrocinadores, y sigan por la ruta de no recordar ya su propio origen como servicio al juicio de la opinión pública. Sin ese malestar, nuestro reportero mañanero se hubiera ahorrado el tratar de demostrar que hasta Newton se oponía a las medidas contra el huachicol.  Esta columna se publicó el 27 de enero de 2019 en la edición 2204 de la revista Proceso.