La abogada "socialista" que ampara a los obreros ante las armadoras en Matamoros
La inédita huelga que registra Matamoros se ha convertido en el movimiento obrero más importante de los últimos años. Implica a 45 maquiladoras y unos 36 mil trabajadores, la mayoría del sector automotriz. El movimiento se ha politizado debido a la intromisión de actores ajenos al sector. Mientras empresarios temen que contamine a otras maquilas de la frontera. Por su parte, los sindicalistas denuncian la parcialidad de las autoridades del trabajo que benefician a los patrones y afectan a los obreros.
MATAMOROS, Tamaulipas, (proceso.com.mx).- Silvia, una joven madre empleada de la ensambladora Aptiv labora más de 8 horas diarias sentada en una línea de producción en la que sus entrenadas manos “pegan, soldan y arman” las partes de los lujosos autoestéreos para vehículos de General Motors.
Por ello recibe un raquítico sueldo de unos mil 100 pesos por semana, alrededor de 55 dólares, en condiciones laborales que en la década de los sesenta fueron calificadas por funcionarios mexicanos como “primitivas”. Por el mismo trabajo que realiza Silvia, una obrera en Estados Unidos recibe un salario promedio de unos 24 dólares por hora.
Silvia hace guardia, junto con cientos de colega, afuera de Aptiv, antes llamada Delco Electronics, cuyas puertas están tapizadas con las banderas rojinegras.
El Parque Industrial del Norte, un inmenso terreno a las afueras de Matamoros, alberga decenas de enormes naves cuyos obreros ensamblan desde detonadores para misiles hasta sofisticadas piezas médicas.
Al menos 45 de ellas se fueron a huelga en lo que ya es el movimiento laboral más importante de los últimos años.
En la empresa vecina Autoliv, que antes se llamó Delphi, cientos de obreros reciben a la abogada Susana Prieto Terrazas, su asesora laboral, para que cuente los acuerdos a los que llegaron con la empresa.
Los cientos de obreros hacen una valla sobre la avenida principal y con un gran bullicio y aplausos reciben a la abogada. Ella se estaciona, saca una bocina e informa que la empresa aceptó sus demandas: pagar el 20% de aumento al salario y un bono único por 32 mil pesos, casi el equivalente a un año de su sueldo.
Los obreros, felices, aplauden, se abrazan y gritan vivas para la abogada Susana Prieto quien se encamina a retirar las banderas de huelga para que regresen a su trabajo. En el trayecto se toma decenas de “selfies” con todas las obreras y obreros que la abrazan.
A Silvia, quien se acercó con sus compañeras de Aptiv para escuchar las novedades, se le renuevan las esperanzas de que su empresa también acepte sus demandas.
CLÁUSULA ÚNICA
El Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora (SJOIIM) revisa en enero de cada año el Contrato Colectivo que mantiene con alrededor de medio centenar de maquiladoras donde laboran unos 45 mil obreros.
El movimiento de Huelga se comenzó a fraguar cuando los dueños de las empresas les anunciaron que este año no se otorgaría un bono anual que es producto de la cláusula Quincuagésima Sexta del contrato colectivo, la cual señala que “en aquellas ocasiones que se decrete por emergencia un aumento al salario mínimo”, el porcentaje del aumento se indexará a los tabuladores salariales pactados.
Anteriormente los empresarios habían negociado mejor pagar un bono único anual considerando un porcentaje del aumento al salario.
Cirila Quintero, investigadora del Colegio de la Frontera Norte, comentó en entrevista con Proceso que esa cláusula es única en el sindicalismo mexicano y fue posible gracias a las luchas obreras que encabezó el desaparecido líder del SJOIIM, Agapito González Cavazos.
Quintero explicó que el Sindicato de Obreros y Jornaleros es una organización combativa con una larga experiencia en movimientos obreros desde la época de Agapito González Cavazos.
En este año los empresarios argumentaron que debido al decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para duplicar el salario en la franja fronteriza y bajar el IVA les imposibilitaba pagar el bono único, lo que generó la futura tormenta.
La “industria” maquiladoras en Matamoros nació en los albores de la década de los sesenta gracias al Programa Nacional Fronterizo (Pronaf).
El programa pretendió “sanear” la economía de la frontera con estímulos fiscales y facilitar trámites de exportación para proveer al mercado de Estados Unidos.
La doctora Cirila Quintero cuenta en su libro “Cuatro Décadas del Modelo Maquilador en el Norte de México”, que funcionarios mexicanos viajaron a Panamá para estudiar las empresas ensambladoras que ya funcionaban en esa nación.
“Regresaron verdaderamente alarmados, con toda honestidad, porque las condiciones del trabajo eran primitivas”, narra el libro.
“Aceptar galerones, una mesa inmensa y poner a la gente ahí a estar armando, pegar, despegar, hilar y soldar”. Eso es, por lo menos, “arriesgado”, concluyeron los funcionarios.
Las maquiladoras crecieron y se potenciaron con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que firmó el presidente Carlos Salinas. Incluso industrias nacionales se transformaron en ensambladoras para proveer con mano de obra barata al mercado de Estados Unidos.
Abogada “socialista”
Susana Prieto Terrazas es una abogada que ha asesorado a obreros de las maquiladoras de Ciudad Juárez desde años atrás. Se considera “socialista” y colabora con otros profesionistas para apoyar a movimientos obreros.
“Debido a que los obreros no leen, decidí hacer videos breves explicando sus derechos, los cuales están en mis páginas de redes sociales”, explicó en entrevista con Proceso.
Contó que esos videos comenzaron a circular en las redes sociales de los trabajadores de Matamoros cuando comenzó la revisión del Contrato Colectivo y que la buscaron para que los asesorara legalmente.
“No represento a ningún sindicato. Ellos me llamaron y expliqué que sí tenían derecho al bono anual, calculando que sería de 32 mil pesos”, comenta.
Durante el movimiento la acusaron de colaborar con el senador Napoleón Gómez Urrutia para tener el control del movimiento y sacar a los obreros del SJOIIM hacia un sindicato de “Napito”.
“A río revuelto, ganancia de pescadores”, respondió y acusó a los empresarios de difundir la calumnia para evitar que siga asesorando a los trabajadores y que el movimiento se extienda por toda la frontera.
Contó sobre la llamada que tuvo con Ricardo Monreal, quien intentó levantar ilegalmente la huelga en Autoliv presionando al sindicato. Mostró a Proceso los mensajes y las llamadas perdidas que tenía proveniente del celular del senador morenista.
“A Ricardo Monreal se le activó su gen priista al pretenda levantar una huelga con la forma caduca de hacer política en otros tiempos”, enfatizó la abogada.
Un día antes de que comenzara la huelga arribó Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo junto con el subsecretario Alfredo Domínguez Marrufo, quienes se encerraron con los empresarios en un hotel.
“Al sindicato lo marginaron”, denunció una fuente del Sindicato de Jornaleros que solicitó el anonimato.
“El gobierno federal ha estado intentando levantar las huelgas como quedó demostrado con la intervención de Monreal, a pesar de que él lo niegue”, agregó.
Mencionó que ordenaron al presidente del SJOIIM Juan Villafuerte que se trasladara a la ciudad de México y estuvo reunido con autoridades de la Secretaría del Trabajo durante dos días.
Como parte de esa intervención las autoridades laborales federales decretaron la inexistencia en 13 de las huelgas debido a “diversos factores”.
Hasta el día viernes 1 el Sindicato de Jornaleros y Obreros informó que 38 empresas aceptaron pagar el 20% de aumento al salario y bono de 32 mil pesos, pero una más entró en paro: los trabajadores de Arca Continental, embotelladora de Coca Cola.
Entre el resto están las declaradas inexistentes pero el Sindicato ya interpuso amparos que le permitirán seguir con la huelga.
Las declaradas inexistentes son maquiladoras automotrices que de continuar en paro deberían pagar millonarias multas a las ensambladoras por no entregar sus productos “justo a tiempo”.
“Los inventarios ya no se usan y las pérdidas alcanzan a 26 mil dólares al minuto si se para una línea en una ensambladora”, explicó a Proceso Rolando Gonzales Barrón, presidente de la Industria Maquiladora de Matamoros (INDEX).
“Hay una pérdida muy grande, de muchos millones, por la huelga. Varía dependiendo de los castigos que sufren las empresas por el tiempo que tardan en entregar una mercancía a las armadoras automotrices”, agregó.
“Había muchas automotrices y buscamos que los arreglos fueran atendidos en el ámbito federal”, enfatizó González Barrón.
Mencionó que 15 maquiladoras han declarado que se quieren ir de Matamoros porque el trato que les han dado no garantiza su operación.
“Nosotros cumplimos todo lo que exige la ley, pero no se han correspondido, sobre todo el gobierno federal”, señala.
Hay unos 15 mil empleos en duda pero lo más grave es la cancelación de nuevos proyectos y la ampliación de las plantas que ya estaban programadas, concluyó.
Silvia y las obreras de Aptiv esperan confiadas que la empresa acepte sus demandas y no creen que las maquiladoras se vayan de Matamoros. La abogada Susana les explicó que las empresas ya no encontrarán mano de obra más barata ni en China y que no se van sólo cambian de razón social, como en su caso de Aptiv que antes se llamaban Delco Electronics.