HERMOSILLO, Son. (apro).- La exempleada doméstica Gisela Peraza Villa, torturada y encarcelada sin pruebas durante más de cuatro años, dijo que “sintió miedo” al enterarse de la liberación del exgobernador Guillermo Padrés, y lo responsabilizó públicamente de lo que le ocurra a ella, a su familia y a sus abogados. En conferencia de prensa, Peraza Villa señaló que al escuchar la voz de su captor --"¡Ya estoy libre, cabrones, agárrense hijos de la chingada!”-- revivió el injusto encarcelamiento y las vejaciones sufridas. “Me dio miedo, sentí miedo, porque nuestra denuncia contra él está calmada y ayer (domingo) mi hermana me manda el audio y entonces me pregunté: ¿Qué va a ser de nosotros?”. Y ella misma se respondió: "Me ha hecho daño, sé que me puede hacer algo”. El abogado defensor de Gisela, Juan Antonio Ortega, hijo del finado litigante del mismo nombre, quien inició la defensa de la exempleada doméstica, acusó que el mensaje de voz del exgobernador, ampliamente difundido a través de las redes sociales, es una amenaza velada contra su defendida. "Hay un temor fundado en contra de las amenazas de esta persona (Guillermo Padrés), que a unas horas de su salida se atrevió a amenazar públicamente a Gisela, porque ha demostrado que es una persona prepotente, estando en su mandato y después de salir de la cárcel”, argumentó. Además, expuso que analizará las declaraciones de Padrés en ese multicitado mensaje de voz, porque las amenazas expresadas contravienen su libertad condicional, bajo la premisa de peligrosidad criminal. "Le pedimos a la gobernadora que no permita que un expresidiario venga y nos amenace, sobre todo a unos sonorenses que están pidiendo justicia”, apuntó. El 3 de noviembre de 2015, Gisela Peraza Villa denunció penalmente al exgobernador Guillermo Padrés por encarcelarla sin pruebas durante cuatro años y seis días. La denuncia fue interpuesta en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado, por los presuntos delitos de tortura, abuso de autoridad, tráfico de influencias y asociación delictuosa, en contra del exmandatario; su esposa, Iveth Dagnino, y 18 exfuncionarios del gobierno de Padrés. Entre esos exservidores públicos se encontraba Ernesto Fernando Fernández Portillo, exjefe de escoltas del exgobernador, quien permanece preso por esa denuncia desde hace 11 meses, cuando autoridades estadunidenses lo detuvieron y repatriaron a México, luego de 90 días de mantenerse prófugo. También fue denunciado Ricardo Ornelas, exdirector estatal de centros penitenciarios, y Agustín Rodríguez, secretario particular del exmandatario y exdiputado federal plurinominal por la primera circunscripción panista. La noche del 13 de marzo de 2011, Gisela fue acusada de robar 450 mil pesos en efectivo y 150 mil en joyas de la Casa de Gobierno. Según la versión de la inculpada, al momento de ser torturada le exigían siete millones de pesos para liberarla. No accedió a la petición, fue procesada y condenada a cuatro años de cárcel, que cumplió el 8 de junio de 2015, cuando el Juzgado Octavo de Distrito concedió la libertad “En estos momentos no puedo hablar, sigo en shock, o sea, todavía no me la creo”, expresó en aquella ocasión, luego de ser liberada del Centro de Readaptación Social 1, con sede en esta capital. El 13 de marzo de 2011, la exempleada doméstica fue torturada por elementos de la Policía Estatal Investigadora (PEI) para que confesara su culpabilidad, y lo comprueba con lesiones que aún tiene y muestra a la prensa. El 2 de junio de 2015 cumpliría su sentencia, pero un día antes personal del centro de reclusión femenil presuntamente encontró cinco “globitos” de crystal debajo de su cama. Por esta razón, las autoridades del penal la enviaron a una celda de castigo y su situación legal se agravó. Gisela trabajó durante nueve años con la familia Padrés y en 2015 fue acusada de robo en presunta complicidad con un agente policiaco, sobrino del exsecretario de Seguridad Pública estatal, Ernesto Munro Palacio, ahora líder estatal panista. La inculpada estuvo recluida en el Cereso I, de Hermosillo. Posteriormente fue trasladada a Huatabampo, luego a San Luis Río Colorado y de nuevo reingresada al Cereso femenil de Hermosillo. Desde esa fecha, Eloísa Villa Luna y Delma Peraza, madre y hermana de la víctima, respectivamente, acudieron sin descanso a las puertas de Palacio de Gobierno para exigir la liberación de Gisela, sin resultados favorables. El 11 de noviembre de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 54/2013 dirigida al gobierno del Estado de Sonora, donde señaló: “La mujer que laboraba como ama de llaves en la Casa de Gobierno de Sonora sufrió tortura, detención y retención arbitraria por parte de elementos de ese gobierno y de la Policía Estatal Investigadora. “Gisela Peraza fue acusada de haber robado una maleta con dinero, razón por la cual elementos de la Policía Estatal Investigadora la esposaron y trasladaron a sus instalaciones, donde fue interrogada, golpeada, insultada y se le colocó una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarla”. Asimismo, consignó que Gisela fue liberada el 18 de marzo de 2011 y el 5 de abril siguiente fue detenida nuevamente: “La llevaron a sus instalaciones, donde la golpearon, le vendaron la cara, la enrollaron en una cobija, le amarraron las manos, la patearon y echaron agua en la cara para ahogarla, mientras la interrogaban sobre el dinero robado; cabe resaltar que por el mismo hecho un agente de la Policía Estatal Investigadora también fue detenido y torturado”. Por último, ordenó: “El gobierno de Sonora debe proceder a la reparación del daño ocasionado a las víctimas y se les brinde la atención médica y psicológica necesaria, con el fin de que se restablezcan su salud física y emocional”.