CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Trabajadores “disidentes” de Petróleos Mexicanos (Pemex), acudieron ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), para aportar nuevas pruebas en contra del líder del Sindicato, Carlos Romero Deschamps, por presunto enriquecimiento ilícito de unos 150 millones de dólares. Este miércoles, presentaron las pruebas para robustecer los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, evasión, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito. Los denunciantes son integrantes del Movimiento Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo, encabezado por Arturo Flores Contreras, quienes presentaron la denuncia en contra de Romero Deschamps. Explicaron que la acusación sobre el líder petrolero fue realizada desde octubre de 2016 ante la entonces Procuraduría General de la República, sin embargo, las indagatorias no registraron ningún avance. De acuerdo con Flores Contreras, la denuncia contra Romero Deschamps incluye a familiares, prestanombres y a otros integrantes de la cúpula del sindicato. Entre los ilícitos que señalan se llevan a cabo dentro de Pemex, son la venta de plazas, cobro de cuotas ilegales, cobro de contratos y el despojo de propiedades del gremio. Afirmó que la pasada administración apostó a la dilación y fue omisa para darle seguimiento al caso, ello le permitió al líder sindical evadir la justicia y mantenerse en la impunidad. El 8 de noviembre de 2016, presentaron la ampliación de hechos a la denuncia presentada tres semanas antes en contra de su líder Carlos Romero Deschamps, En esa fecha, Flores Contreras, explicó que la denuncia también se interpuso en contra de 10 personas, excolaboradores del dirigente. Conjuntamente con la denuncia penal, enviarán un escrito en el que expondrán el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Esta acción se presentará por los trabajadores petroleros respaldados por la Confederación Internacional para Salvaguardar los Derechos Humanos. En dicha queja, se pretende hacer valer la Resolución 58/4 de la Asamblea General, del 31 de octubre de 2003; la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos, llamada Convención de Palermo, y la Convención Penal sobre la Corrupción, con el fin de que se protejan los derechos humanos de los integrantes del gremio sindical petrolero.