CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Seis grupos de trabajo y relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) alertaron al Congreso mexicano sobre algunos “elementos muy significativos de preocupación” en el proyecto de reforma constitucional que plantea la creación de la Guardia Nacional, entre ellos el otorgar un carácter permanente a un esquema de seguridad pública militarizado, “dando continuidad a una política que ha generado más violencia y ha incrementado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos”. En una carta dirigida al Congreso y fechada del lunes pasado, los Procedimientos Especiales de la ONU señalaron que, si bien el dictamen aprobado el pasado 16 de enero confiere una dirección civil a la Guardia Nacional, otorga un poder amplio al mando militar en la “Junta de Jefes de Estado Mayor” o en el reclutamiento de los integrantes del cuerpo de seguridad. “Asimismo, preocupa la expansión de la jurisdicción militar para investigar y sancionar delitos cometidos por integrantes de una institución que se define como civil”, sostuvieron los representantes de dichos procedimientos, los cuales denunciaron de manera reiterada el uso de los militares en labores de seguridad pública desde hace años. Recordaron que en años recientes se documentó un “incremento del uso ilegal y excesivo de la fuerza, así como la privación arbitraria de la libertad, la comisión de ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas, todas ellas vinculadas a la creciente participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública”. Firmaron la carta Elina Steinerte, vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Bernard Duhaime, presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Agnes Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; David Kaye, relator especial sobre la promoción y la protección al derecho a la libertad de opinión y de expresiones; Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, así como Nils Melzer, relator especial sobre tortura y otros tratos y o penas crueles, inhumanos o degradantes.

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