TOLUCA, Edomex. (apro).- Las comisiones de Gobernación y Finanzas Públicas del Congreso mexiquense aprobaron, por unanimidad, la abrogación de los decretos 87 de la 36 Legislatura, y 86 del Ejecutivo promulgado el 7 de mayo de 1993, que asignaban a los exgobernadores personal de seguridad, chofer y secretaria, con cargo al erario público. Miguel Sámano, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aclaró que los decretos abrogados en ningún momento especifican que los apoyos recibidos por los exgobernadores sean de carácter económico; sólo se trata, aseguró, de personal a su servicio. Aún así, indicó que su bancada se suma a la abrogación porque es consciente de la necesidad de austeridad en el gasto público. El morenista Gabriel Gutiérrez consideró que si bien otorgar estos apoyos no representa al erario un gasto oneroso, eliminarlos es un asunto de justicia social. La perredista Araceli Casasola consideró tales beneficios un insulto, pues la mayoría de los exgobernadores tiene posibilidad de solventar sus gastos mientras que el 50% de la población mexiquense vive en pobreza. Adicionalmente, expuso, el desempeño de los últimos tres exmandatarios (Arturo Montiel, Enrique Peña y Eruviel Ávila) deja mucho que desear. Casasola Salazar propuso que el recurso destinado a estos apoyos, en lo sucesivo sea asignado a las acciones de la Alerta por Violencia de Género (AVG) y al combate a los feminicidios. En el dictamen, los legisladores consideraron que estos apoyos constituyen una indebida extensión de la función para la que fueron electos los mandatarios estatales, además de no representar utilidad pública frente a otros requerimientos urgentes y sí un privilegio. El 18 de julio de 1945 se promulgó en Gaceta del Gobierno el decreto 87 de la 36 Legislatura del Estado de México, donde se dispuso que al término de su gestión, el gobernador puede recibir premios y recompensas por servicios prestados al Estado. “Los premios y recompensas por servicios eminentes o importantes prestados al Estado que merezca el gobernador de la entidad, se le otorgarán después de haber terminado su gestión al frente del Poder Ejecutivo”, plantea su artículo primero. Años más tarde, el otrora gobernador Ignacio Pichardo expidió un decreto publicado el 7 de mayo de 1993 en Gaceta del Gobierno número 86, en el que se plantea que “como reconocimiento a su desempeño en el cargo de gobernador del Estado, es conveniente adoptar las previsiones necesarias a fin de que se normen los apoyos mínimos para la preservación de su integridad y seguridad y para el desarrollo de sus actividades personales, una vez concluido tan honroso y alto cargo al servicio del Estado”. Además, dispone como “necesaria y conveniente la debida regulación de estos reconocimientos que en el pasado el Gobierno del Estado ha otorgado a los ciudadanos ex-gobernadores en forma discrecional.” Esas adaptaciones contemplan en el artículo primero que quienes hayan ocupado el cargo de gobernador del Estado de México tendrán derecho, al concluir su gestión, a tener a su adscripción: un jefe de ayudantes con categoría de Subdirector rango nueve, con nivel de jefe de ayudantes de secretario general de gobierno. Además, un chofer ayudante con rango cinco, con categoría de chofer de secretario general de gobierno; tres ayudantes con categoría de oficial de seguridad pública, nivel catorce, rango cuatro; una secretaria, con categoría de secretario particular de secretario, nivel 27, rango 9, del Gobierno del Estatal.” Durante la presentación de la iniciativa que deroga ambos decretos el pasado 11 de diciembre, su promotora, la morenista Azucena Cisneros, advirtió la posibilidad de que el jefe de ayudantes con categoría de subdirector fuera en realidad una pensión económica encubierta destinada a los exgobernadores.