Atentado cultural contra inmuebles del Centro Histórico en sexenio de Mancera

Un alarmante diagnóstico realizado en el seno de la Autoridad del Centro Histórico (ACH) durante la administración capitalina de Miguel Ángel Mancera revela los usos inadecuados que se les ha dado a inmuebles con valor histórico y cultural, al grado incluso de comprometer su integridad. Específicamente, fue la Mesa de Protocolo para Detener Obras Irregulares la que elaboró el estudio e informó de sus resultados a la actual administración de la CDMX. El atentado contra esas construcciones es tan grave que, según el análisis, el Centro Histórico está en riesgo de perder la declaratoria de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La voracidad inmobiliaria y comercial, además de la omisión de las autoridades federales y capitalinas en la aplicación de las leyes para la preservación de los inmuebles catalogados como de valor artístico e histórico en el centro de la Ciudad de México, acentúan el deterioro de muchos de ellos e incluso su eventual desaparición.

De no frenarse esas irregularidades, el corazón del país podría perder la denominación de Patrimonio Cultural de la Humanidad otorgada en 1987 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Una de las consecuencias de ello sería la afectación de la actividad turística en la ciudad. 

Este diagnóstico lo elaboró la Mesa de Protocolo para Detener Obras Irregulares en el Centro Histórico, que conformó Jesús González Schmal cuando se desempeñó como coordinador de la Autoridad del Centro Histórico (ACH) durante la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa. 

González Schmal y sus colaboradores entregaron el documento correspondiente a Dunia Ludlow en noviembre pasado, con el propósito de que lo incluyera en su agenda de trabajo una vez que asumiera la coordinación de la ACH.

Ya en el cargo, el pasado 22 de enero Ludlow convocó a vecinos, empresarios, académicos y comerciantes a la creación de una llamada Alianza por el Centro Histórico que, entre sus tareas, incluye proteger el espacio y la infraestructura públicos, así como promover el patrimonio cultural de la zona.

Su propósito, dijo, es “reconstruir el tejido social en la zona a través de acciones coordinadas para proteger el patrimonio urbano, alentar la vivienda, elevar la competitividad y fortalecer el sentido de comunidad”.

En la Mesa de Trabajo Interinstitucional de Infraestructura y Obras que realizó la ACH del 22 de enero –transmitida en vivo en su cuenta de Facebook– se informó que está pendiente de instalación la Mesa de Infraestructura y Obras Irregulares, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), cuyo titular es Ileana Villalobos. 

Al final de la sesión, se reportó que no asistieron representantes de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), la Seduvi ni de la alcaldía Cuauhtémoc.

El llamado de Ludlow es urgente, sobre todo si se toma en cuenta que, además de la designación de Patrimonio Histórico de la Humanidad, el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) está protegido por decreto presidencial desde 1980 como Zona de Monumentos Históricos, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y es Área de Conservación Patrimonial, de acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

El 21 de diciembre último –un mes antes de asumir su actual cargo– Ludlow publicó un artículo en diario El Heraldo de México en el que destacó que la ACH estaba en “una etapa crítica producto de la falta de atención por parte del gobierno anterior”. 

Agregó que las violaciones al desarrollo urbano, entre otros problemas, son el resultado del abandono de esa zona de la ciudad. Informó que esa misma semana quedó instalada la primera mesa de trabajo interinstitucional en la que participan 30 dependencias del gobierno federal, así como el de la CDMX y las 16 alcaldías.

Y adelantó: uno de los propósitos de esa nueva organización es atender las quejas por el “daño a la preservación del patrimonio cultural” del centro de la CDMX.

El estudio realizado por Schmal y sus colaboradores advierte: Esa triple denominación comprende los perímetros “A” y “B”, ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, donde existen 9 mil 362 inmuebles con tipos de uso habitacional, comercial, mixto, para equipamientos, oficinas, servicios y entretenimiento, así como espacios abiertos y áreas verdes.

De ese total, 3 mil 504 (37.4%) están catalogados por su valor histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); artístico, por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), y urbano-arquitectónico, por la Seduvi.

Torre Cuarzo 

En agosto de 2015, cuando llegó a la ACH, González Schmal convocó a un equipo de especialistas para crear la Mesa de Protocolo para Detener Obras Irregulares en el Centro Histórico y se centró en seis casos en los cuales, aseguró, “la compulsión de lucro ha provocado la demolición de inmuebles valiosos en beneficio económico e inmediato de mafias” del comercio ambulante o de millonarios consorcios inmobiliarios que dominan el primer cuadro de la CDMX.

Uno de ellos es la Torre Cuarzo Reforma 26, desarrollada por Banca Mifel. El diseño es del arquitecto Richard Meier, Premio Pritzker 1984, quien por primera vez incursionó en México. 

El edificio tiene 42 pisos –180 metros de altura– y se construyó en un predio que se fusionó con otros cinco. En ese espacio se levantó también una planta con entrada en la calle Donato Guerra 5, donde se erige otra torre de 27 niveles. La propiedad pertenece a la empresa inmobiliaria Fibra Uno (Funo) de André El-Mann Arazi, un mexicano de origen judío.

Patricia Abreu Grobois –quien fue coordinadora de Acciones Sociales de la ACH durante la gestión de González Schmal–, comenta que el segundo edificio se construyó en el siglo XX y está catalogado como artístico por el INBA y como histórico por el INAH.

Cuando un inmueble catalogado como histórico o artístico se fusiona con otros –dice–, el predio resultante adquiere la misma categoría del primero y, por tanto, es objeto de la protección legal por ambas instituciones.

Como el INAH no autorizó la demolición del inmueble artístico de Donato Guerra 5, en su interior se construyó la moderna estructura de acero y vidrio de 27 pisos. Sin embargo, desde la banqueta aún se observa la antigua fachada azul, cuarteada y carcomida por el sol, así como sus puertas de madera hinchadas y descuadradas.

Inmueble en Donato Guerra 5. Foto: Alejandro Saldívar

Inmueble en Donato Guerra 5. Foto: Alejandro Saldívar

Abreu explica que en el estudio de caso de la Torre Cuarzo de Reforma 26 se observó que los desarrolladores tuvieron la autorización del INBA, el INAH y la Seduvi para la fusión de los predios. Aclara que, aun cuando el proyecto inicial era para siete niveles, los desarrolladores “se fueron a más de 40, sin la autorización previa y antes de registrar la Manifestación de Construcción Tipo ‘C’ en la alcaldía Cuauhtémoc”.

La ACH detectó que la otrora delegación “recibió la documentación, pero no revisó las autorizaciones –dice–; peor aún, perdió el expediente”. El caso llegó a juicio en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), mientras que el INAH recurrió a la Procuraduría General de la República (PGR), donde la investigación sigue abierta.

Hoy, en el edificio se observan mantas con información sobre la renta de locales y oficinas compartidas en Reforma 26 y, de manera extraoficial, se estudia la posibilidad de que la Comisión Nacional de Vivienda del gobierno federal, encabezada por la morenista Edna Vega, mude sus oficinas de Masaryk a Reforma 26.

González Schmal comenta a Proceso que “Reforma 26 atenta contra el paisaje porque rompe la armonía del sitio, cancela la visión, la perspectiva del horizonte del Centro Histórico hacia afuera y desequilibra su orden estético”; además, dice, “este tipo de transgresiones tienen efecto en la UNESCO”.

Sostiene que si las autoridades mexicanas permiten el funcionamiento del complejo comercial irregular de Reforma 26 en vez de sancionarlo conforme a derecho, “de inmediato va a despertar un apetito de los desarrolladores que darán altura a los predios contiguos. Eso va a deteriorar más el paisaje y la riqueza de la zona”.

En octubre de 2016 se difundió el proyecto conocido como Reforma 10, de Grupo Imagen, que incluía la construcción de una torre de usos múltiples de más de 60 pisos en la llamada “Esquina de la información”. A la fecha, aún permanece el edificio que por 99 años albergó al periódico Excélsior, propiedad de la familia Vázquez Raña.

Plazas y bodegas sin trámites

Los integrantes de la Mesa de Protocolo para Detener Obras Irregulares en el Centro Histórico, de la que Abreu Grobois fue coordinadora de Acciones Sociales, también detectaron la construcción de un edificio de cinco pisos en calle Rodríguez Puebla núm. 35, frente a la iglesia de San Sebastián, en el Perímetro “A”. En ese sitio se erigió una plaza comercial que hoy es usada como bodega por vendedores ambulantes de la zona.

De acuerdo con Abreu, esa construcción “no tuvo un solo ingreso de trámite” en ninguna de las dependencias de gobierno obligadas. Además, violó el uso de suelo y el número de pisos permitido. 

Y aunque en su momento la obra fue clausurada, “los dueños pagaron 3 mil pesos de multa y se comprometieron a permitir la verificación”. Hoy, el edificio sigue intacto.

Esa obra forma parte del conjunto de 20 plazas que comenzó a construirse de manera irregular en 2015. En octubre de ese año, Pablo Gutiérrez Monterverde presentó una denuncia simultánea contra ese proyecto ante la PAOT, la Contraloría General del gobierno capitalino y hasta en instancias internacionales como la UNESCO y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS, por sus siglas en inglés). Como no obtuvo respuesta, llevó su querella a la ACH. La dependencia encabezada por González Schmal empezó a darle seguimiento a la obra.

Él y su equipo detectaron otra irregularidad en el viejo estacionamiento del predio número 28 de la calle Santo Tomás, también en el Perímetro “A”, que en mayo de 2017 se convirtió en una torre metálica de cinco niveles. Tiene un sistema de elevador y pagos automatizados. Los dueños de los negocios aledaños y los comerciantes ambulantes son los usuarios de ese moderno estacionamiento.

Esa obra, ubicada en una zona de monumentos históricos, se erigió sin la autorización del INAH, comenta Abreu; tampoco la avaló la Seduvi, pues el permiso de Manifestación de Construcción no fue tramitado en la entonces delegación Cuauhtémoc. 

La ACH interpuso varias denuncias ante el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y logró que se suspendiera la construcción; las autoridades incluso anunciaron su desmantelamiento. Hasta el cierre de edición, la orden no se había cumplido.

El establecimiento fue asegurado dos veces por la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (Fedapur) de la Procuraduría General de Justicia capitalina, pero los sellos fueron retirados. Hoy, el lugar ofrece los servicios de “baños de lujo desinfectados”, dispone de cajones para guardar autos particulares, motocicletas y autobuses de pasajeros. También llegan camiones que realizan descarga de mercancía pirata de manera clandestina.

En su diagnóstico, Schmal y sus colaboradores mencionan otros tres edificios irregulares en el Perímetro “A” del Centro Histórico, según el catálogo del INAH. Uno de ellos es la Plaza Alonso García Bravo o Merced número 6, donde se colocaron estructuras metálicas en su azotea sin el permiso correspondiente.

Según su registro documental, en marzo de 2018 el Invea verificó la obra e impuso una multa equivalente al 5% del valor de la construcción y la clausura total. Además, la PAOT hizo un procedimiento para medir la altura y encontró que sobrepasaba los criterios establecidos para esa zona histórica.

Otro es el de la calle Emiliano Zapata 64, colindante con un inmueble incluido en el catálogo del INAH. Ahí se realizaron trabajos de demolición, excavación y hoy se observa una construcción de al menos tres niveles, realizada sin permiso de las autoridades de la demarcación. Cuando la ACH pidió a los peritos una verificación en materia de obra, ningún empleado acudió.

Sobre el inmueble situado en Eje Central 117 y Delicias 2, catalogado por el INBA con valor artístico, se construyeron dos niveles por encima de lo permitido. El 12 de junio de 2018, la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del INBA le envió un oficio (el número 1595-C/0986) a Arturo Balandrano Campos, entonces coordinador nacional de Monumentos Históricos del INAH.

En él le informaba que no había emitido opinión técnica o aviso de intervención física en ese predio. Además, le solicitó la verificación “urgente” y la suspensión inmediata de los trabajos de ampliación. La obra no se interrumpió.

Escandalosas omisiones

Con la exposición de estos seis casos “representativos de la gravedad de las violaciones” a las leyes en materia de protección de patrimonio cultural y presentados ante la Coordinación Estratégica para Fortalecer el Desarrollo Urbano Sustentable en la Ciudad de México, advierte el documento de la ACH entregado a Ludlow en noviembre pasado: 

“El Centro Histórico de la Ciudad de México podría perder la denominación de Patrimonio Cultural de la Humanidad, por alejarse de las características excepcionales que le dieron origen. Se convertirá en un tianguis, careciendo de la fuerza de ciudad viva que le otorga su población. La estrategia de repoblamiento fracasaría.

“… Si bien la normatividad de desarrollo urbano es adecuada para proteger este patrimonio Cultural Urbano, las fallas en los instrumentos diseñados para poder determinar y ejecutar las sanciones fomentarán la impunidad”.

González Schmal y Abreu aseguran que los seis casos se deben a la “falta de voluntad” y actuación conjunta de autoridades federales, locales y delegacionales. Y sentencian: “Las autoridades dejan hilos sueltos para no poder hacer nada (contra los constructores)”, y éstos aplican el “más vale pedir perdón que pedir permiso”.

Además, ponen en duda la labor del Invea, otrora a cargo de Meyer Klip, al mencionar que imponía sanciones “tibias” o actuaba de manera omisa. Cuentan que cuando solicitaron la verificación de una obra irregular, los empleados llegaron cuando los albañiles se habían ido a comer. Y como no vieron a ningún trabajador, concluyeron que “no había ninguna obra en ejecución”.

Para superar las anomalías de este tipo Abreu propone la creación de una base de datos “única, pública y transparente” para cotejar la información de las obras; actualizar de manera periódica la expedición de permisos por las dependencias involucradas; establecer mecanismos específicos para detectar, revisar y, en su caso, detener obras irregulares; suscribir convenios con el gremio hotelero y comerciante para denunciar acciones de este tipo, así como difundir la normatividad a cumplir antes de iniciar cualquier modificación en inmuebles en los perímetros “A” y “B”. 

 González Schmal asegura que “lo comercial y lucrativo puede devorar lo cultural y lo histórico. Eso no podemos permitirlo”. Por fortuna, dice, la nueva Constitución Política de la Ciudad de México da a la ACH más facultades ejecutivas y de apoyo a la jefatura de gobierno para conservar esta zona y detener su devaluación histórica y turística. 

Y concluye: “El Centro Histórico no es una colonia más de la ciudad. Es el manantial, el origen de nuestra cultura y debemos preservarlo. Si no se actúa en forma terminante, cada día crece el riesgo de que la UNESCO nos retire la denominación de Patrimonio Cultural de la Humanidad. De suceder, va a repercutir en materia turística no sólo en la ciudad, sino en el país”.

Al cierre de edición, Proceso consultó por escrito a la Seduvi sobre el trabajo que coordinará con la ACH en lo que atañe a las obras irregulares, acerca de la instalación de la Mesa de Infraestructura y Obras Irregulares, y respecto de cuáles son los inmuebles artísticos e históricos dañados y cómo se frenarán las irregularidades.

La Seduvi aclaró que encabeza dos mesas de trabajo con la ACH: la Mesa de Reordenamiento y la Mesa de Infraestructura; en ambas participan representantes de otras instituciones del gobierno local, así como las federales INAH e INBA.

Sin embargo, la Seduvi no atendió la pregunta respecto de los edificios dañados a los que alude el documento de Schmal. Se concretó a responder que tiene un listado basado en los dictámenes y que el plan es rehabilitarlos conforme al programa encabezado por la Comisión de Reconstrucción. El asunto es que los seis edificios artísticos e históricos no entran en ese programa.

Este reportaje se publicó el 3 de febrero de 2019 en la edición 2205 de la revista Proceso.

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