CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno están obligadas a ejercer sus atribuciones legales, así como a proteger y garantizar, en el ámbito de sus atribuciones, los derechos de las personas, mandato al que no pueden renunciar o pretender delegar a terceras instancias. Así lo subrayó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en respuesta a la queja que presentó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por violación a derechos humanos contra quien resulte responsable de los bloqueos que mantienen maestros en vías férreas de Michoacán, a fin de que el organismo “nos recomiende qué se hace en estos casos”. “El que las autoridades estén obligadas a respetar y defender los derechos humanos no implica que, en virtud de ello, no puedan ejercer sus atribuciones legales o que dicho ejercicio dependa o quede condicionado a que exista un pronunciamiento o resolución por parte de un organismo de protección y defensa de los derechos humanos. “Por el contrario, la omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones puede constituir, por sí misma, una conducta que vulnere derechos fundamentales, máxime cuando se esté en presencia de actos ilegales que atenten contra la integridad física o el patrimonio de las personas”, puntualizó la CNDH en un comunicado difundido este miércoles. El organismo destacó que el fortalecimiento del Estado de Derecho requiere que, tanto los particulares como las autoridades, cumplan y respeten la ley, no pudiendo quedar la observancia de la misma como algo optativo, discrecional o negociable. “Ni particulares ni autoridades pueden estar por encima ni al margen de la ley”, abundó. Sobre la solicitud del gobierno federal para que recomiende las acciones que deban tomarse en relación con los bloqueos de vías férreas en Michoacán, respondió que buscará un acercamiento con dichas autoridades para abordar el tema, partiendo del ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, conforme a las cuales, subrayó, sólo está posibilitada para conocer de actos u omisiones de autoridad que violenten derechos humanos. De igual manera, reiteró el llamado que ha hecho en el pasado ante problemáticas similares, “para que las partes involucradas en el conflicto busquen la solución del mismo mediante la construcción de acuerdos, en el marco de la ley, estableciendo un proceso de diálogo que coadyuve en la construcción y fortalecimiento de una cultura de la paz en el país, previniendo afectaciones a terceros”. Agregó: “La CNDH reafirma el valor y la importancia de las protestas pacíficas en una sociedad democrática, en cuyo ejercicio confluye la actuación de autoridades y de ciudadanos que, en todo momento, debe ser responsable y dentro del marco de la legalidad, insistiendo en la necesidad de que todo planteamiento, demanda o discrepancia, por legítima que ésta sea, necesariamente se deba formular por las vías institucionales y legales”. En este contexto, si bien es positivo que se busque privilegiar otras vías sobre el uso de la fuerza –subrayó--, tal disposición no puede justificar qué, si eventualmente las instancias de gobierno competentes llegaran a determinar la existencia de algún acto ilegal, sea permisible que las autoridades renuncien o se inhiban de cumplir con su obligación constitucional de garantizar la integridad, seguridad e intereses de las personas, así como de cumplir y aplicar la ley.