PUEBLA, Pue. (apro).- El Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) advirtió que las medidas de corrección anunciadas por el gobierno federal para poner en operación el Proyecto Integral Morelos no son suficientes, ni son las más importantes, pues no toman en cuenta que el trazo atraviesa por la zona de riesgo de erupción del volcán Popocatépetl, uno de los cinco más explosivos del mundo. En rueda de prensa, el director del Cupreder, Aurelio Fernández Fuentes, y la investigadora Alejandra López, cuestionaron el replanteamiento de la propuesta presidencial al señalar que ni siquiera menciona que dicho proyecto atravesaría por la zona de riesgo del volcán, que además es sísmica. “Una erupción de mediana intensidad puede afectar esas instalaciones, sin lugar a dudas”, manifestó Fernández Fuentes. Antes que echar a andar este ducto, señalaron los académicos, se tendría que revisar por completo la instalación construida, pues en trabajo de campo, los investigadores han encontrado que no se respetó el trazo que establecía el proyecto, además de que es posible que tras el sismo del 19 de septiembre haya tramos que estén fracturados. “Las medidas de corrección y adecuación que se anunciaron no son suficientes ni son las más importantes”, aclaró Fernández Fuentes, “consideramos que no es aplicable echar andar el proyecto si no se hacen las correcciones de seguridad”. Fernández Fuentes consideró que el proyecto es rescatable, con adecuaciones y medidas de seguridad necesarias para evitar que se generen problemas de riesgo mayores que conducirían tarde o temprano a un desastre. Recordó que el Cupreder, fundado desde 1995, es la institución académica del país que más ha estudiado el comportamiento del volcán Popocatépetl por lo que tiene sustento para advertir que el riesgo de una erupción es real y puede ocurrir en cualquier momento sin que haya instrumentos que lo anticipen con precisión. Alejandra López indicó que en el trabajo de campo, se han podido cerciorar que el gasoducto pasa por lugares que no son los declarados, además de que al momento de su construcción, para sortear la oposición de algunas comunidades, se siguió un trayecto “caprichoso”, pues en algunos partes incluso se hicieron giros de 90 grados. “La opacidad con la que se manejó toda la construcción desde el año 2012 a la fecha, empeora la incertidumbre sobre las condiciones que guarda la tubería, en el afán de avanzar con la obra y por los problemas sociales que fueron provocando por la manera de actuar con las comunidades, iban cambiando el trazo del gasoducto por donde se podía”, manifestó la especialista. Aparte, dijo que a la fecha no se ha informado sobre los daños que sufrió la tubería, instalada a lo largo de 160 kilómetros, por el sismo del 19 de septiembre o si se le hicieron pruebas necesarias sobre su operación. “Las condiciones en las que se encuentra hoy esta tubería son una incógnita, y no es descabellado sospechar que el sismo del 19 de septiembre, de magnitud 7.1, y cuyo epicentro se localizó precisamente en la región oriente de Morelos (a 33 kilómetros de distancia del trazo del gasoducto), pudo haber afectado la condición de la infraestructura”, expuso. Uno de los temas más preocupantes, de acuerdo a los especialistas, es el hecho de que se contemplen ramales de distribución en el trayecto del gasoducto, lo que representaría detonar zonas industriales y urbanas en la zona de riesgo del volcán y con ello aumentar la población, así como la de otro tipo de infraestructura, expuestos a una eventual erupción. López mencionó que en los recorridos del gasoducto han encontrado evidencia de construcción de este tipo de instalaciones de distribución de gas natural en Atlixco, Nealtican y Tecuanipan, que son poblaciones dentro de la franja de riesgo volcánico. La investigadora dijo estar de acuerdo con que el gobierno quiera rescatar toda esta infraestructura en la que se invirtieron miles de millones de pesos del erario público, pero sostuvo que el problema de seguridad que representa esta obra no está resuelto. Además, recordó que hay un amparo que fue ganado de manera definitiva por cinco localidades de Puebla, en el que un juez federal dictaminó que el gasoducto no debe pasar por esos lugares. Aparte de esto, recordó que la etapa de construcción de la obra, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generó conflictos sociales en las comunidades que atraviesa el trazo, en las entidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos, que aún siguen latentes. Fernández Fuentes expuso correcciones que se deben tomar en cuenta que serían en principio la cancelación de los ramales de distribución; la revisión del trazo y las condiciones en que se encuentra por considerar que está mal trazado y es posible que esté fracturado; las medidas de seguridad que se tomarán para interrumpir el flujo de gas en caso de erupción del volcán. Otro de los puntos que consideró indispensables es el cuidado del ducto contra los robos por las llamadas bandas de huachicoleros, que es una actividad creciente en Puebla, así como buscar otras alternativas de enfriamiento de la termoeléctrica, con procedimientos secos y la reutilización del agua. “Aceptamos la información de que es preciso generar energía eléctrica para la creciente demanda, pero si prevalecen los criterios de urgencia frente a los criterios importantes, tendremos tarde o temprano una condición de desastre”, advirtieron los académicos.