CUERNAVACA, Mor. (apro).- El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) aprobó por mayoría una serie de medidas de austeridad con la que se pretenden ahorrar 170 millones de pesos para paliar el déficit por más de 400 millones de pesos que actualmente sólo le garantiza recursos para cubrir compromisos laborales hasta el mes de septiembre. En la sesión, el rector Gustavo Urquiza Beltrán, presentó las medidas que incluyen la reducción de salarios a mandos medios y superiores, la construcción de un fideicomiso para atender pensiones y jubilaciones, eliminación de teléfonos celulares, disminución de pago de rentas de edificios, así como de pago de viáticos, entre otros. Primero se pretende “optimizar los recursos humanos y financieros, a partir de la revisión y análisis de todas las estructuras organizacionales de las unidades académicas y administrativas”, lo que derivará en compactación de áreas e incluso, se abrió la puerta a la posibilidad de cierre de unidades académicas. También se acordó reducir en 10 por ciento el pago a funcionarios, directores, coordinadores e incluso, jefes de departamento. Se dijo también que “la creación de nuevas plazas estará sujeta a la revisión y análisis de pertinencia de la calidad educativa con base en la suficiencia presupuestal”, así como la reducción de la contratación de personal por honorarios. El punto más importante, que generó más polémica en el Consejo, fue el acuerdo para que se lleve a cabo un “análisis y revisión bilateral de prestaciones de personal (administrativo y académico), tendiente a su disminución y/o modificación”, es decir, el planteamiento implicaría la revisión de los contratos colectivos, lo que no gusta a los sindicatos. Otro punto que atañe a los trabajadores tiene que ver con una vieja propuesta de crear un fideicomiso en el que aportarían la UAEM, los gobiernos federal y estatal, así como los propios sindicatos para atender las pensiones y jubilaciones. “Crear las bases y condiciones de un fondo para atender el rubro pensiones y jubilaciones”, dice el acuerdo concretamente. Se ha cancelado ya el servicio de telefonía celular que se había otorgado a directores y coordinadores y se pondrán restricciones en el uso de telefonía local y larga distancia, además de lo que se dijo en relación al arrendamiento de inmuebles y la reducción de servicios para la operación de las escuelas. Se disminuirá el pago de viáticos, así como los gastos para adecuar, ampliar o remodelar las oficinas; también se reducirá el gasto de impresiones, mensajería y paquetería externa, restricción del uso de vehículos oficiales, lo que incluye también que no se comprarán vehículos nuevos. También se acordó “eficientar el consumo de combustible”. También se acordó que “preferentemente” se contratará a profesores por horas por un mínimo de 10 horas-semana-mes, así como que no habrá “apertura de nuevos Programas Educativos a todos los niveles hasta subsanar el déficit”, aunque aquí se dejó abierta la puerta a revisar caso por caso. Además se incluyó en el plan la “optimización de los procesos administrativos a través del uso de tecnologías de la información y comunicación”, así como realizar campañas para el uso racional de agua y energía eléctrica. Incluso, “para la contratación de servicios de consultoría o asesoría en las unidades académicas o administrativas, se deberá contar con la aprobación de la administración central”. El acuerdo entró en vigor para ser aplicado de manera retroactiva a partir del mes de enero, lo que significa que aquellas medidas que están dentro de las facultades de la rectoría, comenzaron a aplicarse de hecho desde el mes pasado, particularmente la cancelación de telefonía celular y la reducción de salarios.