CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 50 años de las denuncias por desaparición durante la “guerra sucia”, el Estado mexicano hizo un reconocimiento público de los hechos con el Plan de Atención y Reparación a las Víctimas de la Violencia Política del Pasado, que será implementado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). En Atoyac de Álvarez, Guerrero, en una ceremonia a la que acudieron algunos sobrevivientes y familiares de víctimas de la “guerra sucia”, así como el gobernador Héctor Astudillo Flores, el presidente de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón, dio a conocer la estrategia de reparación colectiva, avalada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Atoyac, cuna del líder guerrillero Lucio Cabañas, fue uno de los municipios más golpeados por la represión política emprendida por los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, En 2001, después del triunfo de Vicente Fox a la presidencia de la República, la CNDH emitió la recomendación 26/2001 sobre abusos cometidos de 1969 a principios de los años ochenta, y abrió 532 expedientes, 275 de ellos relacionados con desaparición forzada atribuida a miembros del Ejército, Brigada Blanca, Dirección Federal de Seguridad, Procuraduría General de la República (PGR) y algunas procuradurías locales. En 2017, el organismo volvió a referirse a los desaparecidos de la llamada “guerra sucia”, en el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México. En respuesta, este lunes se presentó el Plan de Atención y Reparación a las Víctimas de la Violencia Política del Pasado. Retomando el informe final de la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad), Rochín Rincón señaló que durante la “guerra sucia”, y en particular en la entidad sureña, la política aplicada contra la disidencia “obedeció a un patrón regular y preconcebido: se trató de una política de Estado, una política de represión e incluso de exterminio”. Añadió que en Guerrero “la violencia política del pasado adquirió tintes macabros”, persistiendo testimonios sobre ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, desapariciones forzadas transitorias y desplazamientos, y las principales víctimas de desaparición fueron estudiantes, campesinos y activistas sociales, “o simplemente sobre quienes cayera alguna sospecha o deseo de venganza”. El comisionado presidente resaltó que para armar el Plan, la CEAV se acercó a 491 víctimas directas y mil 70 indirectas, y se realizaron 24 brigadas de atención a familiares de víctimas identificadas por la Comverdad, en Acapulco y Atoyac, así como en las comunidades de San Juan de las Flores y El Quemado. De acuerdo con la CEAV, las medidas de satisfacción incluyen la creación de un “mecanismo de investigación independiente, imparcial y competente para el esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones graves, generalizadas o sistemáticas a los derechos humanos ocurridos en la época”; una disculpa pública de representantes del Estado mexicano; y construcción de memoriales nacionales, regionales y/o de carácter físico, digital o virtual. El planteamiento busca la resignificación de espacios públicos, la instauración del Día Nacional para recordar a las “Víctimas de la Guerra Sucia”, así como --a través del Centro de Verdad y Memoria-- “generar mecanismos de colaboración interinstitucional para reproducir reconstrucciones históricas, rigurosas y representativas del sentir de las víctimas y su narrativa, que tendrá como objetivo recuperar la memoria”. Las medidas de restitución contemplan la elaboración de “planes integrales de reparación grupal, para la elaboración de planes productivos específicos”; la promoción de convenios interinstitucionales entre los tres órdenes de gobierno, “para la promoción de infraestructura y obras públicas en beneficio de las víctimas”, así como la elaboración de diagnósticos “situacionales y participativos que permitan el otorgamiento de servicios, medidas de fomento para la reconstrucción del tejido social”. El Plan también considera medidas de no repetición, como “capacitación de las Fuerzas Armadas y de seguridad Pública en el uso de la fuerza; atención de salud “especializada en afectaciones derivadas de las violaciones a derechos humanos”; programas de acompañamiento psicosocial, y proyectos de coinversión para “la rehabilitación psicofísica de las poblaciones afectadas”. En nombre de la CNDH, el primer visitador general Ismael Eslava Pérez sostuvo que el Estado mexicano “tiene una deuda pendiente con las víctimas de desaparición y sus familias, que no será saldada mientras las autoridades de los tres órdenes de gobierno incumplan su obligación básica y fundamental de garantizar condiciones mínimas de seguridad para la convivencia pacífica entre las personas y acabe el entorno de violencia, impunidad e ilegalidad que enfrentamos”. Tras reconocer que el Plan de Atención y Reparación a las Víctimas de la Violencia Política del Pasado responde a la recomendación 26/2001 y al Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, Eslava consideró que la impunidad que prevalece en los abusos de finales de los sesenta, setenta y principios de los ochenta, “generó condiciones para que delitos tan graves como la desaparición forzada se sigan cometiendo y que no haya garantía de no repetición”, como lo demostró el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que motivó la Recomendación por Violaciones Graves 15VG. De igual manera, destacó que, a un año de la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, no ha sido implementada en su totalidad, “ya que se requiere voluntad política de las instancias de gobierno para materializar su contenido y que se refleje en la profesionalización de los encargados en aplicarla”. Para hacer vigente dicha ley, subrayó, se requieren “recursos suficientes para instrumentar sus contendidos y que la Comisión Nacional de Búsqueda, sus homólogos de las entidades federativas, las Fiscalías Especializadas y áreas de servicios periciales, entre otras, cumplan cabalmente con sus funciones”. Finalmente, Eslava Pérez puntualizó que es prioritario “determinar el paradero de las personas desaparecidas y atender los legítimos reclamos de las víctimas y de la sociedad para que el acceso a la verdad, la justicia, la reparación del daño y las garantías de no repetición lleguen a todos los casos y podamos recuperar la confianza en las instituciones públicas”.