MADRID, España.— En la primera sesión del histórico juicio contra doce líderes políticos y activistas que promovieron el referéndum de independencia de Cataluña, las defensas de los acusados señalaron que este juicio “vulnera los derechos constitucionales” de sus clientes, que se trata de un “juicio político” y en el que parece que “ya está escrita la sentencia en su contra”. A lo largo de la jornada se produjeron concentraciones en diversas ciudades catalanas, principalmente en Barcelona, hubo cierre de carreteras por los Comités de Defensa de la República (CDR), pero sin incidentes mayores. Al término de la primera sesión en el Tribunal Supremo, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, compareció ante los medios para calificar que este juicio es un “ataque a la democracia” y pidió la inmediata excarcelación de los detenidos. “Es un acto de venganza contra un pueblo que puso sus cuerpos contra las porras” de la policía y pidió al gobierno de Pedro Sánchez que se vuelva a sentar “en la mesa del diálogo”. Y es que los partidos catalanes vincularon la aprobación a los presupuestos este miércoles a que Pedro Sánchez abogue por disminuir las penas contra los presos catalanes y que se permita el derecho de autodeterminación de Cataluña. Si Sánchez no consigue la aprobación en el Congreso de los Diputados este miércoles, estará orillado a convocar a nuevas elecciones, para lo cual se barajan tres fechas, el 14 o 28 de abril o bien el 14 de mayo. A esta presión se suma la de los partidos de la derecha, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, el partido revelación de extrema derecha, que en el juicio participa como Acusación Particular, una figura contemplada en la ley española. Torra añadió que acudirán a todos los tribunales internacionales para denunciar vulneraciones contra los líderes soberanistas presos. El juicio más importante en democracia El juicio en el Tribunal Supremo en la capital española, que ha sido considerado como el más importante en la actual etapa democrática de este país, inició a las 10:30 de la mañana, hasta donde fueron conducidos los nueve políticos presos en medio de fuertes medidas de seguridad. Y al juicio asistieron también tres acusados que se encuentran en libertad, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs. En esta sesión se desahogaron las cuestiones previas, que es un trámite judicial en el que las defensas pidieron la absolución de sus clientes y expusieron sus argumentos sobre posibles irregularidades en el proceso de instrucción y las pruebas que no les fueron aceptadas para ver si la Sala Segunda del TS las readmite. En la primera banca se encontraba el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que es el acusado de mayor peso político; junto a los exconsellers Raül Romeva y Joaquim Form. Atrás de ellos, en otra fila estaban Jordi Sànchez, exdirigente de Asociación Nacional de Cataluña (ANC), los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull. En la tercera fila, Jordi Cuixart, director de la organización civil Òmnium Cultural, la expresidenta del parlament, Carme Forcadell y el exconseller Dolors Basa. Y en la cuarta banca los tres acusados que se encuentran en libertad. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, estaba sentado en la primera fila del público. El abogado Andreu Van den Eynde, representante de Junqueras y Romeva, fue el más duro en su intervención, por considerar que este juicio “atenta contra la disidencia política y el derecho de protesta”, que es una “causa general contra el independentismo” y que a sus clientes se les está tratando “peor que a terroristas” porque se les están vulnerando sus derechos políticos. Argumentó que a los acusados se les está aplicando el “derecho penal del enemigo”, porque las acusaciones retuercen los hechos y fuerzan la interpretación de los delitos. La estrategia desplegada por los distintos abogados varió de lo puramente técnico a los que argumentos jurídicos añadiendo alegatos políticos. El abogado Xavier Melero, defensor del conceller Joaquim Forn, si bien consideró el juicio una “estafa”, pero alegó que a su defendido no se le juzga por sus supuestas órdenes políticas a los Mossos d´Esquadra, la policía autonómica, para permitir el referéndum, que son falsas. “(Forn) está aquí porque las acusaciones vienen predicando que tenía capacidad de dominio sobre la fuerza policial”, señaló Melero. El abogado Jordi Piná, defensor de los diputados suspendidos del JxCat Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, cuestionó la imparcialidad de la sala del Tribunal Supremo que los enjuiciará e invocó repetidamente las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, donde prácticamente todos creen que este caso va a acabar una vez que se desahoguen todas las instancias en España. Asimismo, reivindicó que el Felipe VI y el expresidente catalán Carles Puigdemont declaren como testigos pese a que el tribunal lo rechazó en el auto de admisión de pruebas. “Hagan de jueces, no de salvadores de la patria”, les dijo Piná a los siete magistrados de la sala que encabeza el magistrado Manuel Marchena. La sesión terminó por en la tarde y se espera que mañana, en la segunda jornada, concluyan las alegaciones de las defensas, de las acusaciones y, eventualmente, declare el primero de los 526 testigos que pasarán por el banquillo del juicio que tiene innumerables ingredientes políticos, que genera la atención de 600 periodistas acreditados de 150 medios de comunicación.