Con plantón, pobladores de Amatán exigen que se reconozca al Consejo de Gobierno Indígena y Popular

Plantón en Amatán. Foto: Especial Plantón en Amatán. Foto: Especial

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- A casi un mes del asesinato de los activistas Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez, pobladores de Amatán iniciaron un plantón en las puertas de palacio de gobierno, para exigir al Congreso local el reconocimiento del Consejo de Gobierno Indígena y Popular, luego de la renuncia del alcalde Jesús Carpio Mayorga, a quien responsabilizan de ambos crímenes.

Los representantes del movimiento civil en resistencia denunciaron la impunidad en el caso, y aseguraron que el gobierno estatal, a través de la Fiscalía General del estado (FGE), protege a Carpio Mayorga y a su hermano Wilbert, quienes a la cabeza de un grupo civil armado los atacaron el 17 de enero.

Esa noche desaparecieron Noé Jiménez Pablo y José Santiago, los cuales, heridos de bala, no lograron salir de la plaza central de donde fueron desalojados. Casi 48 horas después sus cuerpos se encontraron en el basurero municipal, con huellas de tortura e impactos de bala.

El movimiento de resistencia civil inició en septiembre de 2018, en contra del alcalde electo por Morena, PES y PT, Manuel de Jesús Carpio Mayorga, quien junto con su hermano Wilbert se han alternado la presidencia municipal desde hace 15 años.

El 22 de noviembre los pobladores crearon el Consejo de Gobierno Indígena y Popular, que buscan sea reconocido ahora por el Congreso local.

Además, denunciaron que los hermanos Carpio Mayorga –también acusados del asesinato de Carlos Guerrero Mayorga, el 23 de noviembre de 2018– siguen libres e impunes, acosando a quienes participan en el movimiento de resistencia civil.

Encubrimiento criminal en Amatán

El abogado Leonel Rivero dijo hoy que la agresión perpetrada el 17 de enero contra los integrantes del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán, es un desafío al Estado mexicano por parte del grupo político-criminal que ha gobernado Chiapas en los últimos años.

Asimismo, aseguró que la acción no pudo ser orquestada por los caciques Carpio Mayorga sin el respaldo de sus jefes políticos.

Detalló que los hechos demuestran que en ciertas zonas de la República mexicana sigue vigente el Estado fallido, y que existe una simbiosis entre delincuencia organizada y autoridades, que en el caso de Amatán es prohijada por un poder político aliado a Morena, ya que bajo las siglas del partido accedieron varios miembros de ese grupo político-criminal.

Rivero señaló que el asesinato de Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez evidenció la incapacidad del Estado mexicano para proteger a los defensores de derechos humanos, así como la ineficacia para controlar, mediante el poder punitivo, la actuación de los grupos político-criminales enquistados dentro de la estructura estatal.

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