Corral presenta controversia ante la SCJN contra Federación por acaparar fondo minero

Javier Corral y 23 alcaldes de Chihuahua impugnan ante la SCJN modificaciones al fondo minero. Foto: Miguel Dimayuga Javier Corral y 23 alcaldes de Chihuahua impugnan ante la SCJN modificaciones al fondo minero. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El gobernador Javier Corral Jurado y 23 alcaldes y alcaldesas de diferentes partidos e independientes, excepto de Morena, presentaron hoy una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra el gobierno federal por acaparar los recursos del Fondo Minero.

El gobernador de Chihuahua llamó a otros alcaldes y gobernadores del país, a interponer la controversia constitucional respectiva, porque de no poner un freno, la tendencia es continuar con esa práctica que afecta principalmente a los municipios del país.

“Venimos a respaldar a los municipios de Chihuahua y al de Álamos, Sonora, para presentar una controversia constitucional contra la decisión del gobierno federal de adjudicarse todos los recursos del Fondo Minero, para financiar tandas de crédito a la palabra. Ese fondo era para municipios principalmente mineros y acudimos a la Corte para que sea rectificada, que se restaure el sentido y el espíritu original que fue el fruto de la lucha municipalista en el Senado, con motivo de la Reforma Energética”.

A los chihuahuenses, se sumó el alcalde de Álamos, Sonora y Javier Corral recordó a los medios de comunicación en la sede de la SCJN, que el origen del Fondo Minero es para el uso de infraestructura básica de los municipios.

“Este fondo hasta ahora se distribuía entre estados, municipios y gobierno de la República. Ahora pretende quedárselo todo para financiar tandas a microcréditos a la palabra”, refirió el gobernador panista.

A los alcaldes y al gobernador los acompañaron además legisladores locales y federales, así como el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Enrique Vargas del Villar.

Los demandantes también presentaron una carta dirigida al presidente de México para solicitar una reunión en la que escuche el planteamiento de los presidentes municipales respecto del Fondo Minero y del aprovechamiento en sus respectivas localidades.

“Se ha dicho, de manera inexacta, que los alcaldes integraban ese dinero en su presupuesto municipal. Es ignorancia o es mala fe, porque había un Comité con representación que valoraba y autorizaba los proyectos”, señaló Corral.

Hizo énfasis en que el Fondo Minero es un fideicomiso que se creó a partir del 2014 por el Senado de la República, con el impulso de municipios mineros, que consiste en que las compañías mineras que operan en el país paguen un 7.5 por ciento de impuesto por los materiales que son extraídos, para que esos recursos se apliquen en obras de beneficio de las comunidades en donde operan las minas.

Hasta el 2018 ese recurso era administrado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y concentraba los recursos que para 2019 estaban presupuestados alrededor de 3 mil millones de pesos.

Como beneficio de ese fondo, en 28 de los municipios mineros de Chihuahua se han construido 330 obras de infraestructura como pavimentación, agua potable, de salud y educación, entre otras, con una inversión de mil 278 millones hasta 2017.

“Ahora acudimos ante la Corte para que esta medida sea rectificada, se restaure el sentido y espíritu original de este fondo que fue fruto de una lucha federalista, diría yo municipalista en el Senado de la República”, insistió Javier Corral.

Y agregó que buscan que esos recursos regresen a infraestructura básica, no para programas asistenciales como pretende el presidente de la República, sino para infraestructura urbana, construcción de plazas, pavimentación, acciones para el deporte, la salud y la vivienda.

“Es importante atajar ese acaparamiento de recursos porque se está instalando una regresión al autoritarismo y vulnerando el federalismo; se tiene que dar la batalla con decisión, porque esto va a ir creciendo”, advirtió el gobernador.

Corral explicó que no se oponen a los programas sociales del presidente, pero se trata de fortalecer a los municipios:

“Cancelar la infraestructura para beneficiar un programa individual, no sólo generaría tensiones sociales que afectarían actividades mineras, sino atrasarán de manera permanente a los municipios que se han beneficiado con el fondo minero. Pedimos una audiencia pronta, para que escuche los argumentos de los alcaldes y municipios, porque ahora se dice de manera inexacta que los alcaldes integraban el Fondo al presupuesto ordinario y lo mezclaban para otro tipo de fines. Es un desconocimiento afirmar eso, o es ignorancia o mala fe, porque había un mecanismo, comités técnicos en los estados gobiernos para valorar y aprobar proyectos de inversión y se aplicaban, no entraban a los presupuestos de los municipios”.

Noel Chávez Velázquez, el alcalde de Guadalupe y Calvo, uno de los municipios con mayor número de empresas mineras en operación, respaldó a Corral y dijo que en ese municipio tienen una de las empresas más importantes del país, la de San Julián que está a cargo del Grupo Peñoles y Fresnillo, una de las principales productoras de oro y plata, para lo que aprovechan gran parte de los recursos naturales.

Con los recursos del Fondo Minero que destinarían para este año y que calculan en 46 millones de pesos, planeaban realizar seis encementados y construir un rastro municipal, ya que ninguna partida les permite hacer esta última obra, a pesar de que son un municipio con actividad ganadera.

“Planeamos sacar del rezago a muchas localidades, se sabe que somos un municipio violento, pero debemos participar y revertir ese rezago con obra de infraestructura social. Es un llamado con respeto, estamos de acuerdo con los programas sociales, los aplaudimos, pero con recursos del mismo gobierno federal”.

La alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, dijo que se pierde la posibilidad de pavimentar las calles, infraestructura escolar, el rezago de agua potable, entre otras, aseguró que el año pasado se ejercieron en ese rubro, 5 millones de pesos que se han transparentado.

Corral dio a conocer que más alcaldes de Zacatecas y de Sonora tenían planeado interponer sus respectivas controversias constitucionales, ya que mañana vence el plazo para hacerlo.

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