TOLUCA, Edomex. (apro).- El 16 de febrero se realizará la audiencia de declaración preparatoria por reposición del procedimiento para los tres presos de Tlanixco que fueron parte del Toca de Apelación 113/2018, sentenciados a más de 50 años de prisión por defender su derecho al uso del agua del Río Texcaltenco. José Antonio Lara, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), anticipó que durante la audiencia se solicitará la inmediata libertad de Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González y Lorenzo Sánchez Berriozábal, pues “ha quedado totalmente demostrado, en todos los ámbitos: jurídico, social, político e internacional, que son inocentes”. El abogado confió en que, aun cuando esta audiencia excluye a Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal y Rómulo Arias Mireles, sentenciados en 2007 también a más de 50 años de cárcel, la decisión creará un “efecto dominó”, debido a que su proceso estuvo plagado de los mismos vicios: tampoco se respetó su calidad de indígenas y las pruebas utilizadas estuvieron corrompidas. Los seis indígenas nahuas fueron acusados de la muerte de Alejandro Issak Basso, un floricultor de Villa Guerrero, ocurrida en 2003. A la fecha, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) y Front Line Defenders han evidenciado la posibilidad de que los detenidos estén siendo criminalizados por la defensa de su derecho al agua. Entre las anomalías del proceso, enlistaron que fueron enjuiciados con declaraciones de testigos que no estuvieron presentes en el momento y lugar de los hechos y emitieron declaraciones incoherentes e inverosímiles. Además, advirtieron desigualdad frente a los tribunales y en el acceso a la justicia; no respeto del principio de individualización de la pena; y que se les desconoció la calidad de pueblo originario durante las audiencias. En enero pasado, el Congreso del Estado de México aprobó una resolución en la que pidió a la Fiscalía mexiquense (FGJEM) “desistirse de la acción penal” contra los indígenas nahuas oriundos del municipio de Tenango del Valle. Apenas hace unos días, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) reconoció que en el procedimiento penal que se siguió a los defensores del agua no se actuó con apego al derecho de presunción de inocencia, no se observaron las garantías del debido proceso, se valoraron testimonios improbables de personas que no habían estado presentes en el lugar de los hechos, no se individualizó la pena y hubo ausencia de una defensa adecuada en su carácter de personas indígenas. Al día de hoy, tanto el fiscal Alejandro Gómez como Sergio Medina Peñaloza, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), reconocen que los casos son analizados en busca de una salida jurídica adecuada.