Cuidado infantil no es un asunto del ámbito doméstico y privado, reprochan ONG a AMLO por estancias infantiles

Una reunión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Foto: Tomada de Twitter: @SIPINNA_MX Una reunión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Foto: Tomada de Twitter: @SIPINNA_MX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Representantes de la sociedad civil que colaboran con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), reclamaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador su intención de deslindar al Estado mexicano de su responsabilidad internacional de “garantizar que se protejan los derechos del niño y se atienda a su interés superior”, de acuerdo a las observaciones de Comité de los Derechos del Niño, a través del recorte del presupuesto a las estancias infantiles.

En un pronunciamiento firmado por ocho miembros de la sociedad civil del SIPINNA y a 16 integrantes del Consejo Consultivo del mismo sistema, cuestionaron la decisión del gobierno federal respecto al Programa de Estancias Infantiles (PEI) ya que “se asume que la responsabilidad del cuidado infantil es un asunto del ámbito doméstico y privado; y no de interés público y corresponsabilidad entre el Estado, la comunidad y la familia”.

Tras citar postulados del artículo 4º Constitucional, diseñado con base en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México en 1990, así como lineamientos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que obligan a que “en todas las decisiones y actuaciones de Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos”, y que los menores “deberán disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que aseguren su desarrollo integral”, los expertos enlistaron algunos riesgos de la disminución presupuestaria para el PEI.

Para los integrantes civiles del SIPINNA, se ponen en riesgos los servicios de cuidado adecuado para niños y niñas sin seguridad social, sobre todo “ante el escenario de que las estancias infantiles, privadas y comunitarias que hoy les prestan servicios cierren operaciones debido a la disminución de niñas y niños asistentes, particularmente los mayores de tres años, quienes a partir de los cambios al programa ya no serán beneficiados”.

A ello se agrega que se ponen en peligro “la vida, la seguridad y el adecuado desarrollo de las niñas y niños más pobres, frente a cuidados de mala calidad provistos por instituciones o personas sin adecuada capacitación, supervisión y acompañamiento”, y se deja a merced del mercado “las alternativas de cuidado infantil para las familias que menor capacidad tienen para pagar un servicio de calidad; incrementando así la brecha de desigualdad, en específico de género”.

Al destacar que en el esquema alterado por la decisión federal, las estancias que formaban parte del programa estaban sometidas a “supervisión, acompañamiento y capacitación  brindadas por el Sistema Integral de la Familia”, con las modificaciones al presupuesto “se olvida que el proceso de socialización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes la convivencia y los aprendizajes entre pares son centrales para su desarrollo integral”.

Se considera que con el recorte “se perjudica a las familias en hogares nucleares, ampliados y compuestos al imponer una carga adicional sobre mujeres adolescentes y niñas del hogar por falta de opciones de cuidado formal”, además de que se impone a personas adultas mayores en pobreza “una carga de responsabilidad que, de acuerdo a la evidencia, podría tener efectos negativos sobre su salud física y mental”.

Ante estas consideraciones los representantes de la sociedad civil e integrantes del Consejo Consultivo del SIPINNA urgieron al Estado mexicano a que “asuma plenamente su obligación de garantizar el cuidado y adecuado desarrollo de las niñas y niños más pequeños y más pobres, y articule una política integral de primera infancia desde el enfoque de derechos y de género”.

Se pide que se “reconozca que el cuidado y desarrollo infantil es un asunto de corresponsabilidad ente el Estado, la sociedad y la familia, así como el más alto interés público”, aunado a que se diseñen “alternativas que aseguren las opciones de cuidado infantil para todas las familias”, de manera particular a las familias sin seguridad social, “y se asuma plenamente la obligación del Estado acompañar, fortalecer, capacitar y supervisar a las estancias privadas y comunitarias que aseguren la prestación de servicios de alta calidad”.

Los expertos recomendaron que se “fortalezca la oferta de programas de cuidado y desarrollo infantil a través de modelos de educación inicial y de la promoción de competencias psicosociales para el tránsito a preescolar” y que se trabaje en esquemas para dar “orientación a madres, padres y/o cuidadores en prácticas de crianza respetuosas de los derechos de las niñas y niños”.

Otras recomendaciones se refieren a la generación de información pública sobre las alternativas de cuidado infantil de las familias más pobres del país “y se analice sistemáticamente la evidencia existente sobre los efectos que el cuidado de los abuelos, y principalmente de las abuelas, que por cuestiones de género han asumido esa responsabilidad, de las familias en pobreza que tiene sobre su salud física y mental; así como sobre todas las demás dimensiones del desarrollo de niñas y niños bajo su cuidado”.

Los expertos de la sociedad civil alentaron a definir “un sistema de evaluación para medir los efectos de las transferencias directas o las modificaciones programáticas que se realicen para atender la demanda de cuidado y desarrollo infantil, mediante acuerdos con instituciones superiores educativas en los estados de la República”.

Exigen que se reconozca que el Estado “tiene la obligación de ser garante de los derechos de las niñas, niños y adolescentes desde la primera infancia y de actuar bajo los cuatro principios de la Convención sobre los Derechos del Niño/Niña: no discriminación, el interés superior del niño/niña, derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, y participación infantil”.

Los firmantes puntualizaron que el Estado no puede claudicar ante la su obligación internacional de considerar como prioridad que “en todas las medias concernientes a los niños/niñas que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial que se atenderá el interés superior del niño/niña”, de acuerdo a dicha Convención.

Firmaron el pronunciamiento los ocho integrantes de la sociedad civil integrados en el SIPINNA, Aranzuzu Alonso Cuevas, Consuelo Morales Elizondo, David Calderón Martín del Campo, José Ángel Fernández Uría, Juan Martín Pérez García, Nelia Bojórquez, María Isabel María Crowley y Tere Lanzagorta.

A ellos se sumaron 16 integrantes del Consejo Consultivo del SIPINNA, Antonio Rizzoli Córdoba, Carlos Ríos Espinosa, Eduardo Sojo Garza, Gabriela Warkentin, Ignacio Maldonado Martínez, Javier Esteinou Madrid, José Antonio Pérez islas, Laura Alvarado Castellanos, Leticia Bonifaz, María Josefina Menéndez Carbajal, Mario Luis Fuentes Alcalá, Mauricio Merino, Norma Alicia Del Río Lugo, Roberto Tapia Conyer, Silvia Elena Giorguli Saucedo y Silvia Marta Novoa Fernández.

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