CHILPANCINGO Gro. (proceso.com.mx).- Más de 400 personas desplazadas por la violencia en la entidad, entre niños, mujeres y hombres, partieron en caravana rumbo a la Ciudad de México para realizar un plantón en el Zócalo con el propósito de exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que intervenga ante la crisis humanitaria que se vive en Guerrero. Las víctimas, son indígenas nahuas y mestizos del municipio de Leonardo Bravo en la sierra y el poblado de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala en la región Centro donde los conflictos entre grupos armados han desplazado a más de tres mil personas desde el año pasado. A bordo de autobuses y autos particulares, los desplazados partieron de la zona norte de esta capital cerca de las 11:00 horas, expresando su indignación ante la omisión del gobierno de Héctor Astudillo Flores frente a la espiral de violencia. Las víctimas señalaron que de esta manera buscan visibilizar el drama que se vive en Guerrero donde grupos armados controlan regiones completas y la impunidad ha colocado a la entidad en los primeros lugares de violencia en el país. Al respecto, el director del Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, Manuel Olivares Hernández dijo que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez tampoco ha atendido sus peticiones. Los desplazados van a solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador, el desarme del grupo armado de Tlacotepec que dirige Humberto Moreno, primo del secretario de Desarrollo Social del gobierno estatal, Mario Moreno Arcos y que mantiene tomadas varias poblaciones del municipio de Leonardo Bravo. Así como del grupo armado de Chilapa y Quechultenango que lidera la familia del diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez y que mantienen una brutal confrontación en la zona indígena de la región Centro de la entidad. También, plantean que el gobierno federal asuma el control de la seguridad en el corredor minero y de amapola que sube de Xochipala a Tlacotepec y de los municipios de Zitlala y Chilapa. Además, solicitaron una indemnización por el daño físico y moral que les ha provocado el desplazamiento forzado y la pérdida de sus bienes que dejaron en los pueblos que abandonaron por la violencia. “Que se nos garantice el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, al trabajo para todos. Y que se reconstruya el tejido social y se les brinde atención psicológica a los niños, porque ellos son los más afectados”, expresó uno de los desplazados.