AMLO acepta allanarse ante la CIDH en el caso Pasta de Conchos; evalúa rescate de cuerpos

La mina Pasta de Conchos, de Grupo México. Foto: Eduardo Miranda La mina Pasta de Conchos, de Grupo México. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El rescate de los restos de los 63 mineros que quedaron atrapados en la mina Pasta de Conchos en 2006, ayudaría a la reconciliación, afirmó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al cumplirse 13 años del siniestro que cobró la vida de 65 trabajadores, a cuyos deudos se les cerraron todos los expedientes y ahora confrontan el Estado Mexicano en instancias internacionales, el mandatario anunció que está dispuesto a dejar de litigar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“(Haremos) todo lo que signifique hacer justicia y dejar en libertad los procedimientos para que las autoridades competentes resuelvan. Lo que me está preguntando: o sea sí, estamos en condiciones de liberar procesos, de no litigar en hechos que obstruyan la procuración de justicia” dijo.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario instruyó a la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que tomara nota de la posición asumida por su gobierno.

Además, detalló que estaría dispuesto a conseguir que la empresa lleve a cabo una exploración y rescate de los cuerpos que quedaron atrapados en la mina, siniestrada el 19 de febrero de 2006.

“Creo que eso ayudaría mucho en la reconciliación entre las partes y en el marco de la reconciliación nacional. Que especialistas del mundo puedan opinar para que, si es posible, se hagan las excavaciones y se rescaten los cuerpos, los restos de los fallecidos. Es curar heridas”.

Lo anterior, dijo, independientemente de la impartición de justicia y la reparación de daños.

Finalmente, consideró que lo más importante para los deudos es que se rescaten los restos de sus familiares por lo que pidió a Sánchez Cordero que tomara nota de esa postura a fin de que se analice, técnica y científicamente la viabilidad del rescate.

Tras el siniestro que cobró la vida de 65 trabajadores, Grupo México, empresa de Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de México, anunció que mantendría labores para la recuperación de cuerpos, al asegurar que en el interior no había posibilidades de vida ya que las temperaturas del estallido superaron inclusive las de un horno crematorio.

Irregularidades

Durante los meses siguientes, mantuvo las actividades de recuperación, pero el hallazgo de dos primeros cuerpos cuya autopsia reveló que murieron por asfixia y no calcinados, marcó el punto de suspensión bajo un análisis pseudocientífico que el gobierno de Felipe Calderón dio por bueno, suspendiendo con aval gubernamental la búsqueda de cuerpos, pero también la posibilidad de un peritaje que deslindara responsabilidades.

Transcurridos 12 años desde el siniestro y con expedientes a los que se les dio carpetazo tanto en el gobierno de Calderón como en el de Enrique Peña Nieto, las familias consiguieron que el caso fuera admitido en la CIDH en marzo del año pasado a pesar del activismo del Estado mexicano para evitar que se abriera el expediente en el Sistema Interamericano por diferentes violaciones a derechos humanos.

La posición asumida hoy por el presidente López Obrador constituye el primer caso en la actual administración en el que, como jefe de Estado, anuncia su intención de allanarse en un procedimiento internacional de derechos humanos.

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