La abogada Basay-Yildiz, la policía alemana y la célula neonazi NSU

BERLÍN, Alemania.- El pasado 2 de agosto la abogada alemana de origen turco Seda Basay-Yildiz recibió un fax en su despacho de Frankfurt: “¡Miserable turca cerda! No acabarás con Alemania. Mejor que te vayas a la mierda mientras puedas salir con vida de aquí. En represalia mataremos a tu hija…”.

El mensaje caló en la litigante. La amenaza, a diferencia de otras que con frecuencia recibe, mencionaba datos privados que ningún extraño podría saber: su dirección de casa y el nombre completo de su hija de dos años.  Más aún, el escrito concluía con una firma: NSU 2.0. La rúbrica hace referencia a una supuesta segunda generación de la célula neonazi NSU que durante más de una década actúo impunemente a lo largo y ancho del país y mató a nueve alemanes de origen turco.

Al día siguiente de recibir la amenaza Basay-Yildiz presentó una denuncia ante la autoridad y con ello destapó una historia que mantiene indignada a la opinión pública alemana pues todo apunta a que elementos de la propia policía de Frankfurt son los posibles autores de la amenaza o al menos habrían contribuido a ella.

El caso, cuya dimensión aún se desconoce, deja al descubierto una problemática que preocupa a las autoridades de este país: que hay integrantes de los grupos policiacos alemanes que comulgan con la extrema derecha y el movimiento neonazi.

Conexiones sospechosas

Seda Basay-Yildiz de 42 años es hija de inmigrantes turcos, pero nació, estudió y ha desarrollado su vida profesional en Alemania. Es, pues, alemana. Como abogada, representó a la familia de una de las víctimas de la célula NSU en el que se denominó el juicio del siglo en Múnich. También ha representado a islamistas considerados por el gobierno alemán como potenciales terroristas. Tal es el caso de los tunecinos Sami A., supuesto guardaespaldas de Osama Bin Laden, y Haykel S., a quien le acusan de haber preparado para el Estado Islámico un atentado fallido en Alemania. Justo en el contexto de estas defensas es que recibió el primer fax de odio en el verano de 2018.

Cuatro meses habían pasado desde que presentó la denuncia por amenazas cuando en diciembre pasado la abogada se enteró por reportes de prensa sobre un grupo de policías en Frankfurt que eran investigados por el delito de incitación a la xenofobia y uso de símbolos anticonstitucionales. De inmediato, vinculó su caso con éste y al preguntar directamente a las autoridades, éstas confirmaron la posible conexión entre ambos asuntos.

La historia saltó entonces a la prensa a finales de año causando estupefacción en una parte de la opinión pública. Y es que, las primeras pesquisas en torno a la amenaza contra la abogada, llevaron a los investigadores hasta la comisaría 1 de la policía de Frankfurt. Ahí se descubrió que desde la computadora de una policía se ingresó a la base de datos que contiene información confidencial y se extrajo información personal de Basay-Yildiz sin que existiera un motivo o una petición formal para ello.

Los focos rojos se encendieron y la autoridad procedió no sólo a incautar el equipo informático sino también el celular de la funcionaria y a investigar su entorno. Así es que se descubrió en su teléfono móvil un chat grupal en WhatsApp en el que ella y cuatro colegas de la misma comisaría intercambiaban material con contenido de extrema derecha, entre ellos fotografías de Hitler y emblemas nazis.

De inmediato se suspendió a los policías de sus labores y comenzó una investigación, que aún está en marcha. La fiscalía de Frankfurt busca, por un lado, establecer la dimensión del grupo y los vínculos que pudieran existir con agrupaciones neonazis del estado federado de Hessen, y, por el otro,  esclarecer la posible participación de estos elementos de la policía en la amenaza contra Basay-Yildiz como presuntos autores o cómplices al haber facilitado la información privada de la litigante.

Pero la historia no termina ahí. Justo al día siguiente de que el comité interior del parlamento estatal tuvo su primera sesión para abordar el escándalo neonazi de la policía de Frankfurt, la abogada de origen turco recibió una segunda amenaza.

Igual que la vez anterior, fue mediante un fax que llegó a su despacho el 20 de diciembre pasado. Esta vez el mensaje hizo referencia directa al caso de los policías suspendidos y, nuevamente, mencionó datos privados: la amenaza de muerte no sólo se reiteró a su hija, sino también a su esposo y padres. Todos, mencionados con nombre y apellido: “¡Tu (…) evidentemente no te diste cuenta de lo que hiciste a nuestros colegas policías! (…) Pero ahora viene algo verdaderamente gordo para tí, cerda turca”, reza el mensaje con una serie de ofensas y descripciones de cómo cobrarían venganza. La rúbrica final, según reportan los diarios que tuvieron acceso a la amenaza, es nuevamente un “Heil Hitler, NSU 2.0”.

Con la esperanza de que luego de este segundo mensaje los investigadores pudieran descubrir quién o quiénes se encuentran detrás, ni la abogada ni la fiscalía de Hessen quisieron que saliera a la luz pública. Pero tras semanas sin éxito, el pasado 15 de enero se coló a los medios.

Los detalles de la historia que salen a la luz a cuenta gotas debido a la lentitud de la investigación no sólo agrandan el estupor ante la dimensión y alcance que pudiera tener una célula neonazi dentro de la policía alemana, sino que irritan también: una de las recomendaciones que dio la autoridad a la abogada cuando informó de la segunda amenaza fue que tramitarse un permiso para portar armas y adquirir una para poder protegerse.

Problema estructural

“Si bien aún es demasiado pronto para hablar propiamente de la existencia de una célula NSU 2.0 que pretenda cometer atentados contra ciudadanos de origen extranjero, tampoco significa que lo que está sucediendo no deba tomarse en serio. Por ahora sólo tenemos hechos factuales como las amenazas contra la colega Seda Basay-Yildiz, el grupo de policías sospechosos de extremismo de derecha y una investigación que busca descubrir si hay vinculación entre ambos casos”, señala en entrevista con Proceso el abogado Onur Özata.

Especializado en la representación a víctimas de actos de violencia y crímenes de odio por motivos políticos, el también profesor de derechos humanos en la Escuela Superior de Economía y Derecho de Berlín, es contundente: “El peligro del extremismo de derecha en Alemania es real y se ve favorecido por los acontecimientos de los últimos años como la crisis de los refugiados y el fortalecimiento del partido de derecha Alternativa por Alemania (AfD)”.

-¿Cómo se explica la tendencia a la radicalización de algunos elementos de la policía?, se le pregunta.

-“Es importante señalar que la mayoría de los agentes de policía en Alemania hacen un trabajo excelente cada día y son ejemplo para la sociedad. Pero tampoco se puede negar que existen problemas estructurales en la autoridad policial y que los recientes incidentes no son en absoluto aislados”.

Y abunda sobre la complejidad que implica el trabajo diario de la policía y su vulnerabilidad frente a posiciones extremistas:

“La lucha diaria contra delincuentes y la confrontación constante con lo peor de los problemas sociales puede llevar a los agentes de policía a sentirse frustrados y tener una imagen distorsionada de la realidad. A ello se suma la relación natural de superioridad que existe entre policías y ciudadanos al portar los primeros uniformes, armas, ejercer autoridad y tener el derecho legal al uso de la fuerza. Todo ello fomenta el surgimiento de un pensamiento autoritario y reaccionario y el deseo de soluciones simples y radicales dentro de los cuerpos policiacos”, explica.

Y es que, lo que durante los últimos años la prensa ha reportado como casos aislados parece ser ahora una tendencia a la alza. Tan sólo tres ejemplos recientes:

En septiembre pasado un estudiante de la academia de policía en Sajonia denuncio públicamente racismo y xenofobia entre sus compañeros de formación revelando conversaciones dentro de un chat grupal; el Tribunal regional de Halle, también en Sajonia, investiga de momento a un oficial de policía quien habría facilitado información confidencial a una neonazi, acusada a su vez de cometer lesiones físicas en contra de un hombre; y, por último, la reciente suspensión de un policía antidisturbios, quien durante la última visita de estado del presidente turco Recep Tayyip Erdogan se registró bajo el nombre Uwe Böhnhardt, uno de los tres integrantes de la célula neonazi NSU.

Pero la policía no es la única institución alemana en la que se ha filtrado la tendencia de extrema derecha. Durante el juicio que se siguió contra el trío neonazi, la defensa de cada una de las nueve familias de las víctimas denunció un racismo estructural dentro del sistema de impartición de justicia y los cuerpos de seguridad.

Özata, al igual que Basay-Yildiz también representó a familiares de víctimas del grupo criminal y menciona al respecto:

“En Alemania hay un problema de racismo institucional que quedó demostrado en la investigación en torno al NSU. En el caso se sospechó durante mucho tiempo de los familiares y de las propias víctimas, quienes fueron tratados como perpetradores simplemente por su origen turco. El racismo pre existente evitó apuntar hacia los verdaderos autores pues no se consideró que neonazis estuvieran detrás de los crímenes. De haber sido así, algunos de los asesinatos podrían haber sido evitados”, asegura.

Y remata: “Por desgracia, todavía se observa en Alemania que los actos racistas a menudo no se reconocen como tales y se minimizan, lo cual es muy peligroso porque además de que no se aclara el alcance real de los crímenes, se revictimiza a las víctimas”.

Por el momento, la opinión pública sigue a la espera de conocer la identidad de quienes firman amenazas como la nueva generación NSU 2.0 y la dimensión del escándalo neonazi de la policía de Frankfurt.

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