CNDH pide al Congreso revisión “integral y objetiva”sobre Guardia Nacional

El órgano consultivo de la CNDH reprobó que se pretenda incrementar el "poder político y económico” de las Fuerzas Armadas con la Guardia Nacional. Foto: Octavio Gómez El órgano consultivo de la CNDH reprobó que se pretenda incrementar el "poder político y económico” de las Fuerzas Armadas con la Guardia Nacional. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En vísperas de que se vote en el Senado el dictamen para la creación de la Guardia Nacional, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sostuvo que el proyecto “no garantiza ni contribuye a terminar con la impunidad”, además de que contraviene recomendaciones y sentencias internacionales en materia de derechos humanos.

Al lamentar que el dictamen no haya considerado la opinión de los expertos nacionales e internacionales, el órgano consultivo reprobó que por otro lado se pretenda incrementar “su poder político y económico” que tienen las Fuerzas Armadas otorgándoles funciones “tradicionalmente reservadas a instituciones civiles” como lo es la construcción y administración de obra pública.

Ello, añadió el organismo “generaría el riesgo de reducir los incentivos para que, una vez superada la situación de emergencia por la que atraviesa el país, renunciaran a tales atribuciones en favor de las autoridades e instancias civiles, perpetuando así una situación atípica que en nada beneficia al fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho”.

En un comunicado, el órgano colegiado hizo un llamado “respetuoso pero firme” al Congreso de la Unión para “privilegiar el respeto y protección de los derechos humanos” en las modificaciones constitucionales en discusión tanto para la creación de la Guardia Nacional como para la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH llamaron a los legisladores a que hagan una “revisión integral y objetiva de la problemática existente en materia de inseguridad, violencia e impunidad en lugar de privilegiar soluciones parciales y de carácter reactivo, sustentadas en el uso de la fuerza o la restricción de derechos”, como son las propuestas mencionadas.

Al pugnar porque las modificaciones propuestas se fundamenten en “información objetiva y verificable al margen de coyunturas o agendas políticas”, los consejeros reprocharon a los legisladores que, en diversos foros, expertos, organismos públicos nacionales e internacionales que compartieron información, “lejos de ser tomados en cuenta, inclusive hayan sido objeto de descalificaciones o cuestionamientos por la expresión de sus puntos de vista, como fue el caso de las organizaciones de la sociedad civil que hicieron pública su oposición a la Guardia Nacional”.

Riesgos

Sin negar que las Fuerzas Armadas continúen realizando labores de seguridad pública “de manera excepcional y temporal”, en tanto se fortalezcan las capacidades de las policías e instituciones civiles, los consejeros puntualizaron en los riesgos que constituye el proyecto de militarización planteado por el gobierno de López Obrador y apoyado por la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión.

“En los términos planteados y desde la perspectiva de los derechos humanos, la propuesta para la Guardia Nacional no es pertinente ni viable, ya que no garantiza ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad, debilita la institucionalidad civil y democrática, además de contravenir sentencias, principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país está obligado a cumplir, al regularizar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública o poner la misma a cargo de un cuerpo de franca naturaleza y carácter militar”, reflexionaron los consejeros.

A esta preocupación añadieron “el nuevo papel que, como consecuencia del planteamiento de la Guardia Nacional, se pretende dar a las Fuerzas Armadas, al asignarles tareas de obra pública, adquisiciones y otras funciones ajenas a las que constitucionalmente tienen encomendadas, con lo cual incrementan no sólo su presencia en labores tradicionalmente reservadas a las instituciones civiles, sino sobre todo su poder político y económico.

Sobre la pretensión de modificar el artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, el Consejo Consultivo de la CNDH consideró que es “un contrasentido a la reforma al sistema de justicia penal en detrimento de los derechos fundamentales de las personas y del diseño normativo que aún se encuentra en proceso de implementación”.

El Consejo puntualizó que en vez de materializar las modificaciones, lo que se requiere para abatir la impunidad es “buscar el fortalecimiento de las 33 fiscalías generales de justicia mediante el ejercicio de una autonomía plena y efectiva y a través de la capacitación y formación de los operadores del sistema en todos sus niveles jerárquicos y de responsabilidades” así como “hacer más eficiente el uso de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva actualmente consideradas en la legislación nacional”.

El Consejo Consultivo recomendó a los legisladores que en sus planteamientos de reformas legislativas se apeguen a lo establecido en el artículo 1º de la Constitución General y en los distintos tratados y convenciones de los que México es parte, toda vez que “en la construcción de políticas públicas y estrategias para el fortalecimiento de la seguridad pública, los derechos humanos no pueden ser ignorados y los mismos deben observarse como pieza fundamental y eje central en el fortalecimiento de la vida democrática nacional”.

Presidido por el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, el Consejo Consultivo de la CNDH está conformado por Mariclaire Acosta Urquidi, María Ampudia González, Alberto Athié Gallo, Michael Chamberlain Ruiz, Angélica Cuéllar Vázquez, Mónica González Contró, David Kershenobich Stalnikowitz, Carmen Moreno Toscano, Olga Noriega Sáenz y José de Jesús Orozco.

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