CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) desnudó nuevos esquemas de triangulación de recursos federales que fueron operados por el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2017, con un costo para los mexicanos de aproximadamente 730 millones 385 mil pesos. En estos esquemas de “simulación de servicios” –también conocidos como Estafa Maestra-- participaron la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), entonces dirigida por Rosario Robles Berlanga, así como Diconsa, Banobras, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y Pemex Exploración y Producción (PEP). De nueva cuenta, las dependencias federales malversaron los fondos a través de convenios con universidades y entes estatales, aun cuando, según la ASF, “ha persistido un ambiente de opacidad e irregularidades en las operaciones realizadas al amparo de contratos y convenios celebrados con entidades federales”. El organismo detalló que sobre los contratos asignados bajo ese esquema se ha documentado, por un lado, que las empresas subcontratadas emiten el comprobante fiscal de una presunta prestación de bienes o servicios, y en contraparte la requirente supuestamente recibe de conformidad esos servicios. “Se observa que el comprobante fiscal cumple con todos los requisitos legales, no obstante, avala una operación, en la mayoría de los casos inexistente, aunado a que dichas empresas en lo general no cuentan con los activos, personal, infraestructura o capacidad para producir, comercializar o entregar los bienes, e incluso algunos proveedores no fueron localizados en su domicilio fiscal reportado; en algunos casos son nexos entre empresas. Se ha detectado que dichos domicilios también corresponden a otras personas morales, donde los apoderados y representantes legales son los mismos, o se encuentran sancionados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT)”, abundó. En dos ocasiones, la Sedatu celebró convenios con instituciones señaladas anteriormente por la ASF como parte de las operaciones fraudulentas: la Universidad de Campeche y Televisora Hermosillo (Telemax). La primera recibió 85 millones 321 mil pesos, que dispersó en cuatro empresas, dos de las cuales reportaron al SAT que no tuvieron operaciones en 2017, y la segunda obtuvo 40 millones de pesos a través de dos convenios que desvió hacia dos empresas incorporadas en el Estado de México, una de las cuales no se encontró en su domicilio fiscal. La Sedatu también celebró tres convenios con la Universidad Politécnica de Tlaxcala por 188 millones de pesos por distintos servicios. La institución académica, a su vez, subcontrató a cinco personas morales –por 182 millones de pesos-- para realizar el 100% de los servicios. Una de esas instancias unitarias recibió 68 millones 273 mil pesos, a pesar de ser fantasma y no estar dada de alta en el SAT. La ASF encontró que dicha empresa dispersó 59 millones de pesos a 28 cuentas bancarias, y otra, también fantasma, distribuyó 56 millones de pesos a cinco personas. Al revisar los “entregables” –insumos por los cuales la Sedatu pagó millonadas-- se percató de que eran archivos electrónicos en los que la universidad solamente colocó su logotipo. El Instituto Tecnológico Superior de Centla, en Tabasco, es un humilde centro académico que cuenta con una matrícula de mil 555 estudiantes y 56 profesores. Sin embargo, en 2017 recibió 78 millones 114 mil pesos del gobierno federal, a través de convenios celebrados con la Sedatu, Banobras, la Sagarpa y PEP, para diversos servicios. Como era de preverse, la institución nunca tuvo los recursos humanos y materiales para cumplir con los convenios y subcontrató a 20 empresas por 72 millones de pesos, algunas de las cuales eran fantasmas. “La evidencia documental muestra que los servicios convenidos no fueron ejecutados por el (Instituto) ni por las empresas subcontratadas para tal efecto”, sentenció la ASF. Diconsa, por su parte, celebró convenios con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México (Fondict-UAEM) y el Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan (ITSCO), por los cuales pagó 537 millones 596 mil pesos entre 2016 y 2017. De este monto, la ASF estimó que se perdieron 378 millones 566 mil pesos, debido a sobrecostos absurdos, asignaciones irregulares de contratos, falta de documentación y esquemas de subcontratación fraudulentos. En 2013, el equipo de trabajo de Robles en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) utilizó el Fondict-UAEM para triangular cientos de millones de pesos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.