CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La directora de la organización Alianza Sierra Madre, Isela González Díaz, acusó que la peor arma que utilizan los perpetradores para seguir asesinando a defensores es la impunidad. “Está plenamente demostrado, y me temo que en Guadalupe y Calvo puedan seguir ocurriendo más (crímenes), porque hay una digna, dignísima resistencia defendiéndose contra el despojo del territorio y su forma de vivir”, lanzó durante la presentación del informe sobre homicidios y periodistas asesinados en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Desde la memoria… la esperanza, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT). El informe fue presentado por activistas de Coahuila y Chihuahua, quienes reprocharon al presidente Andrés Manuel López Obrador la descalificación generalizada contra las organizaciones civiles, porque su postura –subrayaron-- los coloca en un riesgo que ya de por sí es alto en el país. En rueda de prensa informaron que, de 161 asesinatos de defensores de derechos humanos en ese periodo en México, 17 corresponden a Chihuahua, 11 de los cuales eran rarámuris que defendían el territorio y el medio ambiente. Esa cifra colocó a la entidad en el tercer lugar en ese rubro. Además, el documento incluye la cifra de 47 asesinatos de periodistas en el sexenio anterior. “Hablar del nuevo gobierno es hablar de un proceso democrático que le reta profundamente y que esperamos que salga bien, porque las luchas contra la impunidad, la corrupción, contra un sistema de justicia ineficaz, es también nuestra lucha (…) El nuevo reto con las personas defensoras no se está dando, han generalizado, no se puede descalificar a la sociedad civil, llamarlos fifís, negar que hacen un trabajo importante”, lamentó Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red TDT. El activista recordó que en el incipiente gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido asesinadas siete personas defensoras de derechos humanos, y destacó que hay una continuidad con la forma de gobernar respecto de los megaproyectos. Al referirse al tren maya, la zona del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y más recientemente del proyecto en Morelos, Ríos sostuvo que López Obrador ha evidenciado que nada cambiará. “Las políticas públicas que tengan buen impacto no son sostenibles para la sociedad y el medio ambiente, ni pueden ser validadas en consultas que no están suficientemente bien realizadas, con estándares adecuados, sobre todo si hay pueblos indígenas. Se requiere que se hagan con carácter adecuado a su cultura”. Gabino Gómez Escárcega, representante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), criticó que el presidente de la República dijera que quienes conforman las organizaciones no están libres de intereses empresariales de raíz conservadora. Subrayó: “Nosotros no somos ni empresarios ni conservadores, ni muchos que conocemos que están en otras organizaciones. Estamos de acuerdo en el combate a la corrupción, pero no porque un piso esté seco, tienen que derrumbar el bosque. Nos preocupan estas generalidades que están haciendo, que se cree un ambiente propicio para que cualquier malandro se sienta con el derecho de acusarnos o incluso atentar contra nosotros, porque finalmente no lo merecemos (…) no estamos de acuerdo en ningún tipo de descalificación que haga de toda la sociedad civil, sean organizaciones civiles o sean organizaciones sociales, yo nada más digo: ¿se les olvidó? Que ‘Morena es ahora una asociación civil para transformar la vida pública del país, 3 de octubre de 2011’”. Los activistas presentes destacaron que varias de sus organizaciones reciben dinero del gobierno federal, y en el caso de Alianza Sierra Madre, sólo el 1% para un pequeño proyecto. Sin embargo, Isela González, Gabino Gómez y Juan José Villagómez, de la Casa del Migrante Saltillo; Javier ‘El Pato’ Ávila y Felipe Ruiz, de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Cosyddhac); María Eugenia Arriaga, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, y Diana Villalobos, de Consultoría Técnica Comunitaria, dieron a conocer que las organizaciones a las que pertenecen no reciben financiamiento por parte de ninguno de los tres niveles de gobierno y que continuarán con su labor de defensa y promoción de los derechos humanos. De acuerdo con Fernando Ríos, hay algunas asociaciones civiles que sí cuentan con financiamiento público, aunque mínimo, en realidad, y sería una lástima que lo dicho por el presidente (el retiro de recursos a organizaciones de la sociedad civil) se concretara, puesto que muchos proyectos realizados para beneficio de los más pobres se verían truncados. En su oportunidad, la coordinadora del Cedehm, Ruth Fierro, agregó que muchas de las organizaciones de derechos humanos, lejos de recibir financiamiento por parte del gobierno, contribuyen en el fortalecimiento de las instituciones públicas, por ejemplo, mediante labores de capacitación para las y los funcionarios. Respecto del informe, Ríos dio a conocer que la alerta es que la libertad de expresión se encuentra en peligro en el país, por lo que la intención es llamar la atención del Mecanismo de Protección para derechohumanistas y periodistas, para reforzarlo. Isela González mencionó a los 11 defensores rarámuri que fueron asesinados por defender su territorio y medio ambiente, y dijo que los rarámuris son los defensores más vulnerables porque están en las comunidades y su defensa heroica. “El gobierno federal y el gobierno del estado actuales, y los anteriores con más ganas, están promoviendo activamente, a pesar de lo que sucede en los territorios indígenas, modelos de desarrollo extractivistas. No ha pasado de moda el extractivismo en el modelo forestal, y ahora ya promueven y autorizan concesiones mineras en los territorios. No hay diferencia”, dijo la directora de Alianza Sierra Madre. Añadió: “En la Sierra Tarahumara se agrava el grado de vulnerabilidad de los defensores, más en aquellos municipios tan alejados, no sólo de la capital del estado, sino de las cabeceras municipales. Con suma dificultad tienen acceso a la justicia, a denunciar cuando los están amenazando, cuando todavía no se da el ataque, pero también están muy lejos de donde está el cuerpo policiaco o del auxilio del Estado mexicano más cercano”. González advirtió que la situación de los pueblos indígenas en aquella región se agrava porque están acosados por una política neoliberal fundada en el modelo extractivista, pero también por los cacicazgos mestizos que históricamente han intentado despojar de territorios a comunidades indígenas, y “el coctel sumamente peligroso: los brazos armados de la delincuencia organizada dentro de los territorios, donde el Estado mexicano en su conjunto no ha hecho nada por proteger esos territorios donde siguen ocurriendo los asesinatos”.