CUERNAVACA, Mor. (proceso.com.mx).- Durante el primer día de la consulta en Morelos, Puebla y Tlaxcala para decidir sobre la operación de la termoeléctrica, el gasoducto y el acueducto del Proyecto Integral Morelos, se obtuvo una participación de 16 mil 55 personas, de las cuales 13 mil 297 correspondieron a la Morelos. En conferencia de prensa, el delegado Hugo Eric Flores Cervantes y la subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social, Diana Álvarez Maury, confiaron en que este domingo la participación se redoble y se alcancen al menos las 25 mil opiniones en los territorios consultados. Respecto de las inconsistencias e incidencias, aseguraron que de las 75 casillas instaladas en Morelos, 11 se tuvieron que cerrar debido a que “no existieron condiciones para su funcionamiento”. Particularmente después de que se quemara la urna y papelería en Temoac, por parte de habitantes de Amilcingo, quienes rechazaron la consulta y exigieron justicia para Samir Flores Soberanes, asesinado apenas el miércoles pasado. Además, reconocieron problemas en los municipios de Jantetelco, Hueyapan y Cuernavaca, donde tres jóvenes fueron detenidos por “bandalizar la casilla” ubicada al norte de la capital, en las instalaciones de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social. Flores Cervantes aseguró que fue el propio gobierno federal el que solicitó al Ejecutivo estatal liberar sin cargos a los detenidos, acto en el que participó la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Además admitieron que de 45 casillas instaladas en 15 municipios de Puebla, no se instaló la casilla de San Miguel Ometoxtla, además de que cerraron dos casillas “antes de tiempo”. La participación con el 30 por ciento de las casillas capturadas fue de mil 472 personas que participaron. En Tlaxcala, mientras tanto, de 27 casillas instaladas, no se reportaron incidencias, con 24 casillas computadas la participación era de mil 786 personas. En relación con los incidentes que ocurrieron en el oriente de Morelos, el delegado dijo que eran de esperarse. “Sabíamos que teníamos el riesgo de que hubiese este tipo de incidentes, ya lo habían anunciado los opositores a la termoeléctrica. Vamos a seguir respetando como ha sido en todo momento, el gobierno federal lamenta que se obstruya la libre participación y hacemos un llamado para que todo el mundo pueda acudir y participar”, dijo. Aseguró que por la mañana “recibí una llamada del Presidente de la República y la instrucción es muy clara para todos los funcionarios federales, no caer en ninguna provocación, no caer en ningún acto de violencia, situación que ha sido transmitida a toda la gente que ha estado trabajando en este ejercicio participativo”. Este domingo se espera que la consulta continúe y el gobierno federal apuesta por colocar todas las casillas, evaluando las condiciones que existan en cada comunidad, particularmente aquellas donde la oposición es más palpable. En tanto, Álvarez Maury aseguró que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ya sostiene un diálogo con los habitantes de Amilcingo: “quiero comentarles que por parte del subsecretario Alejandro Encinas, también ha establecido contacto a través de su Unidad de Derechos Humanos con todo este mecanismo de protección de periodistas y activistas con el grupo y con la familia (de Samir Flores), si está habiendo un contacto muy cercano y el día de hoy hubo gente de parte de mi subsecretaría, el domingo también tendrán un acercamiento, desde luego que están planteadas mesas de diálogo para que esta situación, esta comunidad se pueda sentir segura”. El miércoles pasado, el líder opositor a la termoeléctrica, Samir Flores, fue asesinado en su domicilio en la comunidad de Amilcingo. Este líder había confrontado al delegado Hugo Eric Flores el día anterior en un foro sobre la termoeléctrica ocurrido en Jantetelco. Hasta el momento no existe ningún avance en la investigación, no obstante, a las pocas horas de ocurrido el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, aseguró que el crimen, no tenía relación con la actividad política de Samir, más bien insinuó que tenía que ver con el crimen organizado. La propia Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en México, aseguró que esta declaración no garantizaba justicia verdadera para Samir Flores y su familia, así que solicitó tomar medidas para evitar que estos actos se repitan y se garantice una investigación que garantice la justicia.