CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con un ambiente que calificó polarizado, el presidente Andrés Manuel López Obrador avaló el resultado de la consulta realizada en Morelos, Puebla y Tlaxcala, respecto a la culminación del Proyecto Integral Morelos (PIM). Los resultados de dicha consulta, organizada por el propio gobierno federal y operada por los llamados “Servidores de la Nación”, que fueron aplazados para darse a conocer en la conferencia de prensa matutina, expusieron una ventaja por el “sí” al PIM, con 59.5% de los votos, contra 40.1% por el “no”. Con la exhibición de una gráfica, el mandatario informó que en el estado de Morelos, 24 mil 783 personas votaron por el “sí” (57.4%) y 18 mil 2790 (42.3%) por el “no”; en Puebla, hubo 4 mil 87 (54.1%) votos a favor y 3 mil 425 (45.3%) en contra; mientras que en Tlaxcala, 4 mil 304 (86.4%) a favor, y 660 (13.3%) en rechazo al PIM. En total fueron 55 mil 715 votos, repartidos de la siguiente manera: 33 mil 174 votos a favor (59.5%), 22 mil 355 (40.1%) en contra, y 186 nulos. López Obrador, quien abiertamente promovió el “sí”, se refirió hoy a la forma en la que el PIM se impuso desde la administración pasada, sin consultar a las comunidades y represión, por lo que se creó un movimiento contrario al megaproyecto energético. “Teníamos que enfrentar este asunto, se trata de una planta terminada, con una inversión de alrededor de 25 mil millones de pesos, que no podíamos dejar que se convirtiera en chatarra, porque no es como se pensaba de empresarios extranjeros, es de la CFE, al operar esta planta permitirá alumbrar a todo el estado de Morelos. Si no se echa a andar esta planta, tendríamos que comprar la energía a precios elevadísimos, pagando subsidios”, añadió. Luego que el sábado y domingo se realizara la consulta con diferentes incidentes, el delegado federal en Morelos, Hugo Eric Flores Cervantes, limitó los disturbios a “un grupo” del municipio de Temoac, particularizando en la comunidad de Amilcingo, una de las comunidades afectadas, donde el movimiento de oposición al PIM sufrió el asesinato de Samir Flores Soberanos, uno de sus dirigentes, la semana pasada. Flores Cervantes dijo que el grupo de Amilcingo vandalizó mesas receptoras, en el propio municipio de Temoac, en Jonacatepec, donde robaron una casilla y, en Cuernavaca, donde además se detuvo a tres personas que rápidamente fueron liberadas, pues la instrucción presidencial fue “no caer en provocaciones”. El presidente López Obrador, quien expuso que hubo provocación y se quiso impedir la consulta, añadió: “Yo hago un llamado a todos para que cuando tengamos diferencias se resuelvan con el método democrático. Eso es lo mejor, por eso estoy satisfecho, porque esto es mandar obedeciendo, que sea la gente la que decida, que sean los ciudadanos los que decidan, no imponer, bloquear las casillas o querer tomar las casillas, quemar las urnas. Eso no. Afortunadamente la gente está muy consciente”. Durante la conferencia, ni el presidente, ni del delegado Flores Cervantes o la subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social de la secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Amaury, no se refirieron al crimen de Samir Flores. “Hubo incidentes, afortunadamente estuvieron muy localizados y tuvimos el apoyo del gobierno del estado de Morelos para proteger los intereses ciudadanos sin perturbación grave, sin repercusión importante. Estamos contentos con este resultado, fue transparente la votación y el conteo”, expuso la subsecretaria. Álvarez Amaury destacó la observación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como del organismo homónimo estatal. El titular del Ejecutivo advirtió que aún hay procedimientos por resolver, como los amparos, la negociación con quienes mantienen un campamento impidiendo el avance de las obras hidráulicas, y la implementación de una serie de programas sociales que acompañarán al PIM. Respecto al proyecto, acusó a los gobiernos del pasado de lo que sucede, recordando que hay una inversión por el orden de 25 mil millones de pesos que, de no culminarse el megaproyecto, se convertiría en chatarra, lo que representaría una pérdida de 4 mil millones de pesos anuales.