MADRID (apro).- Un juez español, quien públicamente se ha pronunciado contra la Ley de Memoria Histórica, suspendió de forma cautelar el informe técnico que permitía las obras para exhumar al dictador Francisco Franco de la basílica del Valle de los Caídos, como lo aprobó el Parlamento y el Consejo de Ministros. Con esa medida, la iniciativa del gobierno de Pedro Sánchez de retirar los restos del dictador del Valle de los Caídos, que pertenece al ente gubernamental Patrimonio Nacional, se enfrenta a otro obstáculo, que se suma a la negativa de los herederos de Franco para que se retiren los restos del sitio. La petición para suspender el informe que otorgó el ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial cayó en el juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Madrid, que preside el juez José Yusty Bastarreche. La solicitud de medidas cautelares contra la decisión de dicho ayuntamiento fue resuelto en forma exprés por el magistrado, dado que apenas se presentó el viernes 22. En el pasado este juez escribió un artículo académico en el que atacaba la Ley de Memoria Histórica que impulsó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y se aprobó a fines de 2007. En su opinión, esta norma provocaba “agrias polémicas de carácter político en la que se creían superados los fantasmas de la Guerra Civil”, recordaba Eldiario.es. En aquel artículo académico, el magistrado señalaba que el gobierno de Zapatero tenía “oscuras intenciones” al promover esa norma, y que “ha hecho revivir todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra Patria a aquellos momentos difíciles”. Señalaba que esa ley “representa el resquemor, el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la guerra civil en estado puro sin mezcla de grandeza frente a los que la ganaron”. La referida ley de Memoria Histórica busca que se conozca la verdad y la reparación contra miles de víctimas producto del golpe de Estado de 1936, la guerra civil (36-39) y la dictadura, que terminó con la muerte de Franco, en noviembre de 1975.