México debe rechazar presiones de EU sobre violar derechos de migrantes: ONG

La frontera entre México y EU. Foto: Eduardo Miranda La frontera entre México y EU. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una delegación mexicana se encuentra actualmente en Washington para abordar el tema migratorio, y dos organizaciones le exigieron que no acepte ningún acuerdo que criminalice a la población migrante o que “externalice” la frontera de Estados Unidos a México, a pesar de la presión de la administración de Donald Trump.

En comunicado dirigido a Olga Sánchez Cordero y Tonatiuh Guillén –respectivos secretaria de Gobernación y comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM)–, las organizaciones insistieron en que México “tiene la facultad de rechazar cualquier ‘decisión unilateral’ que lo convierta en cómplice de violaciones a derechos humanos de la población migrante”.

En la capital estadunidense, Sánchez Cordero y los demás integrantes de la delegación se reunirán hoy con Kirstjen Nielsen, la titular del Departamento de Seguridad Interna (DHS), quien implementó algunas de las medidas antimigrantes más polémicas del gobierno de Trump, como la separación de las familias o el programa “Quédate en México”.

“En el encuentro diplomático que sostendrán las funcionarias de alto nivel de ambas naciones, se tiene contemplado abordar el tema de los flujos migratorios, no solo de personas de origen centroamericano, sino también de otros continentes, como África y Asia, que están cruzando el territorio”, notificó la Secretaría de Gobernación (Segob).

Las organizaciones –Sin Fronteras y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)– señalaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tuvo un “buen comienzo” en materia migratoria, pues aceptó la “colaboración unilateral, impuesta o negociada” que consiste en recibir en suelo mexicano a los solicitantes de asilo en Estados Unidos.

Según las organizaciones, hasta el pasado 23 de febrero, las autoridades estadunidenses expulsaron a 128 solicitantes de refugio a Tijuana para que esperen de este lado de la frontera que la justicia migratoria determine sus casos.

Lo anterior, a pesar de que el gobierno mexicano anunció el pasado 20 de diciembre su nueva política migratoria, la cual planteó un cambio de paradigma, de una lógica de detención y deportación a una enfocada a la protección de derechos humanos.

“Organizaciones de la sociedad civil, de México y Estados Unidos, han llevado a cabo diferentes acciones legales para frenar esta medida toda vez que es violatoria del derecho nacional e internacional”, insistieron.

Y recordaron a Sánchez Cordero que “ninguna negociación, acuerdo o colaboración con Estados Unidos en materia migratoria o de asilo, debe estar centrada en la contención, detención, criminalización y deportación de las personas migrantes, directa o indirectamente, o la externalización de las fronteras, mucho menos consensuadas bajo presión del Estado norteamericano”.

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