Señor Director: En relación a la nota publicada en el portal proceso.com.mx sobre el procedimiento para asignar patentes de notario en el Estado de Guerrero, se informa que el proceso se realizó con total transparencia y riguroso apego a la Ley. No es correcto señalar que el gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, "se apresuró" a entregar las patentes, ya que el proceso duró 82 días desde la publicación de la Convocatoria (30-Xl-2018) a la fecha de resultados (20-11-201 9). En ningún momento se habló de "irregularidades" y sobre los aspirantes a Notario que "denunciaron amenazas" rechazamos enfáticamente esta presunción y tan no las hubo que en la Notaría número Uno, con sede en La Unión, no se tomó la protesta de ley del Notario designado, por existir un juicio de amparo pendiente por resolver. Además, en todo el proceso se respetó el derecho de los participantes a interponer quejas o denuncias, sin que nadie lo hubiera hecho. Nunca se ha hablado de "herencias", sino de la tradición que existe en el país de hijos que suelen seguir el ejemplo de los padres y ejercer libremente su profesión, con apego al artículo 5° Constitucional como ocurre en otras disciplinas. Adicionalmente, para informar y transparentar todos los pasos del procedimiento, del 10 de enero de 2018 al 26 de febrero de 2019 se realizaron 16 publicaciones en siete medios, incluido la revista Proceso. Para informar objetivamente a la opinión pública, es conveniente realizar indagatorias serias y objetivas. Haciendo uso del derecho de réplica le solicito atentamente publicar la presente para mayor conocimiento de sus lectores. Lic. Florencio Salazar Adame Secretario General de Gobierno Respuesta del corresponsal Señor director: Con relación a la postura del secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame quien asegura que la entrega de notarías a hijos de notarios y exfuncionarios estatales, fue un procedimiento transparente y no se trata de herencias sino “tradición en el país”, informo lo siguiente: Al menos tres de los cinco sinodales designados por el gobernador Héctor Astudillo para calificar el examen de los beneficiados, son servidores públicos que dependen directamente del Ejecutivo, es decir, son juez y parte. Esta situación violenta el principio de transparencia e independencia para generar certeza jurídica y ética para los aspirantes. Se trata de Rogelio Parra Silva, quien fungió como presidente del jurado y actualmente se desempeña como subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno que dirige Florencio Salazar. Así como Ignacio López Badillo, vocal del jurado y actual director del Registro público de la propiedad dependiente también de Salazar Adame y Virginia López Valencia, otra vocal y magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del gobierno estatal. Además, en la convocatoria publicada el 30 de noviembre pasado, se contemplaron 10 notarías vacantes, entre ellas la uno con sede en Coyuca de Catalán que sigue vacante porque ayer se omitió explicar por qué no se entregó esta patente y nunca estuvo considerada en las bases, la notaría uno de Chilpancingo. No obstante, el gobernador Astudillo entregó la notaría uno de Chilpancingo que no estaba contemplada en la convocatoria a Juan Pablo Leyva y Lasso, hijo del titular de esta patente quien renunció a principios de este mes por incapacidad. Sobre el caso de la notaría de La Unión que había sido adjudicada a Lázaro Vega Morales, Salazar Adame tampoco explica cuál fue el acto reclamado en el supuesto de que exista un amparo que impidió la entrega de esta patente. Sobre las amenazas denunciadas por aspirantes, esta es una realidad justificada por las víctimas que declararon públicamente para diferentes medios de comunicación y decidieron omitir sus nombres por temor a represalias ante los niveles de extrema violencia, impunidad y corrupción institucional. Ezequiel Flores Contreras Corresponsal