MÉRIDA, Yuc. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) emitió 40 recomendaciones durante 2018, en su mayoría dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Fiscalía General del Estado (FGE), además de que promovió sanciones a 211 servidores públicos. En el informe anual, el presidente del organismo, Miguel Óscar Sabido Santana, en el período fueron sancionados 211 servidores públicos estatales y municipales con amonestaciones, arrestos, suspensiones temporales sin goce de sueldo o bajas definitivas del cargo, según la gravedad de los hechos. De enero a diciembre de 2018, la Codhey recibió en su sede estatal y en sus delegaciones y representaciones en el interior del estado un total de 3 mil 566 solicitudes de atención, es decir, un promedio de 10 asuntos por día. En consecuencia, se integraron 3 mil 116 expedientes de orientaciones y gestiones y se iniciaron 330 quejas, un promedio de 20 por mes. Debido a la trascendencia de hechos que constituyeron presuntas violaciones a derechos humanos, observados a través de publicaciones en los diversos medios de comunicación, se iniciaron de oficio 35 expedientes. “Para agilizar los procedimientos, se realizaron un total de 121 conciliaciones con diversas autoridades, resguardando los derechos de los quejosos”, dijo el ombudsman yucateco. Expuso que las violaciones más recurrentes fueron: prestación indebida del servicio público, 294; detención arbitraria, 215; lesiones, 187; amenazas, 81; retención ilegal, 60; robo, 60; allanamiento de morada, 52; tratos crueles, inhumanos o degradantes, 51; violación a los derechos de los niños, 40; violación del derecho de los menores a que protejan su integridad, 38. Detalló que las diez autoridades más señaladas por los quejosos fueron: SSP, con 183; Secretaría de Educación, 29; ayuntamiento de Kanasín, 26; FGE, 25;  ayuntamiento de Mérida, 12; ayuntamiento de Progreso, 11; Secretaría de Salud de Yucatán, 8; ayuntamiento de Tekax, 6; ayuntamiento de Hoctún, 5; y ayuntamiento de Valladolid, 5. Añadió que dentro de los procedimientos de quejas se dictaron 113 medidas cautelares a un total de 18 autoridades, de las cuales 95 (84%) fueron aceptadas. Además, se interpusieron ante el ministerio público 15 denuncias penales contra funcionarios públicos por hechos que además de ser presuntas violaciones a derechos, a criterio de la propia institución, se pudieran desprender actos presuntamente delictivos. También se llevaron a cabo 169 diligencias con relación al incidente extraordinario de presentación de personas, para la búsqueda y localización de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos ilegalmente. El año pasado también se emitieron 40 recomendaciones, dirigidas a un total de 28 autoridades. Las cinco con mayor número de quejas fueron: SSP, 11; FGE, 5; presidente municipal de Motul, Progreso y Ticul, 2 cada uno.