PUEBLA, Pue. (apro).- Con más de 2 mil casos en los últimos cuatro años, Puebla ocupa el octavo lugar a nivel nacional con el mayor número de desaparición forzada de personas. En respuesta a esa problemática, este miércoles inició la conformación de la Comisión Estatal de Búsqueda. Al encabezar el foro “Rumbo a la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda”, junto con familiares y el secretario General de Gobierno (SGG), Fernando Manzanilla Prieto, María Luisa Núñez Barojas, del Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, señaló que para evitar que les afectara política y mediáticamente, los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad negaron la existencia de los desaparecidos en la entidad. “El gobierno fue el primer enemigo que como familiares enfrentamos”, expresó María Luisa, madre de Juan de Dios Núñez Barojas, quien desapareció el 28 de abril de 2017, junto con los hermanos Abraham y Vicente Basurto Linares. La activista destacó que, si bien en la entidad el asunto de las desapariciones se ha tornado “grave y urgente” en los últimos años, hubo intereses políticos que actuaron para que el fenómeno no se visibilizara, por lo que ningún aparato para atender esta problemática funciona. “En Puebla, al día de hoy, en la Fiscalía hay cero atención al tema”, expresó. De igual manera, mencionó que, como ocurre en otras entidades, en ninguno de los casos denunciados hasta ahora se tienen evidencias de la aplicación de Protocolos de Búsqueda o acciones urgentes para buscar a las personas, o que se hicieran las investigaciones correspondientes. Núñez Barojas dijo que son los familiares quienes deben hacerse cargo de investigar, buscar y aportar datos a las carpetas de investigación. Y, además, se topan con autoridades que, en lugar de apoyarlos en la urgencia, les recriminan, los culpan y hasta los criminalizan, además de tener que sortear con la corrupción que prevalece al interior de la Fiscalía de Puebla. A nombre de los familiares de personas víctimas de desapariciones forzadas en la entidad, celebró que el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido cambiara la postura que prevaleció durante los últimos dos gobiernos ligados al morenovallismo. Aunque Puebla ocupa el octavo lugar a nivel nacional con el mayor número de casos de desapariciones forzadas, abundó, esta es la primera vez que el gobierno estatal reconoce la existencia de la problemática, lo que para los familiares es “una luz” de que puede iniciarse una búsqueda real y efectiva para dar con sus seres queridos. Asimismo, confió que en este gobierno se sienten las bases para la operación no sólo de la Comisión Estatal de Búsqueda, sino también que se cree una Fiscalía especializada autónoma y una Comisión de Atención a Víctimas. En su oportunidad, Fernando Manzanilla Prieto, secretario general de Gobierno, confió en que las acciones que emprenda este gobierno interino las continuará el gobierno constitucional que entrará en funciones el próximo 1 de agosto. En tanto, Luis Soriano Peregrina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, señaló que, con este evento, Puebla inicia una nueva etapa en la que se toman en cuenta este tipo de problemáticas que afectan los derechos humanos En el acto también participaron José Arturo Pacheco Ávila, director de Vinculación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, y Virginia Archundia Bañuelos, directora de Vinculación, Capacitación y Planeación del mismo órgano, quienes señalaron que hasta ahora sólo 11 entidades del país han creado sus comisiones estatales. Los representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda reconocieron que en el ámbito nacional Puebla no se menciona como una entidad donde hay incidencia de esta problemática. “Hay una necesidad de nombrar, porque lo que no se nombra no existe. Hay que hacer visible la parte de la desaparición en Puebla, porque pareciera que es de los estados donde no pasa nada, que es una ciudad segura”, expresó Archundia Bañuelos.