CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La vida política en Estados Unidos ya entró de lleno en el periodo preelectoral para la contienda de 2020. Los actores centrales son, de una parte, Trump, rodeado de sus numerosos conflictos no aclarados con la justicia que van desde el pago de impuestos a los conflictos de intereses o arreglos con Rusia; e interesado, al mismo tiempo, en mantener la unidad del Partido Republicano que presenta fisuras que hasta ahora no se han convertido en grietas peligrosas; de otra parte el Partido Demócrata, desde su nueva posición de poder en la Cámara de Representantes, intentando debilitar al adversario y asimismo arreglando las diferencias entre sus corrientes internas.  En el primer tiempo de esta lucha, los demócratas obtuvieron un triunfo al lograr que Trump decidiera la reapertura del gobierno sin haber logrado la inclusión en el presupuesto de los fondos para su famoso muro en la sección sureste de la frontera con México. Trump reviró con una medida altamente polémica: declaró un estado de emergencia nacional que le permite utilizar fondos no aprobados por el Congreso; sus ambiciones son grandes porque van más allá de lo que había solicitado inicialmente. Espera reasignar fondos de otras partidas para obtener la considerable cifra de 8 billones de dólares.  La decisión de Trump conlleva enormes complicaciones. La primera se refiere a la veracidad del estado de emergencia. Pronto han surgido voces muy autorizadas que demuestran la falsedad de sus afirmaciones. La llegada de migrantes mexicanos que han sido detenidos por entrar sin documentos a Estados Unidos se encuentra en uno de sus puntos más bajos; la seguridad en las ciudades fronterizas del lado estadunidense es mayor que la existente en otras ciudades del país; un muro no va a detener la entrada de drogas que llegan por otros caminos y cuya distribución en Estados Unidos es el verdadero problema por enfrentar.  Lo anterior no significa que no haya problemas en la zona fronteriza, pero esos se encuentran sobre todo del lado mexicano y son, en gran parte, consecuencia de las medidas tomadas por la administración Trump. Me refiero a la presencia, en ciudades como Tijuana, Baja California, y recientemente en Piedras Negras, Coahuila, de migrantes centroamericanos que están desbordando albergues y produciendo sentimientos de xenofobia e inseguridad en la población mexicana.  Queda al gobierno de Trump explicar por qué, al insistir en pedir que México albergue a quienes esperan la respuesta a su solicitud de asilo en Estados Unidos, provoca problemas en su país vecino que, en cualquier momento, van a derramarse hacia el interior de Estados Unidos.  Las complicaciones internas de la declaración de emergencia nacional de Trump son enormes. Ésta coloca en el centro del debate un tema tan delicado como es el de las acciones del ejecutivo que atropellan y reducen el papel del Congreso. Ante ello, las resistencias provienen tanto de los legisladores demócratas como de los republicanos.  Por lo que toca a los republicanos, aunque en la Cámara de Representantes la mayoría endosó su declaración de emergencia, no ocurrió lo mismo entre los senadores, la mayoría de los cuales le había insistido en que no lo hiciera. Desde su punto de vista, si un presidente actúa libremente, reasignando presupuestos que el Congreso había fijado para otros fines, el trabajo legislativo mismo se vuelve irrelevante. El tema pone en entredicho uno de los rasgos más valuados en la democracia estadunidense: el respeto a la división de poderes y el equilibrio que debe guardarse entre ellos para impedir reacciones inesperadas y de justificación dudosa por parte del Ejecutivo (The New York Times, 16 de febrero de 2019).  Por lo que toca a los demócratas, están unidos en la condena a la declaración de Trump, basada en supuestos falsos. Por lo tanto, 16 estados de filiación demócrata han llevado el caso a las cortes solicitando que se declare su inconstitucionalidad. No es improbable que el asunto llegue a la atención de la Suprema Corte, cuya composición conservadora permite predecir que tomaría mucho tiempo antes de que se tome decisión alguna. La batalla legal va para largo.  El problema atañe indudablemente a la política interna y externa de México. Finalmente, lo que se discute tiene que ver con las acusaciones, por falsas que sean, de los males provocados por México en Estados Unidos y con uno de los símbolos más repudiados para conducir la coexistencia y buena vecindad entre dos países: construir muros.  Sin embargo, es poco probable que el tema ocupe mucha atención por parte del presidente López obrador. Se trata, en su opinión, de una cuestión esencialmente interna de Estados Unidos, de una lucha partidaria en que la relación con México no es el verdadero problema. Tiene razón, pero sólo en parte.  El marco general para las relaciones México-Estados Unidos debe tener características claras de respeto y búsqueda genuina del entendimiento. Al parecer ha quedado atrás el problema de quién paga el muro; la discusión misma que se está dando habla de quién lo pagaría. Pero el problema va más allá. Independientemente de quién lo pague y en dónde se coloque es un símbolo deleznable que los mexicanos deben condenar. Esa es una cuestión de principio.  En otro orden de cosas, hay asuntos relacionados con situaciones en la frontera que no están suficientemente aclarados. El primero es la cooperación de México para que permanezcan en nuestro territorio quienes esperan respuesta a su solicitud de asilo en Estados Unidos. ¿Es un acuerdo formal? ¿Cuáles son sus modalidades? El segundo tiene que ver con el proyecto, que parece olvidado, de la cooperación de Estados Unidos para el desarrollo de los países del triángulo del norte en Centroamérica. ¿Cómo, cuánto y cuándo llega dicha ayuda? Mientras avanza la lucha para 2020 en Estados Unidos, se hace necesaria en México información más puntual sobre las líneas centrales del entendimiento que López Obrador espera tener con quien sea que gane la  presidencia en ese país: un demócrata o de nuevo Trump.   Este análisis se publicó el 24 de febrero de 2018 en la edición 2208 de la revista Proceso