CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La magistrada Yasmín Esquivel Mossa, fuerte candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, niega los señalamientos en su contra, como los de conflictos de interés o de violación a la ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) en las designaciones de sus colaboradores en retribución a quienes han apoyado su carrera judicial. Las acusaciones las atribuye a rencillas de magistrados en retiro que pelean una pensión al Tribunal, además de la que tienen del ISSSTE como empleados públicos que fueron. En entrevista telefónica la tarde del viernes 1 de marzo, aseguró que en el caso de la Supervía Poniente no tuvo ningún conflicto de interés porque su esposo, el presidente del Grupo Rioboó, contratista cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, no participó de ninguna manera en la obra. “Además –dice– porque mi esposo no participa en el nombramiento” de los ministros de la Suprema Corte, sino que es una función concurrente del Ejecutivo y el Legislativo. “Si en algún momento un asunto del ingeniero (José María) Rioboó llega a la Suprema Corte, que por cierto no ha llegado ninguno, lo primero que haré será excusarme” en caso de que llegue a ser designada ministra por el Senado, asegura. “He cumplido una función de 20 años como juzgadora en tribunales federales y de la Ciudad de México y nunca, en ninguna de las resoluciones en que he participado, ha habido un factor externo de amistad ajeno a lo que existe en el expediente.” El tema de la Supervía, dice, se impugnó en tribunales y terminó resuelto por la justicia federal. En la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa local el caso había sido resuelto en contra de quienes impugnaron la vía, Greenpeace y ciudadanos en lo particular. La ponente del caso fue la magistrada Victoria Quiroz, quien presentó un proyecto para sobreseer el asunto al considerar que quienes interpusieron la demanda, que habían ganado en primera instancia en la Sala Ordinaria del TJACDMX, carecían de “interés legítimo” para impugnar la obra. “Mi voto fue uno de siete. Se requiere un mínimo de cuatro… Yo no lo resolví y no tengo voto de calidad. Voté conforme a derecho porque los actores no tenían interés legítimo”, ya que los particulares no demostraron ser habitantes del entonces Distrito Federal y Greenpeace no tuvo afectación en su esfera, dice la presidenta del Tribunal. Después se fueron al amparo y un Tribunal Colegiado confirmó el sobreseimiento y la Suprema Corte desechó la revisión del amparo, añade. –Pero el expediente se retuvo durante 22 meses en el Tribunal –le indica el reportero. –Es un tiempo razonable. Es algo ordinario, un año en Sala y el segundo año en la Sala Superior. Después, entre la revisión del Tribunal Colegiado y de que la Corte rechaza revisar la negativa de amparo pasó otro año. –¿No hubo prevaricato u otra violación en ese caso? –El asunto se resolvió por seis votos. No fue un asunto resuelto por mí. Además, el ingeniero Rioboó no fue concesionario ni supervisor, ni nada. Si hubiera existido algún elemento de que participó en algún momento, me habría excusado. Al hacer un análisis, el ingeniero me dijo que no participó en ninguna parte del proceso. Yo expresamente revisé y el Grupo Rioboó no tuvo nada que ver. Respeto a la autonomía Considerada como la candidata más fuerte de la terna enviada por el presidente para designar a la próxima ministra para los próximos 15 años, Esquivel Mossa abunda: La Controladora Vía Rápida Poetas, Promotora de Inversión Capital Variable y Sistema Vial de Puente, las firmas constructoras, no tuvieron ninguna participación con el ingeniero Rioboó ni su grupo. Por lo demás, el diseño de una obra representa apenas 3% o 4% de una obra. El 97% es la construcción. Pero en este caso, tampoco participó en el diseño, asegura. Insiste en que su esposo no participa en el nombramiento de los ministros y que si José María Rioboó tiene una relación con el presidente, “yo soy ajena a ella”. Rioboó argumentó a favor de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, luego de que López Obrador cancelara el aeropuerto de Texcoco. Asegura que las críticas a la decisión de la Sala Superior del TJACDMX en el caso de la Supervía son de las personas “a las que no les gustó la resolución”, mientras que los señalamientos a varios de sus nombramientos son de magistrados que están litigando en el propio Tribunal una pensión “para seguir cobrando el resto de su vida como si estuvieran en activo”. Señala a los magistrados en retiro Jorge Fernández Souza y Carlos Manuel Rebolledo Bustos. “No querían ir al juicio y nos exigían que les diéramos la pensión. Fernández Souza se molestó también porque no tenemos un fondo de retiro”. Confirmó que la magistrada Victoria Quiroz, ponente en el juicio de la Supervía Poniente, litigó contra el Tribunal para obtener su pensión como magistrada. Fue también el caso del magistrado César Castañeda. Añade: el que ya perdió fue el magistrado José Manuel Ancona. Afirma que fue Fernández Souza el autor de la carta enviada al Senado y que ella obtuvo de los propios senadores. Sobre los nombramientos de varios de sus colaboradores, acota que “han sido hechos por la Junta de Gobierno del Tribunal”, que ella preside. En el caso de la contralora interna Nicandra Castro y de María Luisa Gómez Martín, quien ingresó como secretaria general de Defensoría de Oficio, y esposa de su protector al inicio de su carrera, el magistrado federal David Jiménez González, tienen las credenciales para trabajar en esos cargos en el TJACDMX. Dice sentirse “muy optimista” de cara a la selección de la nueva ministra: “Los senadores van a revisar mi trayectoria, los resultados que hemos dado en las diferentes dependencias en que hemos estado y las relaciones respetuosas que en el Tribunal hemos tenido con los gobiernos de la Ciudad de México. “Son 20 años de ejercicio en los que he estado en diferentes tribunales y jamás he hecho ninguna acción que pudiera violentar la autonomía del Poder Judicial. Así fue cuando el presidente Vicente Fox me designó en el Tribunal Agrario, cuando el jefe de Gobierno Marcelo Ebrard me propuso como magistrada y Miguel Mancera me ratificó como magistrada.” Candidata a integrar el máximo tribunal del país hasta el año 2034, puntualiza: “Soy presidenta de la asociación de los tribunales administrativos de todo el país porque mis colegas me confiaron la independencia y presencia que pueda abanderar ahora con la facultad anticorrupción que tenemos en todos los estados, además de que soy secretaria de las juzgadoras mexicanas a nivel nacional, ambos cargos por el respeto que he tenido a la autonomía de los órganos jurisdiccionales”. Esta entrevista se publicó el 3 de marzo de 2019 en la edición 2209 de la revista Proceso.