CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras rebajar la perspectiva de calificación de Pemex de “estable” a “negativa”, la agencia calificadora Standard & Poor’s continuó con modificaciones en distintos sectores. La firma informó que revisó a “negativa” desde “estable” la perspectiva de sus calificaciones para tres transacciones de infraestructura de México y tomó varias acciones de calificación sobre 77 instituciones financieras mexicanas, tras revisar la perspectiva del soberano a negativa. En el primer caso se trató de las entidades y emisiones de deuda de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Red de Carreteras Occidente (RCO) y Concesionarias Mexiquense (CONMEX), entidades para las cuales confirmó sus calificaciones en escala global, así como de sus emisiones de deuda. En tanto, modificó la tendencia del riesgo económico para el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA, por sus siglas en inglés) de “estable” a “negativo”. Dichos cambios hechos por la firma con sede en Nueva York fueron provocados por las expectativas económicas más débiles derivadas de la disminución continua de la confianza de los inversionistas y de la incertidumbre sobre la política de energía del gobierno, y su capacidad para lidiar con pasivos contingentes crecientes, principalmente de Petróleos Mexicanos (Pemex). No es cualquier cosa, se trata del hecho de que la agencia tomó varias acciones de calificación sobre 77 instituciones financieras mexicanas tras la revisión de la perspectiva de las calificaciones del soberano y el creciente riesgo económico en el sistema bancario. “La mayoría de las acciones de calificación reflejan nuestra opinión de que las calificaciones de las instituciones financieras están limitadas por las del soberano, debido a la gran exposición de estas instituciones al riesgo país y a la naturaleza de alta sensibilidad de sus negocios al estrés soberano”, señaló el reporte de la firma. Los fundamentos de S&P se basan en una inversión moderada del sector privado, la limitada capacidad del sector público para aumentar la inversión en infraestructura, una relativamente baja calidad de la educación y la incertidumbre judicial limitan las expectativas de crecimiento a largo plazo de México. “Esperamos que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) implemente de forma pragmática sus políticas económicas, balanceando las prioridades económicas y sociales con la necesidad de mantener estabilidad macroeconómica”, acotó la calificadora. Entorno de negocios e inversiones nublado Para la agencia, “la cada vez más negativa” percepción de los inversionistas y el “más complicado” entorno de negocios es resultado de las decisiones iniciales del nuevo gobierno, teniendo como el ejemplo más notable la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. “En nuestra opinión, si la administración de AMLO no logra abordar de manera efectiva los desafíos del país y cumplir sus promesas, existe el riesgo de que el débil crecimiento económico persista, lo que erosionaría la resiliencia económica del país y las condiciones operativas para las instituciones financieras locales”, advirtió S&P. De esa forma, la severidad del impacto en el sistema bancario dependerá de cuánto tiempo tome a la economía repuntar. “Un periodo largo de tiempo ocasionaría que la calidad de activos y el desempeño operativo de los bancos se vean afectados negativamente, lo que debilitaría sus perfiles de negocio y financiero”, alertó el reporte. Sin embargo, Standard & Poor’s ya ve una actividad económica más baja como respuesta a eventos recientes como la escasez de gasolina (dada la lucha del gobierno contra el robo de combustible a Pemex), el bloqueo, por parte de maestros, de las vías ferroviarias en el estado de Michoacán, y las huelgas de trabajadores en el Estado de Tamaulipas. Derivado de dichos acontecimientos, la calificadora proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1.8% en 2019 y de 2.0% en 2020. Dada la fuerte correlación entre el crecimiento económico y el otorgamiento de crédito de los bancos, también espera que la cartera total en el sistema bancario mexicano crezca entre 8% y 9%, en 2019, y luego aumente ligeramente a 9%-10%, en 2020. “En nuestra opinión, las cautelosas prácticas de otorgamiento de crédito implementadas durante los últimos años --como se observa en la sana calidad de activos ante el moderado crecimiento real del crédito-- ayudará a los bancos a evitar un marcado incremento en los activos improductivos y en las pérdidas crediticias”, señaló el análisis de la calificadora. Además, espera desequilibrios económicos limitados, ya que considera que los precios de la vivienda seguirán en aumento a un ritmo moderado, lo que refleja una menor demanda de hipotecas en comparación con años anteriores y mayores tasas de interés. Los claroscuros del sistema bancario Del lado positivo, Standard & Poor’s espera continuidad en las políticas monetarias, cambiarias y comerciales, aunado a cambios moderados en las políticas fiscales bajo la nueva administración. En este sentido, consideró que el sistema bancario mexicano se beneficia del marco institucional que está en línea con estándares internacionales. “Estos factores permiten que la capitalización de la industria y los niveles de liquidez se mantengan sólidos”. Sin embargo, aclaró que “aún vemos margen de mejora. Por ejemplo, consideramos que el regulador se beneficiaría de una cobertura más amplia del sistema financiero y de una supervisión más estricta a las instituciones financieras no bancarias (IFNB), incluyendo a aquellas que no solo emiten deuda en el mercado interno, aunado a un enfoque en la prevención del fraude”. Para S&P Global Ratings el sistema bancario mexicano sigue sumamente concentrado y las barreras de entrada son altas. En suma, la calificadora sentenció: “La tendencia del riesgo de la industria en México se mantiene estable. En nuestra opinión, la industria bancaria mexicana se beneficia de una dinámica competitiva sana, y no esperamos que esto cambie en el largo plazo. “Sin embargo, si las tendencias cambian --como establecer límites regulatorios en las tasas de crédito, o préstamos dirigidos, o un mayor uso de bancos del gobierno a través de prácticas crediticias relajadas, o una relajación del marco regulatorio bancario, aumentaría el riesgo de la industria”.