CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los jueces federales han sido desplazados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Viven su peor momento de representación desde que se definió el actual modelo de integración del máximo tribunal, hace casi un cuarto de siglo. En la mayoría de los países, las designaciones de los jueces del máximo tribunal son nombramientos políticos. Pero en México, los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador han condenado al Poder Judicial de la Federación a un problema de representación, por lo menos en el mediano plazo. La llegada de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el órgano de control de los jueces federales, representa el desplazamiento formal de los jueces de carrera del control del Tercer Poder. Cuando el presidente Ernesto Zedillo aprovechó el receso judicial de diciembre de 1994 para reformar la Constitución, reconfiguró el PJF para que cumpliera con su función de equilibrio de los tres poderes. Clave para esta tarea han sido las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, creadas también entonces. La reforma redujo de 26 a 11 los ministros de la SCJN y estableció retiros escalonados para que sus sustitutos fueran designados por periodos de 15 años. La reforma también creó el CJF, que dejó en manos de quien ocupara la presidencia de la Corte y con una composición de siete integrantes; tres de los cuales deben ser del Poder Judicial, dos del Senado y dos de la Presidencia de la República. Zedillo y el Senado designaron entonces a nueve ministros de carrera en la justicia federal y dos externos: a un notario y exdiputado del PAN, Salvador Aguirre Anguiano, y a una notaria y magistrada del Tribunal del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal, Olga Sánchez Cordero, ahora secretaria de Gobernación del gobierno de López Obrador. Con la renovación en la Corte, los distintos gobiernos han interferido en la justicia constitucional y, de plano, han propiciado una contrarreforma por vía de los hechos, por lo que hace a la integración de la Corte y ahora del CJF. La proporción ahora es contraria a la carrera judicial. De los 10 ministros que tiene ahora el pleno, seis son externos, lo que facilitó la llegada del ministro Zaldívar a la máxima representación del PJF, adonde arribó desde la práctica de abogado corporativo, aunque con credenciales académicas como constitucionalista. La próxima ministra, que saldrá de la terna propuesta por López Obrador, con el aval de un Senado obsequioso, también será externa a la carrera judicial federal, pero con nula práctica del derecho constitucional. No será la primera. Varios de los actuales ministros, como los propuestos por Peña Nieto -Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Eduardo Media Mora y Jaime Laynez Potiseck- no tenían ni siquiera experiencia como jueces. En el CJF ahora cuatro de los siete consejeros no pertenecen a la carrera judicial federal, a pesar de ser el organismo que decide sobre el gobierno de los juzgados y tribunales federales. Los gobiernos del PAN, del PRI y ahora de Morena han ido conformando una Corte cada vez más a modo del Ejecutivo. Todos cortados con la misma tijera para obstaculizar el equilibrio de poderes. @jorgecarrascoa