MONTERREY, NL. (apro).- El Congreso de Nuevo León aprobó hoy, en comisiones, reformas a la Constitución Política del Estado para proteger la vida desde el momento de la concepción, lo que ocasionó una manifestación de rechazo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que argumentó que esta decisión se desapega de tratados internacionales firmados por México. Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la legislatura nuevoleonesa se pronunciaron con 7 votos a favor, 4 abstenciones y cero en contra, para reformar el Artículo 1 de la legislación local, impulsado por el PAN, que señala que “el Estado reconoce, protege, tutela el derecho a la vida que todo ser humano tiene desde el momento de la concepción”. “Entra bajo la protección de la ley, y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes, de responsabilidad previstas en el Código Penal para el estado de Nuevo León”. Se espera que el dictamen sea presentado en el pleno del Congreso estatal este miércoles o la próxima semana. Activistas presentes en el desarrollo de la sesión se pronunciaron en contra del dictamen. Liz Sánchez, director de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) explicó que esta determinación afecta a las mujeres que deciden finalizar sus embarazos. “Lo que se está poniendo aquí es una exposición a las mujeres para criminalizarlas por el hecho de interrumpir el embarazo, yo creo que ustedes saben que en el Código Penal ya hay causales que permiten la interrupción legal del embarazo”, señaló. Por su parte, la CEDH emitió un comunicado en el que señaló que el dictamen de la Comisión votado en el Congreso de Nuevo León es incompatible con parámetros de derechos humanos, establecidos en tratados que suscribió el Estado mexicano, en particular con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que considera improcedente otorgar estatus de persona al embrión. “La aprobación de este dictamen representaría limitar, entre otros, los derechos al libre desarrollo de la personalidad, el principio de autonomía de las personas, y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a las que se les excluiría de tener la posibilidad de utilizar métodos anticonceptivos susceptibles de tener efectos antiimplantatorios, poniéndolas en riesgo de ser sancionadas penalmente por su uso”, señala la Comisión Estatal. Considera que esta reforma restringe el derecho de las mujeres, al señalar que son solamente medio o lugar para desarrollo del embrión, como si fueran solo un accesorio del producto que se gesta, además de que obstaculiza el desarrollo normativo en el estado sobre la interrupción legal del embarazo y voluntad anticipada. “En este sentido, la Comisión Estatal de Derechos Humanos hace un llamado urgente al Congreso del Estado a no aprobar el dictamen referido, y en su caso pondere que el texto del párrafo que se pretende adicionar contradice nuestra Carta Magna y los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte”, concluye el pronunciamiento.