Familiares de víctimas de feminicidio piden reunión con Del Mazo

Madres de víctimas de feminicidio y desaparición durante la conferencia de prensa. Foto: Tomada de Twitter @OCNF Madres de víctimas de feminicidio y desaparición durante la conferencia de prensa. Foto: Tomada de Twitter @OCNF

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de víctimas de feminicidio y desaparición denunciaron omisiones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y solicitaron una reunión con el gobernador Alfredo del Mazo para presentarle el Dictamen Ciudadano que evalúa las acciones estatales para la implementación de las recomendaciones de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG).

En marco del Día Internacional de las Mujeres, a conmemorarse el 8 de marzo, expresaron que hasta la fecha no existe una política pública y criminal clara para prevenir y sancionar la violencia feminicida, pese a que la Declaratoria de AVG fue emitida hace cuatro años, lo que pone en riesgo la vida e integridad de mujeres, niñas y adolescentes.

De acuerdo con información de la Fiscalía del Estado, recibida por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), en 2018 se cometieron 119 feminicidios en la entidad y 3 mil 589 desapariciones de mujeres, de las cuales 2 mil 592 fueron localizadas y 946, es decir, el 26%, siguen sin ser localizadas.

De la mano del OCNF, solicitaron al actual gobernador del Estado de México, que impulse acciones que impacten positivamente en el contexto de violencia que viven las mujeres en esa región.

Para lo cual, indicaron, es necesario que se establezca un mecanismo de coordinación a fin de dar a conocer los resultados de las acciones que se realizan para la atención, prevención y seguridad de las mujeres en situación de violencia feminicida.

Además, urgieron al gobernador garantizar de manera efectiva el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia, por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a fin de erradicar la obstrucción de justicia y la revictimización de las familias.

Recordaron que la propia Secretaría de Gobernación ha catalogado a la entidad como un estado que vive un contexto criminal, por lo que las acciones deben ser urgentes y efectivas.

Destacaron que de 2015 a 2018 en el Estado de México fueron asesinadas un total de 252 niñas menores de 17 años de edad, una de las entidades donde más  feminicidios infantiles se cometen, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Señalaron que ni el estado de México, ni la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), encargadas de la AVG, han podido continuar y evaluar los protocolos de feminicidio y desaparición.

Denunciaron que pese a la sentencia histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso de Mariana Lima Buendía, y de Campo Algodonero, estos estándares no han sido aplicados en los casos de desaparición de mujeres y niñas.

Asimismo, sostuvieron que  los mecanismos creados para la coordinación entre los gobiernos estatales y municipales en el período de Eruviel Ávila no entregaron resultados y la actual administración no ha generado un plan de seguimiento a las medidas de AVG en materia de prevención y seguridad.

Los familiares de víctimas, defensoras de los derechos de las mujeres y organizaciones peticionarias de la AVG mostraron su preocupación por el vacío generado por el cambio de gobierno para dar continuidad a las acciones de la Alerta, avalado por la omisión y negligencia de la CONAVIM.

Organismo, al que señalaron por gastar los recursos “en diagnósticos que pretenden cuestionar el mecanismo, en lugar de evaluar el impacto de sus recomendaciones, para orientar la política pública y criminal”.

Víctimas y organizaciones hicieron un llamado para que las autoridades eviten continuar postergando la deuda histórica que tiene con las mujeres mexiquenses.

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