CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Aunque para muchos creadores y emprendedores de las artes visuales sea difícil entenderlo, es un acierto que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya decidido suspender las donaciones gubernamentales para organizaciones de la sociedad civil que manifiestan tener como vocación el fomento del arte. Considerado en el imaginario colectivo como un territorio en el que no existen ni ambiciones económicas ni discrecionalidades ni grandes presupuestos ni relaciones de poder, el sector cultura es tan ordinario, ambicioso, derrochador, irresponsable y perverso como cualquier otro. Y si existe alguna duda, basta con repasar dos informaciones –una gubernamental y otra periodística– que se dieron a conocer la semana pasada entre el 20 y el 25 de febrero. En el contexto gubernamental, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al publicar la tercera entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, incluyó una Auditoría de cumplimiento Financiero a la Secretaría de Cultura (SC) en la que se fiscalizaron los “Donativos a Instituciones sin fines de lucro”, con el objetivo de verificar que los recursos entregados hubieran sido “debidamente justificados y comprobados de conformidad con la normativa”.  Con un presupuesto ejercido de 775 millones 586 mil 800 pesos y un monto revisado de 682 millones 886 mil 800 pesos, la auditoría dictaminó que la SC no cumplió con las “disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”, entre cuyos aspectos destacan la ausencia de mecanismos de control en el otorgamiento, aplicación, supervisión y comprobación de los recursos que motivaron irregularidades en la ejecución de 34 proyectos.  Sin omitir nombres ni de proyectos ni de titulares, el portal www.mexico.com publicó los pasados 20 y 21 de febrero un reportaje de Saúl Hernández en el que se informa sobre las donaciones que otorgó el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto a distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Al margen de haber dado más de 8 mil millones de pesos a mil 373 organizaciones, entre las 10 principales se encuentra un emprendimiento de proyectos de arte denominada Puerto Cultura AC. Iniciada en noviembre de 2013 por Sergio Raúl Arroyo –director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de 2000 a 2006 y de diciembre 2012 a julio 2013–, en sociedad con Eduardo Vázquez –secretario de Cultura de la CDMX de 2014 a 2018–, Puerto Cultura gozó desde sus inicios del apoyo del entonces presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Rafael Tovar y de Teresa (1954-2016).  Beneficiado desde el segundo mes de su fundación con 6 millones 900 mil pesos que le donó Rafael Tovar y de Teresa como presidente del Conaculta, Puerto Cultura obtuvo entre 2013 y 2018, con base en lo que señala Hernández, 91 millones 779 mil pesos. Encargado, como Puerto Cultura, de coordinar la muestra Constitución Mexicana 1917-2017. Imágenes y voces, que se presentó en el Palacio Nacional en 2017 –con la co-curaduría de José Luis Barrios–, Sergio Raúl Arroyo confirma la urgencia de acabar tanto con las donaciones gubernamentales como con la complicidad tribal del sector artístico: en 2015, el Conaculta le pagó, al margen de Puerto Cultura, 608 mil 391 pesos por un proyecto museístico y, en 2014, Eduardo Vázquez permitió que coordinara la exposición El exilio español en la Ciudad de México. El legado cultural, aun cuando Vázquez era socio de Arroyo en la asociación civil Puerto Cultura.  ¿No sería más conveniente aprovechar los equipos curatoriales de los museos y crear nuevos empleos?  Este texto se publicó el 3 de marzo de 2019 en la edición 2209 de la revista Proceso.