QUITO, Ecuador (apro).- El tema se conoció en 2015, cuando a Lenín Moreno ya se le consideraba, según todas las encuestas, seguro ganador de las elecciones presidenciales de Ecuador en febrero de 2017; su popularidad crecía pese a haber abandonado dos años antes la Vicepresidencia y el país. En diciembre de ese 2015, María Auxiliadora Patiño cometió un error al pagar directamente con dinero de la cuenta muebles finos y otros artículos de lujo comprados en Ginebra para Rocío González, la esposa de Moreno, actual presidente de Ecuador. Ahora hay una demanda para una investigación fiscal en Quito y para una penal en Madrid, interpuestas el 25 de febrero. Los denunciantes son legisladores de los movimientos políticos Revolución Ciudadana, en Ecuador, y Podemos, en España. Las acusaciones van desde lavado de activos hasta tenencia de cuentas en paraísos fiscales, delito sancionado en Ecuador tras una consulta popular en febrero de 2017, que aprobó mayoritariamente que ningún funcionario público puede contar con las denominadas offshore. La noche del 26 de febrero Moreno salió a rebatir las acusaciones, negando su responsabilidad en la compra de un departamento en Alicante, los muebles de lujo que habría usado en su estancia en Ginebra, cuando fue delegado de la ONU para la atención de personas con discapacidad, y ciertas prendas costosas de su esposa. “No tengo ni he tenido departamentos fuera del país porque no está en mis planes fugarme. Aquí está mi familia, mis nietos”, señaló en su alocución en radio y televisión nacionales. El escándalo se amplificó en las redes sociales y en algunos portales, pero no en los principales medios ecuatorianos, que ahora parecen aliados del gobierno. La denuncia penal está sustentada en cientos de documentos (que incluyen correos electrónicos, facturas de pagos y algunos mensajes de telefonía celular) donde se identifican transacciones por millones de dólares de comisiones de varias corporaciones supuestamente para el círculo cercando de Moreno, incluidos su esposa, su hermano Edwin Moreno Garcés, el consejero presidencial Santiago Cuesta y su íntimo amigo Conto Patiño, conocido comerciante de armas. En esos documentos aparecen también los nombres de Xavier Macías Carmigniani y de su esposa, María Auxiliadora Patiño, hija de Conto Patiño. La ruta del dinero En una vasta documentación que incluye además depósitos, transferencias y recibos, aparece también la emisión de una tarjeta de crédito para la adquisición de artículos de lujo e incluso la dirección de un departamento en España, a orillas del Mediterráneo, supuestamente para uso vacacional de la familia presidencial. En la documentación de la denuncia hay transferencias de la cuenta de INA Corporation, en el Balboa Bank de Panamá, por 19 mil 342 dólares para la compra de muebles en Moinat S. A. Antiquities, en Suiza. Los muebles fueron al departamento de Moreno en Ginebra cuando se desempeñaba como enviado especial de la ONU. También hay transferencias por 133 mil 400 euros a una cuenta del Banco Santander a nombre del ciudadano español Emilio Torres Copado, para la compra de un apartamento en Villajoyosa, Alicante. En España se inició la investigación por lavado de activos porque ese departamento estaría valuado en casi medio millón de euros. Txema Guijarro García, diputado por Podemos y a nombre del grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos, solicita al gobierno español constatar “si hay algún vínculo o relación entre Emilio Torres, la persona que supuestamente adquirió el apartamento, con el actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno”. Además pregunta: “¿Qué conocimiento tiene el gobierno (español) sobre la presunta vinculación del presidente ecuatoriano Lenín Moreno con empresas offshore para adquirir hace tres años un apartamento en el municipio alicantino de la Villajoyosa, por un importe de 133 mil 400 euros, presumiblemente una cuarta parte de su valor real?” La pregunta la hizo el lunes 4, tomando en cuenta que ya se habría hecho una denuncia formal el 25 de febrero en Madrid, “por los delitos de cohecho, organización delictiva, fraude fiscal y blanqueo de capitales”. En la denuncia en Ecuador y la réplica en España se destaca que el rastro del dinero también conduce a los hermanos Edwin y Lenín Moreno, mediante los servicios internacionales de una empresa identificada con las siglas MAVCCO y una compañía petrolera, Sertectep, propiedad de Eduardo López, amigo de los hermanos Moreno. Al parecer, las comisiones en efectivo se habrían depositado en varias cuentas ubicadas en paraísos fiscales, que luego fueron colocadas en la cuenta de INA Investment, “desde la cual se financió el lujoso estilo de vida de la familia Moreno en Europa así como viajes por todo el mundo”, explica a Proceso Ronny Aleaga, asambleísta por Revolución Ciudadana. El 25 de febrero Aleaga presentó las dos primeras acusaciones formales ante la española Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, así como ante la Agencia Estatal de Impuestos. En ambos casos las acusaciones implican a Moreno y a su familia en la compra del apartamento en Villajoyosa, vendido por 133 mil 400 euros por Emilio Torres. A su regreso a Ecuador, la conferencia de prensa de Aleaga fue interrumpida por un grupo de agresores presuntamente vinculados con el expresidente Abdalá Bucaram, ahora aliado de Moreno. Lanzaron huevos a su vehículo y no dejaron pasar a los periodistas al hotel Ramada, de Guayaquil, donde se celebraría la reunión con medios. Las denuncias del legislador ecuatoriano apuntan a que INA Investment Corporation es una empresa bautizada a partir de las tres últimas letras de los nombres de las hijas de Moreno: Irina, Karina y Cristina. Esta compañía offshore fue creada en Belice a principios de marzo de 2012 y se disolvió el 18 de marzo de 2016. Uno de sus accionistas principales fue el hermano del presidente, Edwin Moreno Garcés. INA Corporation abrió la cuenta número 100-4-1071378 en el Balboa Bank en Panamá, que, como muestran los documentos, fue utilizada por Xavier Macías para administrar transferencias y pagos a terceros, manteniendo la misma lógica de otras cuentas, hasta que pasen a manos de sus verdaderos dueños, para el uso directo de sus propietarios y beneficiarios. En marzo de 2015 Edwin Moreno solicitó que se retirara su nombre de la empresa en favor de María Auxiliadora Patiño, esposa de Xavier Macías Carmigniani. De la denuncia presentada en la Fiscalía General del Estado de Ecuador se desprende que en 2009, como vicepresidente, Moreno habría facilitado “acercamientos comerciales” para su amigo Xavier Macías Carmigniani, de lo cual se concretaron varios contratos para la empresa estatal china Sinohydro en Ecuador. En la misma denuncia se explica que en ese entonces Moreno habría enviado a Macías Carmigniani a reunirse, en su nombre, con corporaciones extranjeras para actuar como el “cabildero”, quien luego recibiría una “comisión” de la correspondiente corporación, una parte de la cual se pagaría posteriormente al vicepresidente Moreno, a través de la empresa INA Investment Corporation, ya creada por su hermano. Asimismo se subraya que con el apoyo de su suegro, Conto Patiño, Macías sirvió de enlace entre las empresas chinas, los empresarios ecuatorianos y Lenín Moreno, para recibir y administrar unas comisiones ilegales por alrededor de 20 millones de dólares. El propio Patiño recibió 18 millones de dólares como una comisión de Sinohydro, la cual nunca declaró a las autoridades fiscales ecuatorianas y que trató de ocultar en una cuenta secreta en Panamá. Esto ya fue detectado por el Servicio de Rentas Internos de Ecuador en el gobierno de Rafael Correa. Las investigaciones se iniciaron en marzo de 2015, lo que habría obligado a Edwin Moreno a solicitar eliminar su nombre y su registro de la lista de accionistas de INA Investment. Según los correos electrónicos, que constan en la denuncia puesta en la Fiscalía, Macías “presionó” para la adjudicación del contrato de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, de aproximadamente 2 mil 800 millones de dólares, la obra de infraestructura pública más grande en la historia de Ecuador. En uno de esos correos, de diciembre de 2015, se verificaría que Moreno, ya como seguro candidato presidencial, prometió a Macías el contrato para la construcción de la planta Zamora 3000 MW. Esta promesa se habría hecho durante un viaje a Europa, junto con María Patiño y Rocío González. En otras pruebas judiciales, planteadas por el legislador Aleaga y algunas publicaciones del portal La Fuente, donde se incluyen mensajes de Telegram durante 2016, Macías reclama la demora de seis meses en el pago de “comisiones” (sobornos) desde agosto y septiembre, y de que Lenín Moreno, quien entonces vivía en Ginebra, se quejó de que Sinohydro no cumplía con los acuerdos previamente establecidos. En uno de esos mensajes, Macías consulta al asistente del gerente de Sinohydro, Hu Ning, sobre la financiación de las viviendas que Moreno quería ofrecer como parte de su gestión ya en la Presidencia de Ecuador. El monto obtenido de Sinohydro habría sido de 200 mil dólares. En su respuesta, Hu Ning agradece a Macías por el apoyo recibido y añade que, respecto a los planes para la construcción de casas, la financiación se dará “con el progreso económico del negocio”, es decir, sobre la base de los contratos prometidos si Moreno ganaba las elecciones presidenciales. El análisis de los correos electrónicos, así como los mensajes de Telegram y WhatsApp, según Aleaga y otros analistas de temas de esta naturaleza, probarían que la pareja Macías-Patiño administraba los activos de la familia Moreno, y que proporcionan la cobertura para ocultar los pagos por los contratos al actual presidente. Apunta a Correa La presencia de Moreno en cadena nacional de radio y televisión la noche del 26 de febrero sorprendió a los televidentes de los canales tradicionales, porque en sus noticieros la denuncia de Aleaga nunca apareció. Y al mismo tiempo, tres de sus más cercanos colaboradores dieron una conferencia de prensa para aclarar el tema a unos medios que no habían publicado la denuncia del legislador de Revolución Ciudadana. Esa noche Moreno negó cualquier irregularidad y se defendió señalando que “atacaron su honor y el de su familia, con una serie de datos que no tienen nada que ver conmigo”. Y al mismo tiempo destacó: “Todo esto está organizado premeditadamente, dentro de una estrategia de desestabilización del país, maquinada por un expresidente prófugo, causante de la mayor debacle moral, económica y social que haya vivido Ecuador”, en alusión a Correa, sin mencionarlo nunca por su nombre. “Ustedes saben a qué me refiero, ustedes comparten este valor, porque así somos los ecuatorianos… Ustedes ya me conocen y han visto cómo actúo, procuro la armonía y la paz. Mi único enfrentamiento es con la mentira, con la corrupción, con la pobreza”. Y pese a que ya esa noche se conocía de la denuncia puesta en la Fiscalía, Moreno exigió: “Las personas que crean tener algún elemento acusatorio o probatorio, deben presentarlo, en forma sustentada, ante las autoridades pertinentes”. Moreno explicó que “una vez acabada mi misión (de la ONU en Ginebra) cerré mis cuentas reglamentariamente y entregué mi informe contable tanto a Cancillería, como a Ban Ki Moon, secretario general de la ONU”. Pero antes dijo que “como cualquier diplomático tiene en el país en el que reside temporalmente, tuve cuentas bancarias en Suiza, mientras me desempeñé como enviado especial de las Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad”. El actual presidente de Ecuador concluyó su misión en Ginebra en noviembre de 2016 para presentarse a las elecciones generales de febrero de 2017. Al arrancar su mensaje, mostró su declaración juramentada, mas no el certificado, de no tener cuentas offshore. El reclamo de sus denunciantes fue que una declaración no hacía verificable la posesión de cuentas por parte de testaferros, en su caso, como dijo Aleaga, de su hermano Edwin. Frente a esta situación, desde distintos sectores políticos han solicitado abrir una investigación legislativa, paralela a la judicial. El pedido ha llegado desde los legisladores del partido de derecha CREO y de la misma bancada de la Revolución Ciudadana. De dar paso a este pedido, el riesgo de un juicio político dependería de la correlación de fuerzas, que este momento no les es desfavorable a Moreno y su bloque de asambleístas: de 137 votos, se requieren las dos terceras partes, más de 90. De acuerdo a los pronunciamientos, hasta el cierre de la edición, no se alcanzaría esa cifra. Sin embargo, según todas las encuestas Lenín Moreno tiene un caída considerable en popularidad, credibilidad y calificación de gestión: en promedio tiene calificaciones positivas de entre 23% y 26%. Las negativas sobrepasan ya 70%, con perspectivas de seguir cayendo. A esto concurren dos hechos que han generado malestar: la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que implica varios ajustes en la gestión económica, y el despido de diez mil funcionarios públicos el viernes 1, en vísperas del feriado de carnaval, que desató la furia en las redes sociales y las manifestaciones del miércoles 6. Además, varios analistas y enfoques editoriales hacen eco de un rumor que va en ascenso, según el cual Moreno tendría previsto renunciar después de las elecciones municipales del domingo 24, con la excusa de que debe someterse a una cirugía de columna, por una lesión que lo mantiene en silla de ruedas; en ese caso lo sucedería su actual vicepresidente, el derechista Otto Sonnenholzner, vinculado a los grupos empresariales de Guayaquil. De cualquier modo, el análisis editorial y político se sustenta en que estando al frente del gobierno, con tan baja popularidad y credibilidad, a Moreno le será difícil sostener el plan de ajuste impuesto por el FMI en casi todos los países de la región, como ya ocurre en Argentina. Mucho más cuando en Ecuador ya es “tradición” botar presidentes, como sucedió en 1996, 2000 y 2005, con Abadalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.